Un informe solicitado por Bruselas cuestiona el tope español de 1.000 euros para los pagos en metálico

El coto al uso del metálico en las compras o pagos de servicios profesionales fue una de las medidas más emblemáticas y controvertidas del proyecto del Gobierno, que decidió rebajar de 2.500 a 1.000 euros el límite máximo admitido por ley en este tipo de operaciones y de 15.000 a 10.000 euros cuando el pagador fuera un no residente a la busca de dificultar al máximo los fraudes fiscales vinculados al uso de efectivo.

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Los informes independientes elaborados por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, la Fundación Fide y la Fundación Impuestos y Competitividad admiten la potencial eficacia de la medida a la hora de combatir los fraudes en operaciones con metálico, pero cuestionan abiertamente la proporcionalidad de los nuevos límites establecidos por la ley, en línea con lo que es la posición del Banco Central Europeo que ya propinó un tirón de orejas a España por esta norma al considerar que este límite «tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros, reducirá significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago».

Otra de las peticiones formuladas a Hacienda es que ese límite se alinee con el resto de países de la UE. El Consejo Europeo realizó una recomendación para restringir el uso de efectivo en las operaciones que movieran más de 10.000 euros, pero dio libertad a los países para instaurar sus propios límites y España se ha situado junto a Francia e Italia en el grupo de los más estrictos con ese límite de 1.000 euros.

El informe de Hacienda a Bruselas deja claro que el Gobierno no tiene intención de modificar ese límite. Argumenta que el uso de efectivo ampara irregularidades administrativas e incluso comportamientos criminales, y que es muy utilizado por grupos criminales para blanquear capital y por empresas que quieren sumergir su actividad y operar por debajo del radar del Fisco. Y defiende también que los datos de incremento del uso de tarjetas como medio de pago y caída de las extracciones de efectivo de cajeros avalan la eficacia de la medida.

En realidad, esa ha sido la respuesta que el Ministerio de Hacienda ha dado a todas las objeciones planteadas por los evaluadores. La Comisión exigía al Gobierno o cumplir con las recomendaciones de la evaluación independiente o explicar los motivos por los que no se atenderían y el informe remitido a Bruselas es una sucesión de explicaciones de por qué las medidas aprobadas son las mejores posibles y no admiten enmienda alguna.

La evaluación independiente señala también debilidades en el valor de referencia catastral, el dispositivo ideado por Hacienda para homogeneizar el cálculo del valor fiscal de los activos inmobiliarios al objeto de poner punto y final a la elevada litigiosidad en este ámbito.

Fide, Impuestos y Competitividad y la asociación de asesores fiscales Aedaf exponen los riesgos que han percibido desde la entrada en vigor del mecanismo. Entienden que se ha convertido, como sospechaban desde el principio, en una subida de impuestos encubierta a los contribuyentes; que el criterio de configuración del valor de referencia es opaco; que no tiene en cuenta determinadas singularidades de los inmuebles a la hora de imponerles un valor; y que, por tanto, en algunas ocasiones, terminar gravando una riqueza inexistente.

Hacienda rechaza cualquier posible enmienda, recuerda que todos esos argumentos se han llevado al Tribunal Económico-Administrativo Central (órgano dependiente de Hacienda) sin ningún éxito y se ampara en la caída de reclamaciones en los tributos cedidos desde 2021 para rechazar cualquier posible cambio en el dispositivo.

El informe expresa también reservas respecto a otros aspectos como el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales o del derecho al honor y la protección de la intimidad por parte de la lista de deudores a Hacienda o la disonancia de la lista española de paraísos fiscales respecto a la lista de la Unión Europea o de la OCDE, lo que genera cuestiones de inseguridad jurídica a las empresas –ocurrió con Gibraltar en la nueva lista española–, así como la falta de información sobre los criterios que aplica Hacienda para considerar una jurisdicción determinada como no cooperativa, lo que ha llevado a Aedaf a denunciar que lista española está inflada respecto a las que hacen las OCDE o la Unión Europea.

La ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal incorporó otra novedad al ordenamiento jurídico español: la prohibición de realizar amnistías fiscales, que partía de un planteamiento político, pero también de la resolución del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la aprobada por el Gobierno de Rajoy en el año 2012 para cumplir con los compromisos de consolidación fiscal exigidos por Bruselas para liberar el dinero del rescate bancario.

Al igual que acaba de suceder con la reforma del Impuesto de Sociedades impulsada por Montoro en 2016, el Constitucional anuló la amnistía fiscal por el vehículo utilizado para su aprobación, un real decreto ley, sin entrar a considerar el fondo de la cuestión, pero el Ministerio de Hacienda sostiene en el documento enviado a Bruselas que «la consagración legal del precepto tiene como virtualidad que si el legislador en un momento posterior se propusiera su modificación, podría incurrir en inconstitucionalidad».

Responde así a los comentarios realizados por los encargados de la evaluación independiente, que sugerían que la medida tenía mucho de brindis al sol ya que un futuro legislador que quisiera realizar una regularización extraordinaria podría hacerla cambiando la ley.