Bolaños, vicepresidente de facto para la amnistía y el control de Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Bolaños se convertirá en un ministro con superpoderes para controlar todo cuanto acontezca en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que en última instancia tendrá que aplicar esa ley del olvido en cada una de las causas abiertas relacionadas con el órdago secesionista del 1-O.

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No hay duda de que las más que probables cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales que los jueces presenten ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea supondrán más de un quebradero de cabeza al Ejecutivo y, en este sentido, puede resultar valiosa una vía de comunicación abierta con el Constitucional (TC) como la que tiene Bolaños con su exsubordinada y hoy magistrada del órgano de garantías Laura Díez y con el exministro del ramo Juan Carlos Campo, con quien trabajó codo con codo en los indultos del 'procés'. La vía de Europa ya la tiene explorada, la última vez hace dos semanas, cuando, a la invitación de Reynders para que le explicara el contenido de la ley de amnistía, cuya paternidad se le atribuye, renegó de la criatura indicándole al comisario de Justicia que la norma se tramitaba como proposición de ley y que, por tanto, esas explicaciones correspondían a los grupos parlamentarios y no al Gobierno.

Bien es verdad que también es responsabilidad de los grupos parlamentarios la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace cinco años y, sin embargo, es Bolaños quien ha dirigido esas negociaciones con el PP, las últimas hace un año: con el acuerdo ya muy avanzado, los populares las dieron por rotas tras constatar que a sus espaldas el Gobierno negociaba con los independentistas la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y creo un tipo penal 'ad hoc' de malversación.

No va a ser la renovación del CGPJ una empresa fácil, sobre todo por la oposición del ministro a seguir las indicaciones de la UE para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por la propia carrera. «No es propio de una democracia plena», llegó a decir Bolaños, enmendando la plana a la Comisión Europea y al Consejo de Europa, cuyos informes sobre el Estado de derecho en España vienen haciendo hincapié año tras año en la necesidad de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.

De puertas para dentro, tampoco se puede decir que Bolaños vaya a ser bien recibido dentro del propio CGPJ, teniendo en cuenta que ha sido protagonista de varios encontronazos con los vocales del sector conservador que conforman la mayoría de este órgano. Les llamó con ironía «servidores públicos ejemplares» cuando se retrasaron al nombrar a los dos magistrados del TC que, junto con los dos del Gobierno, darían la vuelta a la mayoría en el Tribunal dejando la presidencia en manos de Cándido Conde-Pumpido.

Fue precisamente la reforma que Bolaños ideó para conseguir el control exprés del TC -que pasaba por la rebaja de las mayorías en el CGPJ-uno de sus fracasos más sonados, pues las llamadas «enmiendas trampa» fueron paralizadas por el Constitucional por atentar contra la separación de poderes. El otro resbalón del ministro fue no ser suficientemente diligente en la seguridad de las comunicaciones de Sánchez, cuyo móvil acabó infectado por Pegasus.

Con el control de la amnistía y la renovación del CGPJ, a lo que hay que sumar sus responsabilidades en el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, no parece que a Bolaños le vaya a quedar mucho tiempo para tratar los «asuntos domésticos» del departamento, donde se encontrará con la oposición de los funcionarios, pendientes de una subida salarial como la lograda por jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. También con el compromiso asumido por la anterior ministra de continuar con las reuniones de la mesa de retribuciones de las carreras judicial y fiscal. Respecto a esta última será clave la relación que tenga con el nuevo fiscal general, puesto para el que podría volver a ser nombrado Álvaro García Ortiz, habida cuenta de su silencio respecto al 'lawfare'.