Las acusaciones creen que habrá más imputaciones tras la declaración de Lobato en el Tribunal Supremo

Si hasta este domingo eran Álvaro García Ortiz, y su subordinada -y jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid- Pilar Rodríguez los únicos que estaban en el foco informativo y judicial, ahora, tras la exclusiva revelada por ABC sobre la posible implicación del Ejecutivo en el envío del email autoinculpatorio del novio de Ayuso, nadie se atreve a aventurar que el procedimiento judicial no acabe salpicando a Moncloa con la eventual imputación de estrechos colaboradores del presidente del Gobierno.

Así lo aseguran a ABC fuentes de las acusaciones personadas en el procedimiento, que se muestran convencidas de que la declaración del socialista y las correspondientes actas notariales que le ha requerido el juez, sumado al volcado de la información de los dispositivos del fiscal general, podría traducirse en más imputaciones por parte del instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado.

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Tras revelar Lobato el origen del correo electrónico que mostró en la Asamblea de Madrid como arma arrojadiza contra Ayuso en la sesión de control del pasado 14 de marzo (puso nombre y apellido al origen de la filtración), las acusaciones coinciden en que el caso ha adquirido otra dimensión y todas las miradas están puestas ahora en Pilar Sánchez Acera, la exjefa de Gabinete de quien fue mano derecha de Sánchez en Presidencia, el hoy ministro Óscar López. De la testifical del socialista el viernes en el Supremo dependerá una eventual imputación de Sánchez Acera y, llegado el caso, del exjefe de Gabinete de Sánchez y hoy ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Y ello porque hay un convencimiento generalizado de que Sánchez Acera no actuó por iniciativa propia al enviarle a Lobato el correo electrónico de carácter reservado, sino que había una estrategia para hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid pasando por encima del derecho de defensa de su pareja, Alberto González Amador.

Fuentes conocedoras del procedimiento creen que el episodio de Lobato y la información extraída de los dispositivos de García Ortiz «puede deparar alguna que otra sorpresa» y en este punto aluden al movimiento que el juez que instruye la causa hizo el mismo lunes con extrema rapidez y de oficio, es decir, sin que nadie se lo pidiera: citar al socialista e instarle a que aporte las actas que levantó ante notario, una actuación que no se explica si realmente Lobato no desconfiara del origen de la filtración.

Como informó en exclusiva ABC el domingo, tras dudar de que el envío de ese correo fuera legal, y consciente de que las conversaciones de fiscal y abogado afectan al derecho de defensa, el político madrileño acudió este mes de noviembre a una notaría a levantar acta de las capturas de su conversación por whatsapp con Sánchez Acera la mañana del 14 de marzo, cuando ningún medio había publicado ese correo electrónico. Lobato obró de esta forma coincidiendo con la imputación de García Ortiz por parte del Tribunal Supremo y cuando el instructor acababa de ordenar como primera diligencia la entrada y registro de su despacho en la Fiscalía General para aclarar las circunstancias de la filtración de ese mail, actuación en la que, según se desprende del informe de la UCO relativo al registro de la otra imputada, Pilar Rodríguez, García Ortiz habría tenido una «participación preeminente». La noche del día 13 de marzo, el fiscal general se implicó personalmente y con insistencia en la recopilación de los correos electrónicos que se intercambiaron el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador.

Fuentes jurídicas no creen que mostrar el mail autoinculpatorio del novio de Ayuso en la Asamblea de Madrid tenga alguna consecuencia penal para Lobato, porque cuando lo hizo ya estaba publicado en la prensa, pero sí la puede tener para Sánchez Acera, que se lo envió a primera hora de la mañana de ese día 14 cuando nadie, salvo Fiscalía, lo tenía todavía en su poder. El hecho de que la mano derecha de Óscar López avanzara a Lobato que se lo iba a enviar a El Plural para que lo publicara para que él se quedara tranquilo apuntala esa idea de que Moncloa lo tenía en su poder antes que los medios.

La petición de que cite a declarar a Sánchez Acera ya está sobre la mesa del juez. La formuló el lunes Manos Limpias. La colaboradora de Lobato «debió tener acceso a ese correo electrónico con anterioridad a su difusión pública, por lo que, a juicio de esta acusación, su testimonio resulta relevante» a los efectos de esclarecer cómo obtuvo copia de dicho correo electrónico y si el origen del mismo fue el fiscal general u otra persona, señaló el sindicato en su escrito. Las fuentes consultadas recuerdan que en ningún caso la Fiscalía puede quedar exenta de responsabilidad porque «tenía la obligación de custodiar esos documentos».