El Congreso cerró 476 contratos menores hasta cumplir con la traducción de las lenguas cooficiales

La decisión trajo cola porque, para un mismo servicio, la traducción, se estaban concediendo doce contratos menores distintos. Las prisas, sin embargo, caracterizaron el aterrizaje forzoso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Hasta esta legislatura, el PP y el PSOE habían impedido su uso con su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja por un argumento compartido: el castellano es el idioma común de todos los españoles y el único que es oficial en todo el Estado y, por tanto, debe ser el utilizado en la sede de la soberanía nacional.

Los socialistas, como en aquello de la amnistía al 'procés', cambiaron de opinión. Esta vez, porque ERC y Junts exigieron la llegada del catalán –y por extensión del euskera y del gallego– a cambio de hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol, cuya lengua materna, por cierto, también es el catalán. De no haber atado sus votos, habría sido Cuca Gamarra, del PP, la elegida. Armengol, en la sesión constitutiva de las Cortes, prometió que iba a permitir el empleo de estos idiomas desde ese instante y, de hecho, la traducción echó a andar en el primer pleno de la legislatura, incluso sin contar aún con el aval reglamentario que permitía el uso del catalán, el euskera y el gallego. La ira de PP y Vox fue ignorada.

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Juan Fernández-Miranda

«Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios o suministros». Esa frase es la primera que se lee en la página web del Congreso, cuando se accede al área de la contratación menor. Aquellos 14.999,99 euros que se aprobaron para cada uno de los doce intérpretes iniciales, que trabajaban ya en el Senado –donde, por su carácter territorial, ya se permitía el empleo de lenguas cooficiales en determinadas iniciativas–, estaban al límite para evitar acudir al concurso público.

Esa práctica, que fuentes cercanas a la Mesa del Congreso siempre dijeron que iba a ser provisional, se ha prolongado durante diecisiete meses hasta alcanzarse un total de 476 contratos menores. Los 81 últimos se convalidaron en la cita de la Junta de Contratación celebrada este 11 de febrero, según ha podido saber ABC, a pesar de que en noviembre, por fin, se adjudicaron los contratos públicos a empresas que participaron en el concurso abierto por la Cámara Baja. Esos 81 contratos convalidados tenían un valor de 129.954 euros y correspondían a servicios realizados en los meses de noviembre y diciembre. Se supone que serán los últimos, porque el sistema de traducción que funciona desde enero es el definitivo.

En total, el valor de los 476 contratos menores adjudicados o convalidados entre el 19 de septiembre del 2023 y el 11 de febrero del 2025 se eleva a 1.104.569 euros. Es importante matizar que ese no es el gasto real, sino una estimación máxima de lo que podía suponer si los intérpretes trabajaban el máximo número de horas previstas por la Cámara Baja. Aún no se sabe el coste definitivo porque el Congreso tiene pendiente publicar el de los contratos menores del último trimestre del 2024. Hasta el 30 de septiembre, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la interpretación al castellano ha supuesto 567.997,98 euros de dinero público. A esto hay que sumarle, por otra parte, más de 1,6 millones de euros para adaptar tecnológicamente distintas salas de la institución para hacer posible la traducción simultánea en sesiones de comisiones.

Como ha venido informando ABC, el Congreso finalmente adjudicó cuatro contratos distintos para la traducción, la interpretación, la transcripción y el subtitulado. El máximo anual supondrá un desembolso de 3.990.315,14 euros. Casi cuatro millones más de lo que se destinaba hasta el cambio de opinión del PSOE.