Ceses «arbitrarios» en la legación española por no tener los permisos en regla

Ya les habían puesto sobreaviso: Estados Unidos cambiaba su política de visados y el personal afectado solo podría conservar su cargo en caso de puestos de especial interés para la misión diplomática o si acreditaban determinadas circunstancias personales, previa petición de la Embajada.

Unos se salvaron y otros no. «No se siguieron criterios objetivos, fueron arbitrarios y discriminatorios», aseguran distintas fuentes diplomáticas consultadas por ABC.

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Ana I. Sánchez

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Entre las personas que se quedaron sin empleo, profesionales que habían accedido a sus puestos por oposición y que tras años de trabajo en la Embajada, tuvieron que abandonar Estados Unidos. Algunos tenían casas compradas, hijos que tuvieron que dejar los colegios en los que estudiaban con el curso empezado.

También personas con enfermedades graves que por aquellas fechas estaban de baja y a los que la representación diplomática española no dio ninguna salida. Ninguno fue considerado apto para las excepciones previstas.

«Se procederá a la liquidación correspondiente a la paga extraordinaria y a las vacaciones pendientes de disfrutar», se puede leer en la comunicación de finalización de contrato y que forma parte de la documentación a la que ha tenido acceso ABC. Nada de indemnizaciones. Tampoco les reubicaron en otros puestos dentro del territorio español. En la Seguridad Social se justificó la extinción del contrato «por causa justa».

Se da la circunstancia de que una de las plazas que quedó libre en la Embajada tras los ceses fue la de auxiliar administrativo de la Magistratura de enlace de España en Washington y que actualmente ocupa Alberto Hernández Campa, marido de la socialista Carmen Montón, que es embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede también en Washington.

Ya en España algunos de los afectados han iniciado una ofensiva judicial en los tribunales por despido nulo o improcedente. Algunos juicios ya se han celebrado. Y hasta el momento, en ellos, los ministerios para los que los trabajadores prestaban servicios en la Embajada de España en EE.UU.- representados por la abogacía del Estado- han defendido que la extinción del contrato fue por «causas ajenas» y por tanto es «conforme a derecho».

Para ello, se han agarrado a la legislación americana y a la figura del 'at will', que permite a las empresas poner fin a una relación laboral con motivo o sin él. «El derecho americano se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad, por lo que rige el despido libre» y cuando finaliza el contrato, salvo que se pacte, «no hay derecho a indemnización», recoge un informe de la Embajada de España en Washington de febrero de este año, aportado a la Justicia.

No obstante, para los jueces, «no rige tan claramente» el principio del despido libre, teniendo en cuenta que ambas partes pactaron un contrato indefinido, con compromiso de estabilidad de empleo hasta la jubilación.

Hasta el momento, los tribunales han mostrado disparidad de criterios. En algunos casos han estimado las demandas y declarado los despidos improcedentes; en otros, todo lo contrario, al entender que la Embajada «desplegó toda la diligencia que le era exigible para tratar de prorrogar» los visados; y al menos en uno, el juez ha remitido al afectado a la jurisdicción estadounidense.

En los dos últimos casos, los demandantes ya han recurrido. Exigen que se les aplique la legislación española y se reconozca que sus despidos fueron improcedentes.