Menos de un 10% de los casi tres millones de parados en España realiza cursos de formación

El acuerdo de legislatura suscrito entre PSOE y Sumar apunta a esta circunstancia en una de las medidas pactadas en materia laboral. Concretamente, la que aborda la necesidad de establecer un plan para favorecer la reinserción de los parados, especialmente mayores de 45 años, mediante el cual se pretende realizar un perfilado para ajustar a cada individuo tanto la oferta de puestos de trabajo como la de formaciones que mejoren y amplíen sus opciones de encontrar un puesto de trabajo.

Sin embargo, como ya viene explicando este medio, el sistema de formación para desempleados cuenta con una serie de deficiencias que en la actualidad impiden un funcionamiento correcto del mismo y la consecución de los objetivos de reinserción laboral que tiene arrogados el SEPE. La consecuencia directa, y prueba de ello, es el remanente que cada año se queda sin utilizar de la recaudación de la cuota por formación profesional que abonan empresas y trabajadores a la Seguridad Social: de los 2.100 millones de euros que recauda el Estado a través de las cuotas de formación unos 900 millones de euros se quedan sin gastar cada año. En suma, se estima que desde 2015 se ha acumulado un remanente de 5.000 millones.

Fuentes del diálogo social consultadas por ABC apuntan, entre los motivos de esta coyuntura, a deficiencias en el modelo de gobernanza del sistema de formación en el que la Administración ha orillado a empresarios y sindicatos en la toma de decisiones y propuestas sobre las líneas de actuación tanto en el ámbito del SEPE, que elabora una oferta anual, como en el sistema bonificado -en el que son las propias compañías las que conciertan la formación para deducirse a la postre el coste en el pago de los seguros sociales-.

Ahora bien, el terreno que comienza a explorar el Ejecutivo para la reinserción de los casi tres millones de parados como fuente de creación de empleo en los próximos años de desaceleración económica parte de un erial en el plano formativo que se configura como un 'muro' de entrada al mercado laboral.

Participantes en formación dirigida a desempleados

y número de desempleados

350.000

7.000.000

Participantes

Desempleados

300.000

6.000.000

250.000

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MITES, Anuario estadístico y elaboración propia / ABC

Participantes en formación

dirigida a desempleados

y número de desempleados

Participantes

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

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Desempleados

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3.000.000

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2009

2022

MITES, Anuario estadístico y

elaboración propia / ABC

«Desde una perspectiva temporal amplia y con los datos disponibles, lo más relevante de las cifras de 2022 es la confirmación de un cierto desacoplamiento del volumen de formación dirigida a desempleados respecto a la propia evolución del desempleo», señalan desde la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo en un reciente informe sobre 'Formación Profesional y para el Empleo' correspondiente a 2022.

En este punto, la realidad para el Gobierno es tozuda: a cierre de 2022 -últimos datos disponibles había un total de 201.092 desempleados participando en cursos de formación. Teniendo en cuenta que ese año cerró con una media de 3,02 millones de parados, la tasa de asistencia a estas acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad del colectivo a penas alcanzaba al 7% de los demandantes de empleo en nuestro país.

Cabe recordar ante la coyuntura que según cifras del INE a pesar de la elevada bolsa de desempleo, España adolece de falta de personal cualificado que está provocando que a cierre del pasado ejercicio se contabilizasen un total de 156.000 puestos de trabajo sin cubrir en el tejido productivo, lo que supone el mayor volumen desde que hay registros, hace una década.

En el plano económico, como se ha advertido, aflora entre la estadística oficial las cifras sobre los volúmenes de ejecución del presupuesto asociado a las acciones formativas del SEPE que dan cuenta del problema de base del modelo en su conjunto. Tal y como explica el estudio a partir de la información extraída del Ministerio de Trabajo, cerca de 2.500 millones de euros se distribuyeron entre los servicios de empleo de las diferentes comunidades autónomas para fomentar estos cursos de formación entre parados, pero también ocupados. Concretamente, unos 1.178 millones fueron a parar a formación para desempleados mientras que los cursos para ocupados contaron al cierre del pasado ejercicio con unos 1.300 millones de euros de presupuesto disponible.

Sin embargo, pese a esta disposición financiera para acciones formativas asociadas a las políticas activas de empleo la insuficiente ejecución de los fondos asignados a la formación sigue siendo un problema notable, con unos porcentajes de ejecución de apenas un 51% del presupuesto. Se trata de una cifra de inejecución atribuible prácticamente en su totalidad a la formación de oferta estatal, al no contabilizar a las Comunidades Autónomas o al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), respecto a los que se ofrecen datos solo de las cuantías efectivamente transferidas, no de su ejecución final. En contraste con las ofertas de formación, las bonificaciones para la formación programada por las empresas, presupuestadas en 488,8 millones, figuran con una ejecución del 95,8%.