Sanidad intenta salvar el plan de salud mental con una inyección de 39 millones y la promesa de más profesionales especializados

Esta vez la propuesta llega con menos mar de fondo. El Ministerio de Sanidad ha incorporado cambios a petición de los psiquiatras que ayudarán a salvar las reticencias de comunidades que lo rechazaron. Hasta hoy no se conocerá la posición de las autonomías del PP, las más críticas. La Comunidad de Madrid ya ha adelantado que si los profesionales respaldan el proyecto «que son los que deben aplicar la norma», lo apoyarán. «Madrid no está en contra del plan de salud mental, solo queremos un proyecto sólido solvente avalado con el criterio de los expertos», explican fuentes de la Consejería de Sanidad.

Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, reconoce a ABC las mejoras introducidas en el nuevo documento tras nuevas reuniones con el Ministerio. Aunque cree que la estrategia está lejos de ser perfecta. «Estamos de acuerdo con los cambios, pero creemos que el proyecto tiene una excesiva carga ideológica. Las enfermedades mentales no se explican solo por los determinantes sociales. Eso implicaría que una persona con una buena situación económica no podría tener esquizofrenia. Hay determinantes biológicos importantes, Sanidad nos ha escuchado, pero el concepto biopsicosocial de las enfermedades mentales solo se menciona en un par de ocasiones».

A los psiquiatras también les preocupaba que la estrategia abogara directamente por la deprescripción, es decir por dejar de recetar antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos y otros medicamentos psiquiátricos utilizados en la práctica común. Sanidad defendía esta práctica porque considera que se estaban medicando malestares de la vida cotidiana.

En la redacción final se ha llegado a un punto intermedio. Se ha cambiado el concepto por el uso racional de los tratamientos. La deprescripción solo se aplicará a «hipnosedantes y antidepresivos cuando sea indicada y según la evidencia científica», reza el nuevo documento al que ha tenido acceso este periódico.

«Si abogamos por la desprescripción, estaríamos demonizando y estigmatizando fármacos que son muy útiles y necesarios en el tratamiento de muchos enfermos. Creemos que uso racional es el término más adecuado y el que más se ajusta a la realidad», defiende Díaz Marsa.

El plan recomienda campañas dirigidas a la población general y a los profesionales sanitarios «en materia de uso adecuado de psicofármacos y otras alternativas disponibles, cuyo contenido esté basado en la evidencia científica».

También se establecerán «recomendaciones basadas en una revisión exhaustiva de la evidencia científica disponible, así como en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a las personas».

El otro caballo de batalla del plan era la memoria económica. En la primera redacción no se indicaba ninguna cifra y en la que este viernes se aprobará aparece una financiación inicial de 39 millones de euros. De nuevo, es un primer paso para los psiquiatras, pero es una cantidad «insuficiente». Más aún cuando uno de los objetivos es impulsar la creación de nuevas plazas especializadas en salud mental. Se necesitan más psicólogos, psiquiatras y enfermería especializada en salud mental para reforzar a unos hospitales hipersaturados.

Tampoco entendían los psiquiatras que la estrategia de salud mental limitara a un 90% el número de plazas para formar psiquiatras en el MIR cuando los hospitales ya estaban ofreciendo el cien por cien en psiquiatría infantil, el 98% de psiquiatría de adultos y una cantidad similar de psicología clínica. Era un sin sentido en un momento en el que se necesitan cada vez más profesionales especializados. Este aspecto queda corregido y se añade el compromiso de impulsar la acreditación de nuevas plazas con la ayuda de las comunidades autónomas.

El proyecto llega al Consejo Interterritorial de Salud con la urgencia de las familias afectadas y con la desesperación de profesionales sin medios para acometer el estallido de enfermedades psiquiátricas tras la pandemia.