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Atención en costas: 208 euros por persona y 24 por plaza y día de acogida

El presupuesto de Migraciones para este ejercicio era de 119,8 millones, insuficiente ya a estas alturas

Del «buenismo» que achacan a Escrivá a las dudas sobre los cuarteles de Robles

La inmigración por mar desborda las 35.000 personas calculadas por el Gobierno

Rescate de un fallecido a bordo de un cayuco el pasado mes de julio en Gran Canaria Reuters
Cruz Morcillo

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Casi 120 millones de euros fue el presupuesto que se estableció a finales del año pasado por Migraciones para la atención humanitaria en todo 2023. De ellos, 14, 7 millones estaban destinados a la acogida de emergencia y 7,2 a costas. Pero en este último se fijó la llegada de 35.000 personas, una cifra que ya se superó el 15 de octubre, a falta todavía de dos meses y medio para acabar el presente ejercicio. Cada una de esas personas que llega en cayuco o patera tiene asignado un coste de 208 euros para la atención en costa y luego se suman las partidas de los distintos recursos a los que se deriven.

No obstante, en ese plan se detallaba que la disponibilidad de plazas en el programa de atención humanitaria «debe estar supeditada a las necesidades reales, que según los datos históricos de llegadas a costas y de beneficiarios finales de acogida son bastante variables».

En el momento de dar forma a ese plan -noviembre de 2022-, la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración solo llevaba la gestión directa de los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla -1.294 plazas-, «manifiestamente insuficiente», señalaban, para atender las necesidades. En los últimos años, el resto de la acogida se ha cubierto mediante subvenciones a ONG con los siguientes precios de referencia. Cada plaza de acogida integral cuesta 42 euros al día; siete más si se trata de familias o perfiles vulnerables; 72 por plaza y día en los casos de acogida integral a posibles víctimas de trata de seres humanos; 36 euros cada uno de los migrantes que ingresa en los centros de atención, emergencia y derivación (CAED) para la respuesta inmediata ante grandes llegadas; la acogida de emergencia supone 24 euros al día y los traslados 172 por persona. La atención sociosanitaria en los CETI cuesta 350 euros por beneficiario.

El precio de la atención

humanitaria

Acogida/Servicio 2023

Precio máximo

42 €/plaza y día

Acogida integral

AI-familias/perfiles con vulnerabilidad

49 €/plaza y día

AI-posible víctima de trata

72 €/plaza y día

36 €/plaza y día

CAED

24 €/plaza y día

Acogida de emergencia

172 €/beneficiario

Traslados

163 €/beneficiario

Grandes ciudades

Atención en costas

208 €/beneficiario

Atención sociosanitaria CETI

350 €/beneficiario

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / ABC

El precio de la atención

humanitaria

Acogida/Servicio 2023

Precio máximo

Acogida integral

42 €/plaza y día

AI-familias/perfiles

con vulnerabilidad

49 €/plaza y día

AI-posible víctima

de trata

72 €/plaza y día

36 €/plaza y día

24 €/plaza y día

172 €/beneficiario

163 €/beneficiario

208 €/beneficiario

350 €/beneficiario

CAED

Acogida de emergencia

Traslados

Grandes ciudades

Atención en costas

Atención sociosanitaria CETI

Fuente: Ministerio de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones / ABC

Esas tasas de referencia se aplican también si hace falta echar mano de alojamientos externos, como ha pasado estas semanas: albergues, hostales, hoteles e incluso un balneario. «El empresario prefiere alojar a estas personas a tener cerrado su establecimiento. Hay oferta», indican desde Migraciones. Muchos pasarán poco tiempo, el justo para buscarse la vida.

Sobre el papel, no hay fisuras aparentes en la política migratoria del Gobierno en funciones, pero sí en la trastienda. Los ministros del Interior, Migraciones, Defensa, Transportes, Política Territorial, Exteriores y Presidencia se han reunido o han hablado en estas semanas de crisis para buscar soluciones. Una de ellas, pasa por abrir plazas de acogida en cuarteles de la Península, como ya se hizo en Canarias tras el colapso de Arguineguín (Gran Canaria). Pero la titular de Defensa, Margarita Robles, no era partidaria de esta opción y así lo defendió la primera vez que se planteó la posibilidad antes del Consejo de Ministros del pasado día 17.

Según fuentes conocedoras de esa reunión, Robles se opuso a ceder esas instalaciones, pero desde el ministerio de José Luis Escrivá se le reprochó que se negara a la medida de emergencia, mientras algunos cuarteles han sido usados como platós para rodar series y películas.

Las mismas fuentes aseguran que desde el departamento de Escrivá se filtró a un periódico que se utilizarían dichas instalaciones militares cuando la medida aún no se había aprobado formalmente, con el consiguiente enfado de Defensa.

La avalancha de llegadas ha tensado no solo el sistema de acogida, sino también a los ministros. Las fuentes consultadas aseguran que Escrivá declaró la crisis de emergencia con el fin de agilizar los trámites administrativos para la contratación y critican el «buenismo» exhibido en algunos momentos del que se hacen eco, dicen, los traficantes de personas.

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