El Gobierno abordará el cambio en la presidencia de RTVE tras las elecciones gallegas

El mandato de cinco de los nueve consejeros concluye a finales de marzo, y la operación incluirá la salida de la actual presidenta interina, Elena Sánchez, y la elección de un nuevo responsable máximo de la Corporación. Tres de los vocales que acaban ahora su mandato fueron propuestos por el PP, Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio; el cuarto por el PSOE, Ramón Colom; y el quinto por el PNV, Juan Baños.

A estas cinco salidas se une la necesidad de cubrir la plaza que dejó vacante la dimisión del anterior presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, con lo que la próxima renovación debe incluir la elección de seis consejeros nuevos; más de la mitad del órgano. Y esta cifra aún puede ascender a siete si Elena Sánchez, además de salir como presidenta interina, deja también su puesto como consejera. Una opción probable incluso para ella, que en las últimas semanas ha visitado La Moncloa en busca de una salida antes de que se confirme su cese en la presidencia.

Noticia Relacionada

La gestión de RTVE pone en peligro una subvención de 76 millones de fondos europeos

Emilio V. Escudero

Cultura advierte de que la externalización prevista en el 'Proyecto Haz', para formar a personas en capacidades digitales, está por encima de lo marcado por ley

Fuentes consultadas por ABC indican que Sánchez se habría postulado para dirigir el Instituto Cervantes, aunque por el momento no hay confirmación de su posible destino en caso de abandonar la Corporación.

La última renovación del consejo de RTVE se realizó mediante un acuerdo entre PP y PSOE, que incluyó también a Podemos y PNV, y que fue ratificado por las Cortes en febrero de 2021. Fue el primer gran pacto que alcanzaron el PSOE de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado y, por ello, fuentes de ambas formaciones no descartan ahora que se pueda alcanzar un nuevo acuerdo, aunque se admite que la operación no se anticipa fácil.

Los contactos aún no han comenzado a la espera de que pasen las elecciones gallegas y la intención es llevarlos con discreción. «Nadie se ha puesto en contacto con el PP», subrayan desde Génova, mientras fuentes socialistas señalan que su «voluntad es la de renovación con una mayoría que incluya al principal partido de la oposición». En realidad, es más que voluntad ya que los socialistas necesitan a los populares. La ley exige una mayoría parlamentaria de dos tercios (233 votos a favor) para la renovación del consejo de la Corporación, y el Gobierno solo puede alcanzar esta cifra de la mano del PP. Pero hay varias circunstancias que pueden interferir en lo que de partida parece un acuerdo obligado. Una de ellas es la coincidencia en el tiempo con las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, retomadas ahora con la mediación de la Comisión Europea, pero sin garantía cierta de que vayan a concluir en feliz acuerdo.

Un segundo posible escollo es el perfil del nuevo presidente de la Corporación, ya que el PSOE aspira a situar a alguien de su máxima confianza, cuando el PP tiene más fuerza parlamentaria que en 2021, y ambos partidos acordaron en aquel año la elección de Pérez Tornero como máximo responsable de la Corporación. Si en 2021 los populares contaban con 89 escaños frente a los 120 del PSOE, el grupo de Alberto Núñez Feijóo tiene ahora 137 frente a los 121 del partido de Pedro Sánchez. Además, el PP cuenta ahora con mayoría absoluta en el Senado. Este cambio de aritmética permite a los populares reclamar una cuota de nombramientos superior a la pactada hace tres años.

En contraposición, el PSOE se guarda la polémica carta de reformar la ley para que en segunda votación se rebaje la actual mayoría de dos tercios (233 votos a favor) a mayoría absoluta (176 síes). El Gobierno podría alcanzar este último número sin problema junto a sus socios parlamentarios (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y Podemos) pero esa reforma implicaría limitar la independencia de la corporación pública y el pluralismo en la elección de su consejo.

Además, ese cambio fue muy criticado por los socialistas cuando el PP lo aplicó en 2012, gozando Mariano Rajoy de mayoría absoluta. Para terminar, el sistema de mayoría reforzada fue implantado por el propio PSOE, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. Precisamente por ello, la actual mayoría de dos tercios fue reimplantada en 2017 a exigencia de los socialistas cuando el PP perdió la mayoría absoluta.

En lo que sí parecen estar de acuerdo tanto el PP como el PSOE es en aparcar la fórmula del concurso que se impulsó para la anterior renovación, y que tras muchos meses de trabajo resultó fallida, porque los 20 nombres finalistas no respetaban la paridad.

En el caso de que se produjera un nuevo bloqueo político que impidiera renovar el consejo de RTVE, el Gobierno podría intentar la vía de nombrar a un administrador único por real decreto, como sucedió en 2018 con Rosa María Mateo. El problema de esta vía es que ese precedente fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, y éste estimó los argumentos y anuló el real decreto. El órgano de garantías consideró que no existía la urgencia que argumentaba el Gobierno, y que el real decreto afectaba al derecho fundamental de participación política. Pero la nueva mayoría existente ahora en el TC podría no compartir este criterio.