La Fiscalía Europea reclama informes al juez del caso Koldo

La providencia, a la que tuvo acceso ABC, está fechada el pasado lunes y trae cuenta de la reclamación que hace unos meses cursó la Fiscalía Europea al juzgado. El instructor accede a su petición y especifica que se les entrega la documentación «toda vez que se ha levantado el secreto de las actuaciones», lo que ocurrió la semana pasada.

Fue por Anticorrupción como el organismo europeo tuvo conocimiento de este asunto. El pasado mes de junio, la Fiscalía Especial que dirige Alejandro Luzón emitió un decreto poniendo en conocimiento de los fiscales delegados posibles irregularidades en una batería de contratos de compra de mascarillas suscritos por los gobiernos de Canarias y Baleares en el año 2020, cuando en ambas administraciones gobernaba el Partido Socialista.

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En el primer caso y bajo presidencia de Ángel Víctor Torres, -ahora ministro de Política Territorial-, el Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a Soluciones de Gestión por un importe total de 12,5 millones de euros. En el caso de Baleares, la administración que gobernaba Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, les compró 3,7 millones de euros en mascarillas que además resultaron ser defectuosas, aunque hasta tres años después de haberlas recibido el Govern no cursó reclamación para intentar recuperar los fondos.

Anticorrupción, que estaba investigando una denuncia del PP de Madrid por tráfico de influencias y cohecho en las adjudicaciones a esa empresa instrumental, constató al analizar los expedientes que las mascarillas de ambas comunidades autónomas fueron sufragadas con fondos europeos. En estos casos, la normativa impone la obligación de dar traslado a la Fiscalía Europea y así se hizo.

El decreto se emitió el 8 de junio y adjuntaba los expedientes y un informe detallado de los hallazgos que Anticorrupción manejaba hasta esa fecha, según informan a ABC en fuentes conocedoras. Desde entonces, la Fiscalía Europea ha venido investigando los contratos de Canarias y Baleares en favor de Soluciones de Gestión y, en este contexto, pidió más información a la Audiencia Nacional: las diligencias de Anticorrupción se judicializaron el pasado septiembre, tres meses después de dar aviso a la Fiscalía Europea y tras año y medio de investigación sobre las relaciones de Koldo García con los empresarios que recibieron las adjudicaciones y con los responsables de contratación dentro del Ministerio de Transportes.

Coexisten así dos líneas de investigación paralelas aunque tengan como elemento en común la empresa Soluciones de Gestión y la sospecha, plasmada en la investigación de Anticorrupción, de que accedieron a contratos públicos gracias a influencias desplegadas por Koldo García dentro del Ministerio de Transportes.

La querella se ciñe exclusivamente a los contratos adjudicados por Puertos del Estado, ADIF y el Ministerio del Interior, mientras los firmados en Canarias y Baleares quedan extramuros por ser competencia de la Fiscalía Europea. No obstante, en los que analiza Anticorrupción no se han hallado indicios de malversación de fondos públicos, ya que no han aflorado irregularidades en los contratos en sí, sino en el modo en que la empresa se hizo con ellos y en la gestión posterior de los beneficios, que se calculan en 15 millones.

En paralelo, la Comisión Europea encargó ayer a la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) que analice los datos disponibles sobre el caso Koldo por la posible afectación de presupuesto comunitario, si bien se trata de un órgano administrativo cuya actividad se paraliza en cuanto el asunto se judicializa y aquí está investigado por partida doble: en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Europea.

Entre tanto, la investigación sigue avanzando. La querella inicial se dirigía contra siete personas de las que una no fue detenida. Se trata de Juan Carlos Cueto, el empresario que, según Anticorrupción, controlaba en la sombra Soluciones de Gestión y era «colaborador habitual» de Víctor de Aldama.

Cueto, que está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional y afronta 50 años de cárcel por delitos de corrupción en Angola, se encontraba fuera de España cuando la Guardia Civil practicó una veintena de detenciones la semana pasada.

Este lunes regresó al país, como tenía previsto, y el juez le ha citado a comparecer este miércoles en calidad de imputado por los contratos de mascarillas y afrontar después una vista de medidas cautelares.