La agenda reformista de Yolanda Díaz se estrella contra el Gobierno y los empresarios

«Yo creo que esta propuesta u otras se tienen que discutir en el marco nacional de la discusión de Presupuestos Generales del Estado, que es el más importante y en el que estamos ahora, y que esperamos terminar en buen puerto y con un acuerdo en los próximos meses», dijo ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en relación a la propuesta de aplicar IVA a la educación o sanidad privadas.

La propia vicepresidenta admitió esta misma semana discrepancias con sus socios de gobierno del PSOE respecto al enfoque del paquete fiscal a incluir dentro o en paralelo a la negociación de los Presupuestos 2025. Sobre la mesa ha puesto una antigua aspiración de su formación: la derogación de la exención de IVA de que disfrutan los servicios sanitarios y educativos prestados por empresas privadas. Podemos y Sumar han incorporado con regularidad a sus propuestas fiscales una medida que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a estudiar de cara a la fallida presentación del proyecto de Presupuestos de 2019, y que plantea discriminar entre los servicios sanitarios y educativos prestados desde lo público y los prestados desde lo privado, estableciendo un tipo de IVA del 10% o el 21% sobre aquellos que no se prestan desde lo público.

Pero donde la vicepresidenta segunda se está encontrando con más problemas es en el diálogo social. Sus históricos desencuentros con los empresarios no ceden y vuelven a coger ritmo en esta legislatura con su medida estrella: la reducción de la semana laboral a 37,5 horas por ley. Las discrepancias son de peso y las posibilidades de acuerdo remotas si Díaz mantiene su idea de imponer ese recorte sin una red que permita a los negocios compensar una medida que hará trabajar menos horas y mantener el sueldo.

Las empresas están alertando del impacto en sus negocios de recortar por ley la jornada. Cepyme ha calculado que la reducción de jornada a 37,5 horas afectará, en mayor o menor medida, a tres de cada cuatro asalariados (unos 13,5 millones de trabajadores) y cifra en unos 42.400 millones los costes directos e indirectos que tendrán que encajar los negocios para atender esa exigencia legal en 2025. La oferta empresarial pasa por aplicar la medida de forma paulatina, según vayan venciendo los convenios, de lo contrario, en el medio plazo la aprobación de la norma es la apertura de un cisma negociador en la mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación vigentes en España.

Antes del verano Yolanda Díaz amagó como aprobar la medida de forma inminente, aunque un toque de atención desde la propia Moncloa, y públicamente desde Economía, le hicieron dilataron la decisión y contar con las empresas, teniendo en cuenta también que no está claro que la rebaja de jornada tenga mayoría en el Congreso. El Gobierno de coalición está en minoría parlamentaria y hay serias dudas de que partidos como Junts o PNV, cercanos a los empresarios catalanes y vascos, se posicionen en contra de la organización empresarial.

El otro problema que se está encontrando Díaz es la presión sindical para que legisle ya. UGT y CC.OO. elevarán la tensión con las protestas convocadas el 26 de septiembre para exigir un cambio legal ya. Lo mismo que buscan con el coste del despido improcedente, un melón que la vicepresidenta segunda abrirá una vez que cierre la vía de la jornada. Y lo pretende hacer aprovechando que el Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo, dependiente del Consejo de Europa, haya resuelto una reclamación de UGT contra España en la que da la razón al sindicato y apunta que la regulación de las indemnizaciones por despido improcedente en España no cumple con la Carta Social Europea.

Un pronunciamiento que dará alas a la ministra de Trabajo para emprender una reforma legal que suprima el tope de 24 mensualidades en las extinciones y fije una indemnización mínima de seis meses, tal y como reclama el sindicato que dirige Pepe Álvarez, para el que las empresas no deben conocer de antemano el coste del despido, pide recuperar los salarios de tramitación y agilizar los procesos judiciales. Un 'despido a la carta' que tendrá en cuenta los factores personales que rodean al afectado, como la edad, el número de hijos, la duración del contrato o la situación socioeconómica. El enfrentamiento con las empresas en este caso también está servido.

Hasta ahora, el ala socialista del Gobierno no ha querido abrir este melón, Yolanda Díaz no logró llevar a cabo el cambio legal con la reforma laboral e incumplió también su pacto con EH Bildu para llevar a cabo el encarecimiento.