Bruselas ordena a España no pagar un laudo renovable de 101 millones

Se trata de un laudo arbitral de 2018 en favor de Antin. Lo que estima la CE es que se trata de una ayuda de Estado ilegal, de modo que si España abona la compensación reconocida por el laudo vulnerará la normativa comunitaria. En consecuencia, ordena a España que no desembolse los 101 millones de euros reconocidos en el laudo y que garantice que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.

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Raúl Masa

Esta decisión que llega desde Bruselas, pocos meses después de que haya desembarcado Teresa Ribera en la Comisión, supone un antecedente muy favorable para los intereses españoles que, en los últimos meses, solo había recibido malas noticias en este ámbito.

Es la primera vez que la CE se pronuncia sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013. La decisión en este asunto, tramitado como piloto, respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis, según explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

La victoria que celebra el Gobierno español se debe a que la propia CE recuerda la obligación de los jueces nacionales de asistir a España para garantizar el cumplimiento de su decisión, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en terceros países.

El Gobierno, desde el primer momento, adoptó una estrategia de defensa de los intereses del Estado frente a las demandas de las empresas inversoras a través de la actuación de la Abogacía del Estado, consistente en agotar todas las vías procesales disponibles. Gracias a esta estrategia, destacan desde el ministerio, además de evitar el efecto llamada que podría provocar la falta de actuación procesal frente a las demandas de las instalaciones afectadas, se está consiguiendo un notable éxito.

Además de los laudos totalmente ganados y los anulados, España ha conseguido que los tribunales arbitrales rebajen sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de que dicha rebaja es del 85% sobre lo demandado, una proporción muy alta en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas: las indemnizaciones reconocidas ascienden a 1.514 millones.