Brasil busca blanquear el régimen de Ortega en la cumbre de la OEA

Brasil ni siquiera ha enviado a su canciller a la asamblea general. La nación suramericana más grande en términos de población y riqueza está representada por la secretaria de relaciones exteriores, María Laura de Rocha. Antes del inicio de la reunión, el equipo de este país ante la OEA presionó para modificar la anticipada declaración de condena al gobierno de Nicaragua debido a las evidencias de represión y crímenes de lesa humanidad.

En esta asamblea de la OEA, la número 53, el secretario general de esta organización, Luis Almagro, espera que haya avances en la democratización de Nicaragua, algo en lo que cuenta con el apoyo de EE.UU. El reciente giro a la izquierda en el continente, sin embargo, ha fortalecido a Ortega, principalmente por la indecisión de Brasil a la hora de condenar los abusos denunciados por la ONU.

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Almagro compareció el martes al inicio de la asamblea y afirmó que espera que la resolución sobre el país «logre los resultados que la gente necesita». «Tenemos el más profundo respeto por el posicionamiento de Brasil en todos los temas multilaterales de la agenda», indicó el secretario general. Según él, la resolución sirve para «condenar la falta de democracia en Nicaragua, así como las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen».

La declaración inicial había sido redactada por EE.UU., Canadá, Costa Rica y Antigua y Barbuda, y condenaba abiertamente la represión y violaciones a los derechos humanos. Los cambios de Brasil, sin embargo, le restan contundencia y sugieren dudas sobre las conclusiones de los informes de la Organización de las Naciones Unidas que denuncian estos graves abusos. Las modificaciones fueron propuestas en una circular enviada a los países miembros el 14 de junio.

Donde en el texto inicial la OEA se expresaba «profundamente alarmada» por las denuncias de represión en Nicaragua, Brasil prefirió decir «expresando su preocupación». También eliminó referencias a «la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones para aquellas personas privadas de la nacionalidad por el gobierno». [En febrero, Ortega envió a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes y activistas al extranjero, y les retiró la nacionalidad].

Brasil también eliminó un párrafo entero que expresaba preocupación «por los informes sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, muchos de los cuales enfrentan el incremento de la represión, persecución, discriminación, amenazas y hostigamiento» y otro sobre «el empeoramiento de las condiciones ha provocado que cientos de miles de nicaragüenses hayan abandonado el país desde 2018».

Estas reservas de Brasil contrastan con las denuncias de la mayoría de las organizaciones internacionales implicadas en la defensa de las libertades civiles. En marzo, el llamado Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, tras un año de trabajo, concluyó que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, junto con siete instituciones estatales, cometieron crímenes de lesa humanidad desde 2018, durante una violenta ola de represión de las protestas sociales.

El informe correspondiente de la ONU indica que la violencia fue sistemática, generalizada y motivada políticamente, lo que respalda la existencia de crímenes de lesa humanidad. Señala además directamente a los líderes del país y a los mandos intermedios que llevaron a cabo la violencia, y en principio debería ser suficiente para activar el derecho penal internacional.

De hecho, el informe insta a la comunidad internacional a tomar medidas legales contra el estado nicaragüense. Aunque Ortega no ha ratificado el estatuto que establece la Corte Penal Internacional, cualquier país podría iniciar acciones penales contra los responsables de los crímenes.

Este mismo 21 de junio, un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, fundado por disidentes nicaragüenses, reveló que el 9% de la población de ese país ha abandonado el país desde 2018 debido a la persecución política del régimen de Ortega. Al menos 605.000 nicaragüenses han emigrado en busca de seguridad, con EE.UU. como el principal destino. De hecho, desde abril de 2018, unos 344,000 nicaragüenses han sido interceptados en la frontera norte de México. Esta migración masiva es la mayor en la historia del país, superando incluso la de la década de 1980 durante la guerra civil.

Costa Rica, México y España son otros destinos elegidos. La organización predice que, si la tendencia migratoria continúa, para diciembre de 2023 habrán emigrado al menos 804.000 nicaragüenses, equivalente al 11.7% de la población total.

El que fuera embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields, hoy crítico con los abusos del régimen, cree que con esta decisión, Lula, en el poder desde enero, se ha convertido «en el abogado del diablo». «Lo que ha hecho con Nicaragua no tiene nombre, porque ha pedido en diversas ocasiones que la palabra dictadura no se asocie con los dictadores de Venezuela y de Nicaragua», añade.

Desde su llegada al poder, Lula ha revertido las decisiones de su predecesor, Jair Bolsonaro, con respecto a las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sobre todo, ha restablecido los lazos con el régimen chavista, y recibió con honores a Nicolás Maduro en Brasilia, lamentando que los abusos que se le atribuyen sean fruto de supuestas «narrativas» manipuladas.

Hay notables ausencias en la asamblea de la OEA, particularmente de los cancilleres de Argentina, Brasil, México y Bolivia. Estos países han optado por no enviar a sus funcionarios de más alto rango a la reunión, y México y Bolivia han decidido no enviar a funcionarios de alto nivel, optando en su lugar por los representantes permanentes.

Sin embargo, la asamblea cuenta con la presencia del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, así como de 23 ministros o representantes diplomáticos de la región. Almagro, el secretario general, señaló que no ve problema en las ausencias ni en las intenciones de algunos países de crear organizaciones multilaterales paralelas a la OEA.