Acoso a políticos: cuando el escarnio público irrumpe en la vida privada
Pons ha sido el último en sufrir acecho ante su casa. Aguirre, Bono o Talegón también fueron asediados

La protesta de una plataforma de afectados por las hipotecas frente a la casa del popular Esteban González Pons ha devuelto a la actualidad la controversia sobre el acoso a los políticos, que muchas veces afecta a su vida privada. Esa experiencia responde a lo que en Argentina se ha dado en llamar «escrache», y que remite a las denuncias que activistas hacen ante el lugar de trabajo o el domicilio de personas destacadas para amplificar sus reclamaciones. Pons ha dicho públicamente haber sufrido aporreos en el portal e insultos, que sus hijos pequeños pudieron oír desde el interior de la vivienda. «Coacciones similares», ha dicho, se vivieron en el País Vasco.
Su caso no es único. A 2011 y 2012 se remonta el doble susto que Esperanza Aguirre también registró en su propio domicilio , situado en el céntrico barrio madrileño de Malasaña. La primera vez, de madrugada, dos jóvenes llegaron a entrar hasta el distribuidor del inmueble, tras lo cual fueron desalojados por los agentes de seguridad permanente de la Guardia Civil. En la segunda ocasión, cuatro meses y medio después, otro joven fue detenido por patalear la puerta de la vivienda de la dirigente popular, que también ha sido objeto a lo largo de su trayectoria de insultos e intentos de agresión, como en una visita en 2010 al hospital de Parla que conviene reseñar, aunque fuera un acto de su agenda pública.
Si hablamos de ataques físicos es inevitable recordar a Miguel Boyer, el que fuera ministro de Hacienda durante el primer gobierno socialista y blanco de las iras del empresario José María Ruiz Mateos, que llegó a golpear al político también en un acto público al grito inolvidable de «que te pego leches».
Salvando la distancia y el tiempo, intento de agresión es lo que también denunció en 2005 el entonces titular de Defensa, José Bono, cuya cabeza peligró bajo un palo que no llegó a tocarle durante una manifestación antiterrorista la que no está muy claro si se sumó como ciudadano o como cargo público. Dijo que los responsables eran militantes del PP. Los empujones y algún que otro puñetazo pudieron verse nítidamente en las imágenes, aunque el juez terminó archivando el caso.
Los episodios contra políticos en las manifestaciones se han convertido en todo un clásico, hasta el punto de que ha hecho poco recomendable su presencia en ese tipo de actos multitudinarios, aunque quieran acudir a ellos de forma privada. El último ejemplo es el del también ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, que tuvo que ser rescatado por la policía junto a la dirigente socialista juvenil Beatriz Talegón de entre una masa que la emprendió a insultos contra ellos.
La lista de los que han sido increpados es infinita, aún si se contaran únicamente los vilipendiados, no en sus tareas «profesionales», sino en su vida privada. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, lo fue recientemente mientras iba de compras por Madrid junto a una amiga. Su consejero de Educación, Marcial Marín, fue rodeado y gritado en la madrileña estación de Atocha por afectados por las hipotecas. A Alfredo Pérez Rubalcaba le tocó cuando caminaba por la acera situada frente a la sede de Ferraz. Era candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno y las cámaras recogieron el momento.
Imposible de computar es además el asedio que los respresentantes públicos registran a través de las redes sociales e Internet, muchas veces dirigido destruir su honor o causarles daño en el ámbito de lo personal. Elena Valenciano, por citar un caso llamativo de hace muy poco tiempo, tuvo que cerrar su cuenta en twitter tras comprobar que se estaba amenazando a sus hijos.
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