La oncóloga que 'salvó' Ibiza en pandemia pierde su plaza fija por el catalán

Esta gaditana de 36 años, que a temporadas intermitentes sacó adelante sola el servicio de Oncología de Ibiza y Formentera cuando nadie quería trabajar en la isla, se queda ahora sin su plaza como consecuencia de una «decisión política» del anterior gobierno de la socialista Francina Armengol.

Quílez es miembro del comité científico de la Sociedad Europea de Oncología Médica (SEOM) y está especializada en tumores de mama y ginecológicos, además de estar certificada como oncóloga médica por la Sociedad Europea de Oncología (ESMO). Ha rotado en hospitales de prestigio internacional, como el Presbyterian Hospital de Nueva York, el Royal Marsden de Londres y la Clínica Universidad de Navarra durante su residencia. Habla inglés, francés y entiende «perfectamente» el catalán. «Pero no sirve de nada», critica ante la «injusticia» de haber sido expulsada de las listas de admitidos del concurso oposición del Servicio balear de Salud (IB-Salut) por no tener un título B2 de lengua catalana (nivel intermedio avanzado).

Para más inri, su plaza y otra se han quedado desiertas, y han sido ocupadas por oncólogos interinos a los que el actual Gobierno regional (del PP) no les exige el catalán. «Es todo un sinsentido», denuncia desde su consulta en el Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne, donde ultimaba su tesis doctoral a la espera de volver a Ibiza para estabilizarse laboralmente y seguir atendiendo a sus pacientes.

El rocambolesco caso de esta carismática oncóloga es el resultado del requisito lingüístico que la expresidenta balear Francina Armengol impuso a mitad del proceso y sin avisar. Las bases del concurso oposición inicialmente eximían de saber catalán a todos los médicos y enfermeras de 49 categorías profesionales, pero tras una tormenta política con sus socios nacionalistas de Més, Armengol decidió que sólo 10 categorías médicas quedarían exentas del requisito. Sorprendentemente, a oncólogos, cardiólogos y los médicos de familia -categorías deficitarias en Baleares- se les exigió el título B2 para conseguir una plaza fija.

El requisito de quita y pon de Armengol pilló a Alicia preparando su tesis doctoral en Francia en marzo de 2023. Dos meses antes, el 8 de enero, había renunciado a su interinidad en Ibiza tras haberse inscrito en el proceso de estabilización de plazas del IB-Salut.

«Mi intención era regresar tras completar una estancia en el extranjero que me permitiera finalizar la tesis con mención internacional y un 'expertise' en cáncer de mama y ginecológico», cuenta Quílez, que no fue informada de que las bases de la convocatoria cambiaron en marzo. Se publicó en la página web del IB-Salut pero ella se acaba de enterar ahora cuando Salud le ha dado el portazo.

De momento se queda en Francia, donde le ofrecen mejores condiciones «tanto de salario como para el desarrollo profesional», y donde es investigadora de ensayos clínicos sobre cáncer de mama y ginecológico. Los franceses no se explican aún cómo la han dejado escapar en España.

Alicia llegó a la Isla en marzo de 2020, días antes del confinamiento. Hizo guardias de medicina interna -incluidas guardias en la unidad Covid durante la pandemia-, se desplazó de Ibiza a Formentera para pasar consulta una vez a la semana, y a menudo trabajó dos tardes extra para bajar las listas de espera.

«En este tiempo, vi llegar a dos oncólogos mientras cuatro se marchaban», recuerda sobre la gran inestabilidad que sufría el servicio de oncología, donde cada día era más difícil conseguir días libres para seguir formándose y apenas sacaba huecos los fines de semana para preparar su tesis doctoral, mientras sus jefes seguían racaneando la interinidad que le habían prometido antes de trasladarse a Ibiza.

Hasta que llegó una oferta mejor y renunció el 8 de enero de 2023 poco después de lograr la interinidad. En la foto de su último día se ve a una Alicia sonriente despidiéndose de sus compañeros con la promesa de regresar con su tesis bajo el brazo.

«¿Qué no vuelve?». En Ibiza lloran su pérdida porque se han quedado «sin su referente, el faro que las guiaba». Las pacientes con cáncer cuentan que desde que se marchó la doctora Quílez, en cada revisión tuvieron un médico distinto que viajaba desde Palma.

Mari Carmen Jiménez, maestra catalana de 45 años afincada en Ibiza, superó un agresivo cáncer de mama detectado en 2020. A ella le daba igual en qué idioma hablara su oncóloga: «Si hay dos lenguas oficiales y se puede expresar en una, ¿qué problema hay?», se pregunta.

El precario servicio de oncología de Can Misses empezó a remontar este verano cuando, por primera vez en años, las cinco plazas de Oncología de Can Misses se pudieron cubrir. El Gobierno del PP declaró estas plazas de muy difícil cobertura con un plus económico de 20.000 euros anuales que ha servido de incentivo para los médicos.

«Se han cubierto, sí, pero nos falta Alicia», replican las pacientes, que no entienden por qué el IB-Salut, ahora en manos del PP, ha buscado una nueva oncóloga interina en vez de ofrecer a Quílez un plazo de dos años para sacarse el catalán para que se quede su plaza fija y haya estabilidad en el servicio.

Según la convocatoria de oposiciones, Alicia tampoco tiene derecho a una moratoria porque no estaba trabajando en Baleares en el momento del fin de la convocatoria: renunció apenas 16 días antes.

«Un año y cuatro meses después de modificar las bases del concurso, me han excluido», critica mostrando la resolución final de julio de 2024 donde se le comunica la exclusión a pesar de haber aparecido en todas las listas de admitidos y aprobados durante todo el proceso, y de haber preparado y superado el examen.

Quílez ha presentado un recurso de reposición ante el Servicio de Salud pero el actual ejecutivo de Prohens lo ha desestimado. El PP suprimió el catalán en la sanidad en agosto de 2023, pero alega que no puede aplicar la medida con efecto retroactivo.

Alicia está dispuesta a ir a los tribunales contra esta «decisión arbitraria que responde a intereses políticos» y que se ha aplicado de manera desigual e injustificada a los trabajadores del IB-Salut.

Su abogado ha solicitado el expediente completo para revisar los recursos interpuestos por la Obra Cultural Balear y el sindicato STEI. Ambos exigieron al Gobierno de Armengol que el catalán fuera requisito en la sanidad tras una campaña de acoso contra médicos que no atendían en catalán.

«Un paciente oncológico lo que necesita es que lo curen, no le importa nada en qué idioma le curen», zanja Ester Boo en contra del requisito lingüístico. Ella es otra de las pacientes que se manifestó a las puertas de Can Misses para pedir oncólogos y que se dejara la sanidad al margen de la política.

«La verdad es que a día de hoy puedo decir que es la mejor doctora que he tenido», sostiene Boo, que ve «fatal» que habiendo falta de oncólogos, se prescindiera de ellos por un idioma. «A mí me da igual que me hable catalán o castellano porque entiendo los dos. Lo que me da confianza es que sea la misma persona», defiende.

El Gobierno regional capea esta herencia envenenada de Armengol y asegura que no puede cambiar el requisito a posteriori. Hace unas semanas anunció que aceptaría a los celadores expulsados de las bolsas de trabajo por el anterior ejecutivo en una situación similar con un requisito que exigió a posteriori. La justicia dio la razón a los trabajadores.

Alicia también cree que ganará, aunque el proceso podría alargarse años. Mientras tanto, le duele que los políticos hayan «jugado» con su vida profesional y personal «como si fuéramos fichas de ajedrez movidas al son de intereses políticos», en vez de ser valorados por el esfuerzo y dedicación. «No se puede proteger una lengua a costa de desatender la salud».