Expulsión y derribo, la doble condena de los afectados de la línea 7B

El desconcierto se entremezcla con el tremebundo sonido de las máquinas de demolición. Susana Ramos e Isabel Bello-Morales, vecinas del número 20 de Ventura Argumosa, no quitan ojo a la pequeña grúa que en estos momentos devora sus casas. Y es que, el pasado mes de junio, la Comunidad de Madrid solicitó a este ayuntamiento el derrumbamiento de 32 nuevos inmuebles, después de que en abril, el informe que justifica la tramitación de emergencia de las obras detectase «grave peligro para personas y bienes».

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Entre ellos, los hogares de estas dos madrileñas. «Pero ¿las demoliciones no comenzaban el día 18?», se preguntan perplejas. No dudan en preguntar en la oficina de atención a los vecinos afectados, en la misma calle. Sorpresa. «Las obras empezaron hace una semana», revela, con asombro, la trabajadora allí presente.

Susana e Isabel fueron desalojadas de sus viviendas hace ya dos años y medio. Evitan deambular por los alrededores. Al menos Isabel, que asegura que cuando lo hace se siente «secuestrada». Y es que han pasado 17 años desde que «la negligencia en la construcción y una mala elección del trazado» han abocado al municipio a un «futuro incierto». Desde entonces, más de 600 viviendas se han visto afectadas. Y, hasta la fecha, 88 familias han sido desalojadas y 41 casas demolidas. En total, 217 personas han tenido que abandonar sus inmuebles.

Y más de 70 millones de euros invertidos, según datos oficiales, en actuaciones que no han conseguido solucionar el problema de fondo. «Esto nos lo explicaron desde el Colegio Oficial de Geólogos. Lo que han provocado las obras es que el agua –con una alta salinidad– se disperse de manera incontrolable por las oquedades del edificio, corroyéndolo. Llevamos años pidiendo el cierre de la línea y un posterior estudio del suelo», aclaran.

De este bloque, son 13 las viviendas que se encuentran en proceso de derribo. Las dos mujeres han accedido a desplazarse hasta la zona cero «de la catástrofe» para contarle a este diario el sufrimiento que llevan padeciendo desde hace años: «Nadie está preparado para la pérdida repentina de su casa». Rabia. Frustración. Aflicción.

No hay que pasar por alto que, detrás de cada calvario, calamidades varias. Cuando las desalojaron por primera vez –entre 2018 y 2019, no recuerdan bien– Susana se encontraba pasando por un cáncer. «En aquel momento me estaban administrando quimioterapia. No tenía fuerzas para dedicarme a una mudanza. Pedí no trasladarme a otra vivienda. La Comunidad de Madrid me informó de que si me quedaba en mi casa, perdería el derecho a rehabilitarla cuando el problema –el primero de muchos– de subsuelo se solucionase. Efectivamente, los desperfectos no me los repararon».

Isabel ha sido desalojada hasta tres veces. La segunda vez le avisaron con tan sólo quince días de antelación. En un principio, le aseguraron que tendría que abandonar el inmueble en abril y le prometieron que volvería en unos cuatro meses. Pero no se fue hasta septiembre –mientras, asentada entre cajas–. Y no volvió hasta después de un año. Además, cuando regresó a su casa se encontró con otros desperfectos: «Sanitarios y escaleras rotas, paredes malpintadas...».

Al principio, la Comunidad de Madrid ofrecía a los desalojados apartahoteles ubicados cerca del aeropuerto o pisos en alquiler que el mismo Gobierno regional sufragaba. Cuenta Isabel que estas habitaciones eran de 16 metros cuadrados. Ni siquiera contaban con cocina. Las familias numerosas tuvieron que separarse en varias habitaciones: «Las condiciones eran indignas». La madrileña decidió irse a vivir a Alcalá con su madre. Pero cuenta que su hijo Álex accedió habitar en uno de estos apartahoteles por cercanía a su trabajo. No obstante, terminó abandonando aquella habitación «plagada de chinches».

La segunda vez que los vecinos de San Fernando fueron obligados a desalojar su hogar, la Comunidad de Madrid, tras las quejas y el descontento de sus gentes, decidió que los apartahoteles serían cosa del pasado. Facilitaron más pisos en alquiler.

Explica la madrileña –que cuenta que tardó cinco meses en encontrar un lugar donde aceptaran las nuevas condiciones de contratación– que «aquella segunda vez nosotros mismos teníamos que firmar que éramos los responsables del alquiler. Estos pasaron a estar a nuestros nombres. Se debió a que muchas personas, en el primer desalojo, no querían volver a sus casas hasta que todos los desperfectos ocasionados por las obras no estuvieran solucionados. Así, la Comunidad de Madrid se aseguraba de que los vecinos regresaban a sus hogares, y en el caso de negarse, pagar ellos mismos el alquiler».

Ahora, a Isabel, la Comunidad, hasta que dure su contrato de emergencia, le ofrece 1.200 euros mensuales para pagar el alquiler. Revela que Tinsa tasó su vivienda en 198.000. En casos anteriores, relata que las indemnizaciones se dieron un año después de reconocerse dicha cantidad. «Lo que está pasando ahora es que hay vecinos a los que se les está acabando el contrato de emergencia, ya no les están pagando los alquileres y ni rastro hay de las indemnizaciones», señala.

«Estamos hablando de un dúplex de 95 metros cuadrados con piscina y garaje. Si este problema de Metro no existiese, yo no vendería mi casa por menos de 300.000 euros», interviene Susana, que, además, reformó toda su vivienda dos años antes de que la desalojaran. «La diferencia entre lo que dice la Comunidad de Madrid con Tinsa y lo que dice nuestro perito arquitecto es de 100.000 euros. Él mismo nos decía que le parecía indignante el dinero que nos estaban ofreciendo», expresan irritadas. Además, señalan irónicas que el Gobierno regional «nos indemniza por la casa, pero nos deja en propiedad el suelo, que figura en nuestro catastro. Eso es lo que nos queda».

Con esto, Isabel señala que terminó de pagar su último mes de hipoteca cuando la echaron definitivamente de su casa: «Fue en mayo de 2022. No sabes lo doloroso que es decir por fin he pagado mi hipoteca y que inmediatamente te la quiten. Me reconfortaría saber que dentro de equis meses la tengo de vuelta, pero ni siquiera saben decirnos cuándo vamos a poder regresar. Así que ahora mismo no tengo nada. Sólo incertidumbre».

Aun sin casa, ambas mujeres siguen pagando gastos de comunidad del bloque afectado. «Todos los meses pago 100 euros de este edificio y otros 70 por la vivienda en la que me encuentro ahora mismo. Y estos gastos no nos lo paga la Comunidad», detalla Susana. «Nos dijeron que pese a no tener casa, podríamos seguir viniendo a bañarnos a la piscina. ¿Creen que puedo venir a bañarme tan tranquila mientras veo cómo tiran mi casa abajo?», expresa apenada Isabel.

Asimismo, afirman estar viviendo una batalla «que no parece tener fin». Y aseguran, una vez más, estar pasando un auténtico calvario. Pero no sólo ellas, también los vecinos que viven en las inmediaciones. Lo comprobamos cuando nos adentramos en el edificio damnificado. Durante la conversación, varios de estos residentes expresan estar viviendo una pesadilla: «Convivir con este ruido constante es agotador».

Isabel observa en silencio la gigantesca tela blanca que forra su casa y, según ella, «encubre un mal titular». «20 años me ha costado hacerme con ella», lamenta. Cuenta que en diciembre volverá con su madre: «No podría pagarme un alquiler de 1.200 euros». Evoca recuerdos. Susana también lo hace: «Tengo en San Fernando toda mi vida. Me han obligado a alejarme del municipio donde vivía, donde quería y quiero estar. Y no sé cuándo podré volver».