Interior admite a Llarena que sólo activó «recursos extraordinarios» tras la fuga de Puigdemont

Iuri Pereira

Madrid

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13/08/2024
Actualizado a las 19:39h.

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El Ministerio del Interior ha descargado la responsabilidad de la segunda fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont en los Mossos d’Esquadra y lo ha hecho por escrito a requerimiento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ante la desaparición del líder de Junts delante de 3.500 fieles que asistieron a su reaparición pública el pasado jueves en Barcelona, había pedido explicaciones al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Su respuesta ha sido un informe en el que asegura que Interior ofreció a los Mossos «cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil que precisase», pero el Cuerpo autonómico no requirió «tales apoyos más allá de los habituales», prestados a través de la mesa de coordinación operativa y «de intercambio de información e inteligencia». Dice, además, que sólo se activaron los «recursos operativos y de inteligencia extraordinarios» de ambos Cuerpos «una vez conocida la fuga de Puigdemont».

Según comunicó Interior, el informe remitido al Supremo recoge que los Mossos d’Esquadra informaron al ministerio del diseño de su «dispositivo específico y especial» para proceder a la detención del ‘expresident’ «una vez fuese localizado». Un dispositivo en el que no participaron agentes de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil porque no fueron requeridos y que, tras la fuga a vista de todos, evidenció fallas en su ejecución y planificación.

Pese a que el Interior aseguró ayer que la detención de Puigdemont «ha sido, es y será un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales», ambos Cuerpos tampoco realizaron operativos «paralelos» para detener al prófugo ante «la competencia y capacidades operativas de los Mossos d’Esquadra como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa». Ellos se encargarían del dispositivo de seguridad del Parlament y de la detención.

Sabedor de esta situación, el juez Llarena pedía en concreto explicaciones a Interior sobre las órdenes que se hubieran impartido para interceptar a Puigdemont en las fronteras. Sobre este punto, el informe señala que «no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo» en los pasos hacia Francia, lugar por donde previsiblemente entró y volvió a salir. En todo caso, recuerda que el restablecimiento de controles fronterizos en el espacio común europeo, Schengen, requiere de una «amenaza grave para el orden público» y «no está previsto para supuestos» como este.

Una vez se constató la fuga, cuenta Interior en su informe, se impartieron «instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña», para que «se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos para localizar y proceder a la detención del expresident». «Se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña y dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo responsabilidad de los Mossos», dice.

Esos controles se mantuvieron activados «desde los días previos al 8 de agosto», aunque el informe no precisa el momento exacto en que se estableció el refuerzo de la vigilancia. Sólo aclara que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron «hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto».

Esclarecer este extremo, el día y hora del inicio, es clave para valorar la eficacia del dispositivo. Según Jordi Turull, secretario general de Junts, Puigdemont llevaba en España, al menos, desde ese martes, cuando cenó con él en Barcelona.