Un promotor planea levantar casas en el entorno del dolmen de Montelirio
Castilleja de Guzmán tramita un plan que los arqueólogos tildan de «proyecto urbanístico criminal»
La alcaldesa defiende la necesidad de construir viviendas y pone la pelota en el tejado de la Junta para que lo autorice
1991: el año en el que se destruyó parte de un dolmen

«Un proyecto urbanístico criminal». La crisis demográfica y los problemas de acceso a la vivienda están a punto de asestar un golpe mortal a uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del sur de Europa, el del entorno de Montelirio, en el mega- ... sitio de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán. Ambas localidades, separadas por escasos metros, afrontan su desarrollo de manera diametralmente opuesta. Mientras el pueblo gobernado por el popular Ramón Peña se ha volcado en la conservación y puesta en valor de su enorme patrimonio, el vecino, liderado por la alcaldesa socialista María del Mar Rodríguez, ha primado la construcción inmobiliaria para «impedir que los jóvenes se marchen del municipio», aunque esa medida suponga un atentado contra la huella de sus propios antepasados.
Esta forma de proceder ha llegado a la esfera internacional, que es la misma en la que planean desde hace años estos notables hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, las últimas investigaciones realizadas en torno a esos descubrimientos –en Montelirio no se realizan nuevas excavaciones desde 2010– y en especial del rico ajuar funerario hallado en la llamada tumba de la señora de marfil, han constatado el cosmopolitismo de este sitio durante el Calcolítico, a apenas seis kilómetros de la actual Sevilla. Considerada como la sociedad temprana más importante de la península, estaría, además, liderada por mujeres, lo que amplía aún más su excepcionalidad y trascendencia histórica.
Todo esto parece ignorar o directamente haberse olvidado el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, ya que ha promovido la modificación del planeamiento urbano a instancias de la sociedad promotora Coliseum Real Estate para desarrollar urbanísticamente el plan parcial número 4 de esta localidad, localizado en el entorno circundante al BIC. Esto es, la edificación de unas casas adosadas a escasísimos metros de donde se tiene constancia hay una necrópolis. Si bien esta parcela está fuera del radio que sí goza de la máxima protección, se encuentra anexa a la misma.
Cabe recordar que desde 2010 todo este entorno está protegido por la declaración de Zona Arqueológica aprobada por la Junta de Andalucía para 779,16 hectáreas de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Como tal, los expertos explican que estos terrenos «forman parte indivisible del mega sitio calcolítico», por lo que su uso como vivienda «amenaza de manera irreversible la integridad de un yacimiento de indiscutible valor histórico y cultural». Estas palabras forman parte del manifiesto del Grupo Atlas de la Universidad de Sevilla de investigación en Prehistoria Reciente que firmó junto a las asociaciones Los Dólmenes, Valencina Habitable y de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), Ben Baso, Ándalus, Niculoso Pisano, Velázquez por Sevilla, Fabricando el Sur, la Asociación Histórica Retiro Obrero, la Asociación de Amigos del Monasterio de San Isidoro del Campo y Joaquín Egea, portavoz de la Asociación por la Defensa de Andalucía (Adepa).
Recogida de firmas
El último paso para tratar de frenar esta tropelía contra el patrimonio ha sido la apertura, la semana pasada, de una campaña de firmas en Change.org. Cuando se dé cuenta del número de firmantes también se informará de algunos de sus nombres, insignes «expertos de la arqueología internacional», avisa el investigador del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla Leonardo García Sanjuán. El catedrático, muy ligado a la investigación y la producción científica en relación a este enclave, ya remitió una carta pública en la que criticaba que el tholos fue tapado tras su excavación entre 2007 y 2010 y «quedado abandonado por la administración municipal», además de que el entorno de Montelirio ha venido siendo usado como aparcamiento y vertedero de basuras y escombros. García Sanjuán, en declaraciones a este periódico, tilda de «bochorno internacional» estas actuaciones, de ahí su empeño en «que se detenga este desatino, un proyecto urbanístico criminal».
Para él y sus colegas, la construcción de viviendas en este espacio supondría la destrucción del registro arqueológico y condenaría al tholos a estar «encarcelado en una siniestra senda de hormigón y ladrillo». Abundan los expertos en que estas casas no son compatibles ni con la conservación, ni con la protección, tampoco con la difusión del yacimiento. Igualmente «impedirían su integridad espacial, paisajística y visual con el resto de la Zona Arqueológica» y, lamentan, supondría la «destrucción de importantes restos prehistóricos, tanto de los ya conocidos y documentados como de los aún no excavados».
En este punto estriba la gran preocupación de los científicos, de culminarse el proceso iniciado por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, ya sería demasiado tarde, por mucho que el gobierno municipal defienda la legalidad de la operación y el respeto al patrimonio. De hecho, sostiene la alcaldesa, este cambio en la tipología del suelo podría «redundar positivamente» en la puesta en valor del entorno, incluso con la creación de espacios dotacionales para acercar el legado patrimonial a través de un centro de interpretación.
Mientras tanto, pone los huevos en dos cestas, la del desarrollo urbanístico que venga a paliar el déficit de espacios residenciales, y la de que, en su defecto, le permita conseguir una mayor ampliación del área de protección del BIC. «Lo que está protegido debe protegerse pero, si no, no podemos renunciar a construir viviendas ya que nuestros jóvenes se nos están yendo». Castilleja de Guzmán experimentó en las últimas décadas un boom poblacional y actualmente no alcanza los 3.000 habitantes. Además, tiene un grave problema de suelo, ya que el término municipal está comprendido en apenas 2 kilómetros cuadrados. Tampoco cuenta con unas arcas boyantes y pasó 10 años con los presupuestos prorrogados. Así que la posibilidad de comprar los terrenos –sólo cuenta en propiedad con una parcela, la del dolmen– se antoja casi imposible. En cualquier caso, critican los arqueólogos, María del Mar Rodríguez parece más que proclive a satisfacer la demanda de la promotora Coliseum Real Estate.
Hace justo un año, la Alcaldía resolvía aprobar el documento de avance de la modificación de las normas subsidiarias del municipio en el sector norte del Plan Parcial PP-04 llamado Dolmen de Montelirio a petición de la promotora Coliseum Real Estate, S. L. U. que permitiría la construcción de una urbanización en la parcela aledaña al dolmen. María del Mar Rodríguez defiende su postura aduciendo que, ante la falta de espacio, cualquier suelo es idóneo para hacer casas y evitar el éxodo de habitantes. Además, insiste en que justo enfrente hay un instituto denominado desde el pasado verano 'Dama de Marfil'. En unas recientes jornadas en dicho centro volvieron a encontrarse la alcaldesa y García Sanjuán, quien de nuevo le solicitó parar los intentos de la promotora. Pero por parte de la regidora hay una respuesta clara: «Si la Junta dice que se puede por qué vamos a renunciar a las viviendas. Ni entorpecemos, ni favorecemos», explica a este periódico. La alcaldesa socialista dice «entender» a los conservacionistas, pero vuelve a insistir en que estas denuncias públicas han llegado adelantadas. «Estábamos obligados por ley a tramitar este requerimiento. Es el primer paso. Es la administración autonómica la que debe decidir. Posteriormente no sabemos los pasos a seguir. Si se aprueba el cambio de suelo y se actúa habrá que realizar las catas arqueológicas correspondientes y preservar lo que pueda salir», destaca.
El 21 de octubre de 2024 la delegación de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular devolvió al Ayuntamiento el 'Análisis de la propuesta final del plan', para cuya elaboración y remisión cuenta con 15 meses. En este tiempo, Castilleja de Guzmán deberá presentar la propuesta para poder realizar la declaración ambiental estratégica, si está todo en orden. La respuesta de la Junta obliga a incluir en ese informe «una actividad arqueológica que identifique y valore la afección al patrimonio».
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