Aldama se presentaba ante empresarios del fuel como «contacto estrecho del Gobierno»

En uno de los informes de la causa de la Audiencia Nacional en la que Aldama está investigado por formar parte, presuntamente, de una organización criminal de fraude del IVA de los hidrocarburos, se recoge que él dijo al otro empresario imputado Claudio Rivas, quien después sería su socio, que «tenía capacidad y disponibilidad para ayudarle en lo que quisiera».

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Fue la empresaria Carmen Pano, quien también figura entre los investigados por el juez Santiago Pedraz en la investigación que llevó a Aldama a prisión preventiva, la que se hizo eco de las palabras del empresario durante una reunión que ella misma presenció.

Según contó Pano a la Guardia Civil, Aldama, a quien conocía de mucho tiempo atrás, le manifestó el verano de 2020 que necesitaba dar con alguien que invirtiera en sus restaurantes de las Cuatro Torres de Madrid, para los que tenía problemas financieros. Ella le puso en contacto con Claudio Rivas, empresario del sector de los hidrocarburos, con quien mantuvieron una reunión entre finales de agosto y principios de septiembre de ese año.

Siempre según la versión de Pano, en dicho encuentro «Víctor de Aldama le dijo a Claudio Rivas que mantenía unos contactos muy estrechos con el Gobierno actual y que tenía capacidad y disponibilidad para ayudarle en lo que requiriera».

«Víctor de Aldama le dijo a Claudio Rivas que mantenía unos contactos muy estrechos con el Gobierno actual y que tenía capacidad y disponibilidad para ayudarle en lo que requiriera»

Carmen Pano

Empresaria investigada

Unos 15 días después de aquella reunión, según la declaración de Pano, Rivas le dijo que «independientemente de que le interesaba invertir en los restaurantes» para los que Aldama necesitaba un millón y medio de euros, «dado que quería invertir en el sector de los hidrocarburos le iba a proponer a Víctor de Aldama si quería participar e intermediar con sus contactos ante el ministerio dado que los trámites para obtener la licencia para operar suelen demorarse entre 12 y 18 meses». El interés de Rivas, según contó la empresaria, era «conseguir la licencia de operador para la empresa Villafuel», y pensó que Aldama, por esa vinculación que afirmó tenía con el Gobierno, le ayudaría a conseguirlo.

En enero de 2021, también según la declaración de Pano, Aldama, Rivas y ella acudieron al Ministerio de Industria, donde mantuvieron una reunión con «dos técnicos» en la que también estuvo Koldo García, asesor del ministro Ábalos, y el entonces jefe de Gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart.

Para la Guardia Civil hay evidencias de que la presencia de Koldo García en la sede del Ministerio de Industria suponía la posibilidad del trato de favor del Gobierno que esperaba Claudio Rivas.

La empresaria Pano relacionó la búsqueda de la licencia de Rivas con el pago de la vivienda vacacional en La Alcaidesa (Cádiz) con un coste mensual de 2.500 euros de la que el ministro Ábalos disfrutó, según la causa abierta contra él en el Supremo, hasta su cese, en julio de 2021.

En esas fechas, y sabiendo que «la intermediación en el ministerio era infructuosa», según recoge la Guardia Civil, «la organización criminal actuó a través de Have Got Time -la compañía de Carmen Pano y de su hija a través de la que se pagó el alquiler de la vivienda- mandando un escrito de resolución de contrato al exministro, instándole a abandonar la vivienda de La Alcaidesa ante el impago del alquiler, infiriendo que, al cesar la influencia que pudiera ejercer el exministro, el interés de la organización criminal en él decayó».

En las fechas en que los investigadores sitúan el supuesto fraude del IVA de los hidrocarburos y la vinculación de Aldama y Rivas, entre marzo de 2020 y julio de 2021, el ministro Ábalos y su asesor, Koldo García, habrían sido beneficiarios, supuestamente, de pagos de Aldama, hecho que se investiga en el Tribunal Supremo.

De lo abordado por la Guardia Civil en ambas causas se aprecia una búsqueda de intereses y beneficios recíprocos. Mientras Aldama buscaba negocio e influencia, Ábalos habría costeado, gracias al empresario y su entorno, un nivel de vida que no podía costear su sueldo como miembro del Gobierno.

Durante dos años, según los indicios recabados en la causa instruida por el magistrado Leopoldo Puente contra el aforado, el socio de Aldama, Alberto Escolano, habría pagado las mensualidades de un piso en la céntrica plaza de España para la pareja extramatrimonial de Ábalos, Jessica Rodríguez.

El juez también investiga la colocación de la mujer en dos empresas públicas, Ineco (dependiente de Transportes) y Tragsa (de Agricultura) sin necesidad de que acudiera, ni siquiera, a su puesto de trabajo, como ella misma declaró en sede judicial.

En la causa del Supremo también consta un contrato de compraventa de un piso en el Paseo de La Castellana entre Aldama y Ábalos que finalmente no llegó a firmarse pero, que según el empresario, habría sido otra vía para pagar al político el trato de favor que diera a las empresas que él representaba.