El recorte de jornada laboral que planea Díaz liquidará un tercio de la creación de empleo para 2024

Una de las quejas que ha planteado la patronal en las últimas reuniones tripartitas es la falta en numerosas ocasiones de una memoria económica que clarifique el impacto de las medidas que pretende impulsar el Ejecutivo. Este es el caso, hasta el momento, de la próxima batalla que librará el gabinete capitaneado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar la senda de reducción de jornada laboral de 40 a 37,5 horas en un plazo de tres años.

La única información que ha facilitado el Ejecutivo es la que se incorpora al programa de Gobierno de PSOE y Sumar, en el que se plasmó una reducción de la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. «Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas», señala el punto del acuerdo programático que deja abierta la puerta a un recorte aún mayor del tiempo de trabajo en el futuro -cabe recordar que los sindicatos tienen como objetivo situar en 35 el tope de horas semanales de trabajo-.

Precisamente, este ejercicio de evaluación del impacto financiero de la medida propuesta lo avanzaba recientemente BBVA Resarch a través del estudio 'Propuesta de reducción de la jornada laboral: incidencia e impacto potencial' en el que se advierten luces y sombras sobre el efecto en el mercado laboral. De entrada, los expertos estiman que la aplicación del primer paso de la medida, la rebaja de 40 a 38,5 horas, implicaría una pérdida de empleo del 0,5%. Teniendo en cuenta el último saldo de afiliaciones a la Seguridad Social (20,88 millones de cotizantes), este volumen de puestos de trabajo perdidos ascendería a 104.180 en el primer año.

La cifra no es menor. Si volvemos la mirada sobre las últimas estimaciones oficiales del Gobierno el coste de oportunidad de emprender la senda de recorte de jornada es notable: en este primer año la medida amenazaría un tercio de toda la creación de empleo prevista para este año. Concretamente, el Ejecutivo estima que el año cerrará con un 1,4% más de empleos, unos 219.704 puestos de trabajo más, por lo que los cálculos de BBVA Research apuntan a la pérdida del 35% de toda la generación de empleo.

Y aunque los autores del estudio -Alfonso Arellano, Juan Ramón García y Camilo Ulloa- sitúan ganancias de productividad (+0,8%) y un avance de la remuneración por asalariado (+1,3%) en el largo plazo por la medida, el mercado laboral será el gran perjudicado en términos de creación de empleo. A los más de 100.000 empleos que se perderían en 2024, de sustanciarse el primer paso de la reducción de jornada, habría que sumar una reducción del 1,2% en 2025 (equivalente a 250.032 empleos) y un 0,9% más en 2026 (187.524 empleos).

En el largo plazo, los expertos de BBVA proyectan una pérdida de empleo del 3,4%, que supondrían 708.424 puestos de trabajo a tiempo completo. Además, en ese horizonte el golpe al mercado laboral se redondearía con un incremento de la tasa de paro de 2,4 puntos porcentuales respecto al nivel actual, lo que suponen 64.978 desempleados más, y un avance de los costes laborales que afrontan los empresarios del 0,5%. En general, el estudio estima que la economía se resentiría con una reducción del PIB de 2,6 puntos porcentuales.