El déficit público cierra 2024 en el 3,15% pero dentro de los márgenes pactados con Bruselas
El Gobierno imputa 0,35 puntos del desequilibrio de las cuentas a los gastos de la dana, que la Comisión Europea ya avanzó que no tendría en cuenta
Las administraciones públicas españolas cerraron el ejercicio de 2024 con un déficit del 3,15%, por encima del nivel del 3% del PIB al que el Gobierno se había comprometido con Bruselas pero dentro de los márgenes de los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya ... que la desviación respecto a ese umbral se puede explicar por los gastos asociados a la dana, que no computan a efectos de la medición que hace la Comisión Europea de los desequilibrios presupuestarios y que según el Gobierno ascendieron a 5.590 millones de euros, 0,35 puntos de PIB.
En euros contantes y sonantes las cuentas públicas cerraron el año pasado con un desequilibrio de 50.817 millones de euros entre los ingresos y los gastos, pero si se detraen los gastos asociados a la dana comprometidos por Estado, Generalitat Valenciana y ayuntamientos afectados la cifra se queda en 44.597 millones de euros y el déficit a efectos de la medición de Bruselas en el 2,8%.
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El saldo mejora la expectativa del consenso de los analistas, que esperaban un déficit de en torno al 3,3% que se quedaría en el 3% quitando los gastos de la dana. Mucho ha tenido que ver en este mejor desempeño el caudal de los ingresos fiscales, que volvieron a crecer cerca de un 8% en 2024 y aportaron cerca de 23.000 millones extra a las arcas públicas, en un ejercicio en que empezaron a revertirse las medidas de rebaja fiscal habilitadas para amortiguar el impacto de la subida de los precios energéticos y de los alimentos. Ese extra de ingresos es clave para explicar la reducción de 8.072 millones de euros del déficit respecto al año 2023, en que las cuentas cerraron con unos números rojos del 3,52% del PIB, si bien los datos definitivos de ingresos y gastos no los proporcionó Hacienda.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha valorado que estas cifras reflejan el proceso de saneamiento de las cuentas públicas, además en un contexto internacional inestable.
La factura de la dana en 2024 fue de 5.590 millones de euros, de los cuales 5.186 millones fueron asumidos por el Estado, la Comunidad Valenciana incurrió en 287 millones y las entidades locales en 60 millones, con un desequilibrio extra de 57 millones para la Seguridad Social. Si se resta el impacto de los pagos realizados por el Consorcio de Compensación de Seguros, el esfuerzo del Estado se reduciría a unos 800 millones de euros.
Un agujero de 11.000 millones de euros por sentencias
Ya había avanzado en varias ocasiones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que 2024 había sido un mal año para el Ministerio de Hacienda en el ámbito judicial y que las sentencias desfavorables conocidas este año podrían tener una incidencia significativa sobre el saldo final de las administraciones públicas.
La ministra de Hacienda ha reconocido este jueves la factura que han pasado las sentencias judiciales contrarias a los intereses de Hacienda, que habrían tenido un impacto agregado de 11.000 millones de euros, una cuantía equivalente a un 0,71% del PIB, y que según ha precisado la ministra están incluidas en el déficit del año pasado.
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Montero ha precisado que alrededor de 8.000 millones de euros de esa cuenta son pagos que no se repetirán en ejercicios posteriores, pero también ha deslizado que una parte de la factura asumida este año se repetirá en los próximos ejercicios.
Entre los reveses más dañinos para las arcas públicas, Montero ha mencionado los más de 3.000 millones de euros devueltos por la anulación de la reducción que se aplica desde el año 2016 en el Impuesto de Sociedades sobre las pérdidas que se pueden deducir los grandes grupos empresariales; 1.108 millones de euros por la ampliación a los hombres de la deducción en el IRPF del complemento de maternidad; o los 5.936 millones de las solicitudes de devolución planteadas por los mutualistas, tres veces más de las que Hacienda había calculado en un primer momento.
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