El reparto de los fondos europeos se atasca por la falta de personal

Un año después de su creación la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que aglutina una veintena de competencias críticas para el adecuado desempeño del plan como el seguimiento de los hitos y objetivos a cumplir en el contrato operativo firmado con Bruselas – fundamental para asegurar el cobro de los fondos–, la propuesta de medidas correctoras para evitar perder financiación europea o la relación cotidiana con las autoridades europeas, está funcionando con poco más de la mitad de los recursos humanos que se estimaron en su día para garantizar su operativa.

En concreto, y según la última información oficial proporcionada por Hacienda al Portal de Transparencia con fecha 16 de diciembre, esta unidad clave en la gestión de los fondos está funcionando con menos de medio centenar de efectivos respecto a los 86 que figuran en su relación de puestos de trabajo y que identifican el número de funcionarios necesarios para que la dirección general pueda operar con normalidad.

Según estos datos, la dirección general tiene aún 37 vacantes por cubrir, el 43% de su dotación total de personal . El déficit de capital humano es especialmente significativo en la subdirección que tiene encomendada la fundamental tarea de realizar el control y seguimiento de los objetivos e hitos que España ha comprometido con Bruselas, y que según se han encargado de subrayar las autoridades europeas en varias ocasiones serán la medida a partir de la cual se decidirá si el Gobierno tiene acceso al total de fondos que tiene preasignados. Ahí faltan por cubrir más del 50% de las plazas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda atribuyen esta situación al escaso lapso de tiempo transcurrido (nueve meses) desde la definición de puestos de la dirección general, alegan que los equipos se han configurado «en tiempo récord» y aseguran que en breve se incorporarán nueve funcionarios más lo que reducirá la cifra de vacantes a 28, una tercera parte de la dotación de plantilla atribuida a la unidad.

Explican además que los puestos que aún no se han cubierto son administrativos y de apoyo técnico y que, al contrario, «los puestos de gestión y responsabilidad fueron cubiertos muy rápidamente».

Ello no ha evitado que la primera evaluación sobre la gestión de los fondos europeos realizada por CEOE apunte de forma directa a la fragilidad del esquema de gobernanza como una de las carencias que se han puesto de manifiesto. «Hay que asegurar que la falta de agilidad administrativa no se convierta en una amenaza», avisan los empresarios, tras detectar un puñado de problemas de funcionamiento en estos primeros meses de operativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España.

Resaltan por ejemplo que la obsesión del Gobierno por garantizar el control de las convocatorias de ayudas por parte del Estado está impidiendo a los gobiernos autonómicos adaptarlas a las necesidades específicas de su tejido productivo, dificultando el paso a las empresa locales, o que en algunos casos se fijan plazos tan cortos para presentar proyectos, que la operativa expulsa de forma directa a pymes y autónomos.

También subrayan la lentitud en la aplicación de los fondos , que unido al mejor comportamiento comparativo que se observa en otros países como Francia, donde en agosto ya se habían desembolsado el 30% de los recursos del plan, Italia o Portugal han llevado a CEOE a dar la voz de alarma y a advertir del riesgo de que los inversores privados se cansen de esperar y se decanten por priorizar proyectos de inversión en otros países.

CEOE pone en el punto de mira a los Perte , los célebres Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación, cuya aprobación se ha vendido con gran trompetería, pero que no se han concretado en una sola convocatoria de ayudas en ninguno de los tres grandes proyectos aprobados: vehículo eléctrico y conectado, salud de vanguardia y energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Mucho ruído, pero pocas nueces.

Tanto en estos tres proyectos como en los otros cuatro que están en fase de estudio la necesidad de inversión privada es elevada, ya que el objetivo es movilizar de media cuatro euros privados por cada euro que se aporte de fondos europeos.

Por esta razón, CEOE entiende que es urgente que el Gobierno acelere las convocatorias . No sólo por su potencial transformador para la economía, sino porque son la llave para que las empresas españolas ganen peso en los Ipceis, los Proyectos de Interés Común Europeo, ideados para crear un núcleo duro de capacidades estratégicas europeas y que ofrecen unas condiciones ventajosas en materia de ayudas de estado a las empresas que logren participar en su desarrollo.

La inquietud de los empresarios no es compartida por el Gobierno , que está convencido de que la expectativa de grandes inversiones en determinados sectores de actividad es incentivo suficiente para que la inversión privada aguarde a la llegada de esos fondos. Y no sólo eso, sino también para que las potenciales empresas beneficiarias inicien las inversiones y las contrataciones necesarias para poder desarrollar esos proyectos estratégicos, aún cuando esos recursos públicos no les hayan llegado todavía.