PP y Vox sellan la paz en Baleares aprobando los decretos de vivienda y turismo
El PSOE lo considera una «bomba turística y de cemento», Armengol anima a la movilización social y los ecologistas anuncian una protesta ante el Parlamento regional para impedir su aprobación este martes
Plan exprés para crear 10.000 viviendas asequibles en Palma
PP y Vox sellan la paz antes de las vacaciones de Semana Santa, cerrando in extremis un acuerdo político para sacar adelante dos decretos cruciales para la legislatura de la presidenta popular Marga Prohens, tanto en materia de vivienda como de contención turística.
Los diputados de Santiago Abascal permitirán que este martes se convalide el decreto de vivienda en el Parlamento balear, tras imponer Vox sus «exigencias» y conseguir que los populares lo tramiten después como proyecto de ley. Será en este periodo cuando se incluyan las enmiendas de Vox, entre las cuales se permitirá la creación de proyectos residenciales estratégicos en otros municipios de Baleares de más de 10.000 habitantes, así como nuevas medidas para limitar el acceso a las ayudas en materia de vivienda a las personas condenadas por delitos de okupación.
El nuevo decreto de vivienda, que prevé agilizar la construcción de pisos en Palma y alrededores para construir vivienda libre y a precio limitado para los residentes, había provocado una nueva discrepancia interna dentro de Vox. Por un lado, contaba con el apoyo de Vox en el Ayuntamiento de la capital balear que pedía a aprobarlo «cuanto antes» para aprovechar el suelo urbano disponible; y por otro, el grupo parlamentario se oponía a su aprobación al considerarlo insuficiente.
Además, la negativa de Vox había generado una alarma entre varios promotores inmobiliarios, que contactaron directamente con Vox Madrid para pedir que se aprobara este 15 de abril en la cámara balear. Una emisaria de Vox cercana a Abascal visitó Palma para mediar entre su grupo parlamentario y el PP hace dos semanas. Desde entonces, ambas formaciones parecen haber recuperado una sintonía que ahora han escenificado en sendas comparecencias conjuntas en los últimos tres días.
La primera, este viernes cuando la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, compareció junto al consejero de Turismo, Jaume Bauzà, para escenificar un primer pacto que sacará adelante el decreto de medidas turísticas. A cambio, el Gobierno regional del PP anunció que aparcaría, de momento, la subida de la ecotasa para contentar a Vox.
Y la segunda 'entente cordiale' se repitió este lunes ante los medios, esta vez entre Cañadas (Vox) y el consejero de Vivienda, José Luis Mateo, para anunciar «mejoras para facilitar más vivienda asequible para residentes al ampliar el alcance del Decreto Ley de los proyectos estratégicos residenciales».
Al margen de estos dos acuerdos, PP y Vox siguen negociando posibles pactos en materia presupuestario. El vicepresidente balear, Antoni Costa, reconoció la semana pasada que están «más cerca de los presupuestos ahora que hace un mes» y que «con suerte», todavía se podrían aprobar unos presupuestos aunque 2025 ya esté «muy avanzado.
El PP agradeció a Vox «saberse arremangar para llegar a acuerdos» con el Gobierno de Prohens. Al mismo tiempo lamentó »las caras de impotencia, frustración, incluso de envidia« de los representantes de los grupos de la izquierda, sobre todo de los socialistas que han gobernado esta comunidad ocho años y »dejaron el problema de la saturación turística y de difícil acceso a la vivienda«.
El PSOE tachó de «bomba turística« y »bomba de cemento« para la isla de Ibiza los decretos ley de turismo y recalificación urbanística acordados entre PP y Vox. Según los socialistas, el decreto ley de vivienda es «el mayor atentado medioambiental», y avanzó que dará una respuesta «a la altura». Su secretaria general, Francina Armengol, se reunió de urgencia este lunes con la dirección de su partido para analizar las medidas urbanísticas anunciadas por el Ejecutivo de Marga Prohens, que calificó de «bestialidad» y «disparate». La presidenta del Congreso animó a la población a movilizarse contra este decreto.
Los nacionalistas de Més también se oponen y creen que la ampliación del decreto a otros municipios responde a los intereses de los promotores «que también quieren un trozo del pastel».
El grupo ecologista GOB, Palma XXI y la Federación de la Asociación de Vecinos de Palma han convocado una protesta frente al Parlamento balear este martes para exigir frenar un decreto que tildan de «pelotazo».
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