El Gobierno aprueba una reforma de la ley del Poder Judicial para aumentar los jueces sin pasar por la oposición

La norma aumentará los jueces que acceden a la carrera judicial sin la tradicional oposición libre, por la que consiguen su plaza la inmensa mayoría de ellos, entre otras cosas con una modificación sustancial del cuarto turno, que según ha detallado el ministro solo cubre casi un 10% de las plazas, cuando según ha explicado Bolaños el espíritu de la ley de 1985 es que uno de cada cuatro jueces accediera por ese sistema, distinto al de la oposición ordinaria. Esa misma vía, minoritaría y exclusiva hasta ahora para ser juez sin pasar por la oposición, se extiende ahora también a la carrera fiscal.

Además, el titular de Justicia ha anunciado cambios en la propia oposición para acceder a ambas carreras (se trata del mismo proceso selectivo para jueces y fiscales), como sustituir una prueba oral por otra escrita. Y también garantizar becas para las opositores con menos recursos, todo ello para, como ha insistido Bolaños, facilitar el acceso a las plazas de juez, fiscal, letrados de la Administración de Justicia (LAJ) o abogado del Estado.

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También ha anunciado un registro público de preparadores de oposiciones previa autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en muchos casos los propios jueces o magistrados en ejercicio y con experiencia. En la misma línea, ha avanzado que el Gobierno regulará la «financiación privada» de las cuatro asociaciones judiciales (que representan a casi el 60% de la carrera) para «garantizar su imparcialidad».

En definitiva, varias medidas que afectan a las carreras judicial y fiscal en nuestro país y que no son ajenas al discurso de este Gobierno sobre el supuesto carácter conservador de los jueces españoles. Y que el Consejo de Ministros anuncia mientras distintos juzgados y tribunales avanzan en la investigación de escándalos que salpican al propio Ejecutivo.

Se trata de buscar «la ampliación y el fortalecimiento» de ambas carreras, en palabras del propio ministro. Bolaños ha argumentado que la LOPJ necesitaba una actualización, ya que data de 1985, para «adaptarla al siglo XXI».

Entre los objetivos que ha citado está «reforzar la transparencia» y «garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal», mediante el establecimiento de un sistema de becas públicas de al menos el salario mínimo interprofesional (SMI) y por una duración de cuatro años.

Otra de las novedades del anteproyecto de ley al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros -y que tiene aún un largo recorrido, incluida la consulta a los órganos pertinentes, como el Consejo de Estado, antes de su eventual aprobación definitiva en las Cortes- es la modificación del sistema de ascensos. Tal y como ha detallado Bolaños, que ha acompañado este martes a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la comparecencia semanal en la sala de prensa de La Moncloa, se sustituirá un sistema «que tiene que ver con el sistema de vacantes como el actual», ha detallado, para implementar otro que se base en la antigüedad en el ejercicio de una plaza de juez. En concreto, será, de salir adelante la reforma, a los cinco años los jueces se convertiran en magistrados, y los abogados fiscales en fiscales. Todo ello, según el titular de Justicia, para dar mayores «certezas» a los miembros de la carrera judicial sobre su posibilidad de promoción laboral.

Igualmente, se modificará sustancialmente la comisión de ética de la carrera que actualmente forman siete personas elegidas por los propios jueces y magistrados. Se ampliará a nueve miembros y cuatro de ellos serán elegidos por las Cortes Generales, de entre catedráticos de ética o de filosofía del Derecho o de filosofía moral.

Fuentes del Gobierno aseguran que el sistema concreto de elección de cuatro de los nueve miembros de ese comité de ética (los otros cinco los seguirán eligiendo los propios jueces y magstrados) deberá estudiarse, y si se hará o no por una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados y el Senado. En principio, el Ejecutivo sería partidario de un sistema similar al de la elección de los nueve miembros de la Mesa del Congreso, que se hace con votaciones sucesivas de los candidatos propuestos por los distintos grupos parlamentarios.