¿Quién decidió no inscribir a Dani Olmo? Las versiones contrapuestas de LaLiga y el CSD

El CSD no entra en el fondo de la cuestión -es decir, si el Barça cumple o no con el control económico exigido por la Liga para inscribir jugadores-, sino que basa su decisión en aspectos formales. Entiende, en contra de las alegaciones presentadas por LaLiga y la Federación Española de Fútbol, que fue la Comisión de Seguimiento quien acordó de forma expresa no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el Barcelona para Olmo y Pau Víctor, algo para lo que no tiene competencias. «Se ha constatado de un modo evidente e incontrovertido la incompetencia de la Comisión. De la lectura del acuerdo se desprende de forma clara y palmaria que ni confirmó, ni ratificó, ni ejecutó los acuerdos adoptados por LaLiga o por la RFEF».

Insiste el CSD en que LaLiga no siguió los procedimientos adecuados y subraya además que su resolución no está vinculada al posible incumplimiento del Barça del 'fair play financiero': «Si el Órgano de Validación de Presupuesto validó la operación económica el 3 de enero y, en fechas posteriores, el mismo órgano manifiesta una posición distinta sobre la misma operación, se trata de una cuestión de índole económica y de reglas internas». Esta aclaración la hace tras conocerse que LaLiga les solicitó el pasado mes de febrero un informe de control específico para el Barcelona derivado de la venta de parte de los palcos VIP del futuro Camp Nou por 100 millones de euros. Una operación que la auditora del club azulgrana incluyó en las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior para cumplir con el reglamento económico, pero que desapareció de los registros cuando la entidad presentó a LaLiga los Estados Financieros Intermedios correspondientes al primer semestre de la presente temporada 2024-2025.

La decisión del CSD será recurrida por LaLiga ante la Justicia «por no ser conforme a derecho» y por contravenir «la integridad de la competición», según anunció la patronal en un comunicado al que se adhirió, por ejemplo, el Atlético de Madrid. A su juicio, la Comisión de Seguimiento se limitó a constatar la imposibilidad legal de tramitar nuevas licencias para esos jugadores, dado que las anteriores habían expirado el 31 de diciembre, al finalizar su vigencia, pactada entre los propios futbolistas y el Barcelona.

Según esa interpretación, la Comisión simplemente confirmó el rechazo al visado previo de la licencia, que depende de la Dirección de Competiciones. De hecho, LaLiga llega a reprochar al CSD que en su escrito no se aclare qué órgano era el competente para haber tomado la decisión: «La legislación deportiva no atribuye la competencia en materia de visados previos y emisión de licencias a ningún órgano de las ligas profesionales ni de las federaciones deportivas españolas, y en la resolución del CSD no se realiza ni una sola mención a qué órgano interno de LaLiga o de la RFEF sería el competente, por lo que no puede concurrir una 'incompetencia manifiesta' de la que se derive la nulidad de pleno derecho».

La entidad presidida por Javier Tebas insiste en que se ha limitado a aplicar la normativa vigente a través de los órganos internos que tienen atribuidas dichas funciones, «que vienen ejerciéndolas de forma pacífica y consolidada en el tiempo».

Además, critica que la resolución haya llegado casi tres meses después de interponerse el recurso, agotando el plazo máximo legal. «Este retraso contrasta con la extraordinaria celeridad con la que se concedieron, en escasas 24 horas, las medidas cautelares solicitadas por el Barcelona y sus jugadores, sin audiencia previa de LaLiga y la RFEF».

Al estimar el recurso del Barça, el CSD frustra por segunda vez las intenciones de LaLiga de no inscribir a Olmo y Pau Víctor, después de haber concedido una cautelar urgente el pasado 8 de enero «para proteger la carrera profesional de ambos futbolistas y evitar un daño irreparable», un primer paso imprescindible hasta la resolución de un caso que comenzó a gestarse el pasado verano, cuando el Barça incluyó a ambos jugadores hasta el 31 de diciembre, aprovechando la baja de larga duración de Christensen.

Al acercarse esa fecha, el club presidido por Joan Laporta intentó en dos ocasiones obtener una moratoria judicial para mantener la inscripción de sus jugadores, pero en ambos casos fue denegada. Paralelamente, aceleró la venta de parte de los palcos VIP, pero la documentación no llegó a tiempo. Así, el último día del año, LaLiga emitió un comunicado explicando que el Barcelona no había presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico, le permitiera inscribir a ningún jugador a partir del 2 de enero. No tramitó, por tanto, la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Fue entonces cuando el Barcelona recurrió a la bala del CSD, que en un solo día estimó la medida cautelar urgente solicitada por el club azulgrana en contra del criterio de LaLiga y la Federación, y sin haber escuchado tampoco sus alegaciones. En su escrito, el Consejo argumentó que privar a Dani Olmo y Pau Víctor de disputar la Supercopa de España, competición que comenzaría unos días después, «causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y, sobre todo, para los futbolistas».