CC.OO. y UGT disfrutan de un total de 58 edificios cedidos por el Estado

El mantenimiento de estos inmuebles corre a cargo de los beneficiarios, no así las cargas tributarias como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por ser los edificios propiedad del Estado, que también hace frente a la rehabilitación de las fincas, como ocurrió en 2021. Ese año, como avanzó este diario, el departamento que dirige Yolanda Díaz dispuso cien millones de los fondos europeos para la renovación energética de 42 sedes sindicales.

Esos 58 inmuebles se reparten así: 33 para Comisiones y 25 para UGT. En conjunto suponen unos pagos por el IBI a cargo del erario público de al menos 700.000 euros, ya que la respuesta de Trabajo no facilita este dato para cinco edificios. Los metros cuadrados totales de las cesiones ascienden a 22.856, y su valor de mercado, atendiendo a la media del precio de cada zona y al uso de los edificios, superaría los 200 millones, según cálculos realizados por una gran inmobiliaria para este diario.

Desde que en 1986 se promulgó la norma, los sindicatos, y en menor medida los empresarios, han ido rescatado edificios y hoy, cuatro décadas después, disfrutan del uso de un nutrido patrimonio. Acceder al detalle del reparto de los bienes del Estado traspasados no es tarea fácil. Trabajo no les da publicidad en su web y este periódico se los ha solicitado sin éxito. Hace poco más de un año Solidaridad, el sindicato cercano a Vox, aseguró que tenía datos del ministerio que situaban en 52 los inmuebles cedidos a las centrales que dirigen Unai Sordo y Pepe Álvarez, seis menos de los que recoge ahora la respuesta remitida a Transparencia. Dada la opacidad del Gobierno, se desconoce si en estos meses ha proporcionado más inmuebles a los sindicatos o si los datos de Solidaridad no eran correctos.

La respuesta de Transparencia que recoge ABC se produjo por una pregunta del abogado Guillermo Miguel Rocafort «sobre el detalle de todos los inmuebles y superficies del Estado Español cedidos gratuitamente a los sindicatos CC.OO. y UGT». Según esa información, el inmueble que paga más IBI es la sede de UGT en Madrid, en Avenida de América, con una factura de 387.233,5 euros y el más extenso es el que disfruta CC.OO. en Sevilla, en la mítica Avenida de la Raza, con 11.257 metros cuadrados y una factura de 39.175,39 euros de contribución municipal. Es Madrid donde los edificios pagan el impuesto más elevado (435.901,25 euros), seguidos a larga distancia por Valencia (61.101,39 euros). Y por provincias son Madrid y Barcelona las que cuentan con más inmuebles, nueve cada una. En la primera, tres son de Comisiones y seis de la central socialista, mientras que en la región catalana seis son de CC.OO. y tres de UGT. Valencia es la siguiente provincia, con cinco, tres de ellos de la central que dirige Sordo.

Evolución de

la autorizaciones

Total anual de inmuebles

10

1986

PSOE

1

88

1

4

92

2

94

2

PP

2

98

1

01

2

2

PSOE

1

05

2

07

5

3

09

11

11

2

PP

3

13

1

15

1

Total

periodo

PSOE

58

1

2022

1

Fuente: Ministerio de Trabajo / ABC

Evolución de la autorizaciones

Total anual de inmuebles

11

10

Total

periodo

58

5

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1986

88

91

92

95

97

98

01

02

05

07

09

11

13

15

16

21

22

94

PSOE

PP

PSOE

PP

PSOE

Fuente: Ministerio de Trabajo / ABC

Además de Comisiones y UGT, otras 14 organizaciones sindicales de menor tamaño se benefician de inmuebles cedidos por el Estado, y, según ha confirmado este diario, la CEOE tiene otros 11. Estos datos sitúan el total de inmuebles en manos de patronal y organizaciones de trabajadores en más de 80, sobre los que pesa un gasto por IBI que superaría los 1,5 millones, según datos del sindicato Solidaridad, cercano a la formación de Santiago Abascal, sobre una base de 68 locales.

Toda España está salpicada de edificios sindicales y empresariales que son cedidos, muchos de ellos situados en zonas estratégicas de las ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... Además de las citadas sedes de UGT en avenida de América, en Madrid, o la de CC.OO., en la Avenida de la Raza en Sevilla, en la capital también se ubica el centro de operaciones de la patronal, en Diego de León número 50. También forman parte del denominado patrimonio sindical acumulado la sede de la central socialista en la Rambla del Raval en Barcelona, un edificio comprado en 2019 por el Estado al Ayuntamiento de Barcelona por 24 millones cuando su valor actual de mercado es de 14, según la tasación realizada para este diario.

A la poca transparencia del Ejecutivo sobre este parque de edificios se une su falta de actualización, lo que ha generado tensiones en algunas organizaciones sindicales y entre fuerzas políticas autonómicas con el Gobierno. Como reconoce Trabajo y recoge la norma, las cesiones se hacen «a favor de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales, con preferencia de quienes ostenten la condición de más representativos con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y el resto del ordenamiento jurídico». Ello llevó al BNG partido -de izquierdas-, a cargar en 2023 contra lo que consideró «una situación discriminatoria en la distribución del patrimonio sindical acumulado». El partido nacionalista gallego denunció que en Pontevedra la Confederación Intersindical Gallega (CIG) tiene mucho menos espacio cedido que CC.OO. y UGT, pero es el mayoritario. «La mayoría democrática no tiene reflejo en la distribución del patrimonio sindical, que permanece invariable desde hace décadas en perjuicio de ese sindicato (CIG)», decía en una pregunta remitida al Gobierno a través del Congreso.

«Bajo nuestro criterio, la perpetuación en el tiempo de esta situación injusta incumple de modo manifiesto los principios de representatividad y distribución geográfica que deben cumplir las cesiones de bienes del patrimonio sindical acumulado, conforme a la Ley», continuaba. «El propio Ministerio de Trabajo –relataba– es consciente del problema y en los últimos años se han mantenido contactos para resolverlo, que están documentados por escrito, pero estas negociaciones actualmente se encuentran completamente paralizadas en detrimento y perjuicio de la acción sindical de la CIG».

El BNG subrayaba la existencia de «malestar y preocupación» en el citado sindicato, al ser «el primero en número de personas representantes electas en las elecciones sindicales» en Galicia, y «superar ampliamente la representación de las otras organizaciones sindicales desde hace más de quince años» en Pontevedra.

A partir de aquí, preguntaba al Ministerio de Trabajo si conocía «la perpetuación de esta situación discriminatoria»; si tenía previsto «realizar las acciones precisas para realizar un reparto justo»; y si era consciente de que era «imprescindible» un nuevo reparto «para garantizar el derecho fundamental a la libertad sindical». Trabajo contestó que no le constaba «que se haya producido ninguno de los supuestos mencionados en el artículo 11 del reglamento que justifique iniciar el procedimiento de extinción de cesión».

Los otros 14 sindicatos que se benefician de inmuebles cedidos, según una respuesta escrita del Gobierno a Vox en 2021 son: C.S.Izquierda, CGT, CNT, CIC, CIG, CSIF, la Confederación de Cuadros, los vascos ELA-STV y el sindicato abertzale LAB, la Federación de Sindicatos Independientes (FSIE), SU, Uceda, USO y VIG Minas Carbón. También figuran dos asociaciones como beneficiarias, la de Prensa de Madrid y Apitem (Asociación Profesional de Ingenieros Técnicos en minería).