La Generalitat Valenciana declara la guerra a las falsificaciones chinas con multas de hasta un millón de euros
El Gobierno de Mazón incrementa al máximo de sus posibilidades competenciales las sanciones contra la piratería y los etiquetados fraudulentos
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El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ha decidido declararle la guerra a las falsificaciones y a la piratería, en su mayoría de origen chino, a través de un incremento sustancial de las sanciones, que podrán alcanzar hasta el millón de euros en los casos más graves.
De acuerdo con la iniciativa que ha anunciado el líder del Ejecutivo autonómico, se trata de llevar las nuevas multas al «límite competencial», tanto contra la piratería como productos falsificados y etiquetados de manera fraudulenta. «Se trata de declararle la guerra al 95% de los productos que son declarados defectuosos en inspecciones que son chinos», confirman fuentes de la Generalitat.
El jefe del Consell ha señalado que con esta medida «lucharemos contra la piratería, falsificaciones o imitaciones que afectan a sectores como el textil, el calzado, el juguete o la cerámica, entre otros». El presidente, acompañado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha realizado estas declaraciones durante la visita a las instalaciones de la planta tratamiento y reciclaje de la firma Acteco en Ibi donde se llevan a cabo la destrucción de productos defectuosos.
Mazón ha explicado que «vamos a incrementar las sanciones todo lo que permite la Ley para que no salga barato poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestros niños y niñas».
El mayor porcentaje de incremento se produce en la cuantía de las sanciones por infracciones graves, que son las que afectan a la mayoría de las personas consumidoras y que en este momento se centran en la comercialización de productos inseguros y comercio electrónico. «Hay que considerar que estas multas son las que se están aplicando desde 1987, sin que se hayan visto incrementadas en 37 años», especifica Mazón.
MÁS INFORMACIÓN
El pasado 22 de marzo, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el anuncio de apertura del trámite de consulta pública previa en relación a la modificación del Decreto legislativo 1/2019, firmado por la Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo, abriendo un plazo de veinte días naturales para hacer aportaciones que finaliza el día 11/04/2023.
Nuevas sanciones contra la falsificación
De esta manera, las sanciones contra la piratería y la falsificación de productos que ha aumentado la Generalitat Valenciana quedan de la siguiente manera:
-La cuantía máxima de las infracciones leves fijada ahora en 3.005,06 euros pasaría a ser de 10.000 euros.
-La cuantía máxima de las infracciones graves fijada ahora en 15.025,30 euros pasaría a ser de 100.000 euros.
-La cuantía máxima de las infracciones muy graves fijada ahora en 601.012,10 euros pasaría a ser de 1.000.000 euros.
El máximo representante del Ejecutivo ha puesto en valor a las empresas de la Comunidad Valenciana que «realizan una extraordinaria labor en la protección del consumidor».
Así, ha apelado a la «compra de productos de la Comunidad Valenciana de sectores como el juguete, el mueble o el calzado que apuestan por la calidad, el diseño o la innovación para hacer frente a la competencia desleal».
Las Cámaras de Comercio, a favor
Por su parte, las Cámaras de la Comunidad Valenciana han emitido un comunicado para valorar «muy positivamente» la decisión tomada por el Consell de incrementar el importe de las multas para quienes cometan infracciones contra la propiedad industrial.
Para estas instituciones, la decisión actuará como un «factor disuasorio» para reducir la piratería y la venta de falsificaciones. «Apoyamos el esfuerzo que realizan las empresas en inversión en I+D, en innovación, en diseño y en desarrollo de producto, en definitiva, en ser competitivas en un mercado global. Ese esfuerzo ha de ser valorado y protegido por los gobiernos y entidades reguladoras del mercado, que han de poner todos los medios a su alcance dentro de las propias reglas del mercado», defienden.
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