juicio a garzón en el ts

«No tengo afán de venganza, pero quiero saber por qué perdí a mi abuelo»

Los últimos testimonios de víctimas del franquismo abundan en la falta de iniciativas legales para investigar las desapariciones y exhumar fosas para que encontrasen los restos de sus parientes

«No tengo afán de venganza, pero quiero saber por qué perdí a mi abuelo» efe

servimedia

06/02/2012
Actualizado a las 19:23h.

La nieta de un asesinado en la Guerra Civil ha explicado este lunes ante el Tribunal Supremo que decidió acudir a la Audiencia Nacional en busca de la justicia que no encontraba en los juzgados territoriales. "No tengo afán de venganza , tengo derecho a saber quién y por qué", ha afirmado Olga Alcega , cuyo abuelo fue asesinado en septiembre de 1936. La testigo, de la Asociación Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, hizo esta afirmación en su comparecencia como testigo en el juicio que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal está celebrando contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación que habría presuntamente cometido con la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Alcega ha denunciado la falta de voluntad de las administraciones a la hora de ayudar en las tareas de búsqueda de las fosas comunes de la Guerra Civil. Explicó en este sentido que en Navarra, donde se calcula que hay 3.452 desaparecidos , ningún juzgado ha querido nunca abrir una causa para iniciar la búsqueda de los represaliados.

«A la Justicia nunca le ha interesado investigar las desapariciones», se queja una víctima

Tras estas vicisitudes, en el año 2008, en la asociación tuvieron conocimiento de que otras agrupaciones de memoria histórica habían presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional, y decidieron sumarse a ella. "Queremos justicia, ha habido 75 años de olvido, la sociedad y la Administración han mirado para otro lado, a la justicia nunca le ha interesado", dijo la testigo.

Apertura de la fosa común

Alcega ha detallado que su abuelo, cartero de profesión, fue secuestrado por la Guardia Civil el 2 de septiembre de 1936. Tras torturarle, le llevaron al cementerio de Magallón, en la provincia de Zaragoza, donde le descerrajaron un tiro en la cabeza. La testigo ha dicho que, durante 75 años, "ni su abuela ha sido viuda ni su padre ha sido huérfano", ya que técnicamente su abuelo seguía desaparecido . Finalmente, el 16 de marzo de 2011 el cuerpo de su abuelo fue identificado en una fosa común de Magallón junto con otros 80 represaliados.

Testigo de asesinatos

El segundo testigo que ha comparecido ante el Tribunal, Rafael Espino , de la Asociación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), ha detallado que acudieron a la Audiencia Nacional solicitando el auxilio de la justicia para encontrar a las 111 personas desaparecidas en su localidad. Su asociación decidió en septiembre de 2008 presentar una denuncia en la Audiencia porque consiguieron el testimonio de una persona de 97 años que presenció cómo se produjeron los asesinatos , por lo que pudieron localizar una de las fosas comunes.

Espino, que tiene siete familiares desaparecidos, entre ellos un abuelo y un bisabuelo que fue alcalde socialista de Aguilar de la Frontera durante la República, señaló que el juzgado de la localidad nunca les ha prestado ayuda y ni siquiera ha permitido que se registrase la muerte de una persona desaparecida en la Guerra Civil .

Desapariciones «forzadas»

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, Manuel Perona, ha asegurado también que, antes de acudir a la Audiencia Nacional, ningún juzgado les prestó auxilio judicial para encontrar a los cerca de 1.900 desaparecidos que se calcula que hubo en esta comunidad autónoma. La denuncia que presentó la asociación se refería entre otros a ocho desaparecidos en Manresa (Barcelona), uno de los cuales era su abuelo. Las investigaciones llevadas a cabo por la asociación les permitieron determinar que los ocho desaparecidos fueron sacados por la Guardia Civil de la cárcel de Manresa y en el viaje hacia Barcelona desaparecieron. "Consideramos que es una desaparición forzada sin dar razón del paradero, lo que no puede prescribir", afirmó.

Restos de siete personas en la caja 198

El último testigo, Pedro Fausto Canales, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por la desaparición de diez personas de la localidad de Pajares de Adaja (Ávila). "Queríamos que se reconociera en sede judicial la desaparición forzada de las diez personas que fueron secuestradas en el verano de 1936 y de los que todavía no se ha podido recuperar sus cuerpos", señaló. Explicó que, en la noche del 20 de agosto de 1936, un grupo de falangistas recaló en el pueblo y, con la ayuda de personas afines, entraron en siete domicilios. Una de estas viviendas era la de su padre, que fue sacado de la cama cuando él tan sólo tenía dos años. Su padre, junto con el resto de secuestrados, fue fusilado en los aledaños de la localidad de Aldeaseca.

Mañana concluirán las declaraciones de la defensa con los últimos tres testigos

Canales señaló además que, el 23 de marzo de 1959, se hizo una exhumación sin consentimiento de los familiares en la fosa común en la que se encontraba su padre y se llevaron los restos al Valle de los Caídos, un monumento que fue inaugurado unas semanas más tarde. "Se supone que hay restos de siete personas en la caja 198, hemos intentado recuperar los restos por la vía administrativa pero ha sido imposible", dijo el testigo antes de explicar que si en sede judicial se dictamina la verdad, se investiga y se hace justicia, nosotros nos sentiremos reparados .

Últimos testigos

Las comparecencia en el juicio contra Garzón finalizará este martes con la declaración de otros tres testigos. Tras estas diligencias, se dará paso a la prueba documental y, posteriormente, a los informes de las partes y al turno de último palabra del acusado, por lo que el caso podría quedar visto para sentencia este mismo martes. La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación . La Fiscalía , al igual que en el resto de causas abiertas en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez suspendido no cometió delito alguno.