editorial
Gasto en Defensa bajo sospecha
El presidente del Gobierno ha despertado suspicacias sobre la firmeza de España como aliado al plantear que el coste del cambio climático deba considerarse como militar
El presidente del Gobierno ha despertado las suspicacias de la prensa internacional con su comparecencia posterior a la ronda de consultas que celebró con nueve partidos políticos la semana pasada. Mientras en España el aspecto más controvertido ha sido que no se siente obligado a llevar al Congreso el incremento del gasto en defensa, en el exterior dos cuestiones han despertado extrañeza: la afirmación de que, por su situación alejada de la amenaza rusa, España debe contabilizar sus gastos en seguridad como si fueran de defensa y la desconcertante propuesta de que el gasto militar debe ser ampliamente redefinido para incluir los esfuerzos contra el cambio climático.
La respuesta no se ha hecho esperar. Fuentes de la Comisión Europea han confirmado a ABC que no habrá debate porque para determinar si se trata realmente de gastos militares se recurrirá al estándar fijado en la Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas (Cofog), una taxonomía creada por la OCDE en 1999 y que es ampliamente utilizada por la ONU, Eurostat y otras organizaciones económicas internacionales. La OTAN, por su parte, define como gasto militar «los pagos realizados por un gobierno nacional (excluyendo las autoridades regionales, locales y municipales) específicamente para satisfacer las necesidades de sus Fuerzas Armadas, las de los aliados o las de la Alianza». Siempre hay discrepancias en el detalle. Por ejemplo, Canadá no incluye su guardia costera como gasto en defensa, pero sí las pensiones de sus veteranos. Según la OTAN, ambos gastos son computables como militares.
La definición de gasto militar es importante por dos razones. La primera es que Bruselas permitirá acogerse a la cláusula de escape del pacto de estabilidad sólo si se acredita el gasto como militar. La segunda es que en la cumbre de la OTAN de junio se volverá a baremar la aportación de cada miembro y España se arriesga a volver a quedar como el aliado que menos invierte en defensa. Tampoco han pasado inadvertidos para los demás países los intentos por redefinir el gasto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya intentó sin éxito en la última reunión del Ecofin que se incluyera la protección contra el cambio climático como gasto militar. Cuerpo cosechó amplias críticas porque sus colegas consideraron que el intento de reformar el Cofog «supondría un retraso inaceptable».
La persistencia de Sánchez en este asunto ha logrado que España aparezca como una nación sospechosa ante sus aliados. Y todo se debe a su prurito por hacer más digerible para sus socios de la izquierda radical con los que gobierna la realidad de que el gasto militar es militar y no humanitario ni ecológico. De paso, el presidente del Gobierno confunde a la opinión pública, tratando como idiotas en vez de ciudadanos adultos a quienes debería explicar la delicada coyuntura en la que nos encontramos precisamente porque llevamos muchos años sin hacer los deberes. Lo que tampoco debe olvidar es que los últimos seis años y nueve meses han sido porque él lo ha consentido.
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