El planeamiento urbanístico de una ciudad se podrá conocer con un «click»
La Junta creará un sistema público general e integrado de información para que desde internet se pueda consultar cualquier planeamiento
Transparencia, participación, seguridad jurídica y agilización de trámites administrativos son los principales objetivos que persigue el Decreto de fomento de la transparencia en la actividad urbanística, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno, y que deberán primar a la hora de la tramitación de cualquier instrumento urbanístico promovido por particulares o por promotores públicos.
La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, fue la encargada de explicar ayer este nuevo decreto y de asegurar que, de nuevo, Castilla-La Mancha es pionera en España en la transparencia de su actuación en materia de urbanismo, ya que desde el año 2006 las actas de las Comisiones Provinciales y Regionales de Ordenación del Territorio y Urbanismo se publican en la web de la Junta. Además, desde el pasado año también se puede ver en www.jccm.es las actas de las Comisiones de Concertación Interadministrativa —previas a las comisiones provinciales y regionales—.
Además de la transparencia y la participación en la tramitación de cualquier instrumento urbanístico, otra de las novedades del decreto aprobado es la creación de un sistema público general e integrado de información sobre el planeamiento vigente en la región (procurando que esté coordinado con el resto de sistemas de información, como el catastro o el registro de la propiedad), de forma que el ciudadano pueda conocer el planeamiento de su ciudad mediante su consulta por Internet, lo que se ha dado en llamar «urbanismo en un click».
Según explicó Rodríguez, en estos momentos son 354 los municipios de la región que están dotándose o revisando sus planes de urbanismo, una cifra que representa casi el 40% del total de poblaciones. Con este proceso, dijo, el 98,5% de la población de Castilla-La Mancha vivirá en un municipio dotado de planeamiento urbanístico propio. Se pretende que al final de la legislatura los municipios que se queden sin planeamiento sean sólo lo que tienen una población inferior a los cien habitantes.
Derecho ciudadano
En este decreto, la Junta de Comunidades se compromete a garantizar varios derechos al ciudadano; uno de ellos es obtener de la administración información sobre los distintos instrumentos de ordenación territorial y urbanística; por otro lado, utilizar ante la Junta de Comunidades cuantos cauces de participación se regulen en el seno de los procedimientos de aprobación de los instrumentos urbanísticos; obtener contestación a cualquier petición o consulta en cuestiones relativas a las competencias de la Junta, incluidas las que se formulen a través de su portal institucional o por otros medios telemáticos; y exigir el cumplimiento de la normativa de ordenación territorial y urbanística, incluso mediante el ejercicio de la acción pública.
También existe un compromiso del Gobierno regional para elaborar anualmente un informe de seguimiento de su actividad de ejecución urbanística desarrollada en el año en curso, comprendiendo el examen de los PAUs promovidos así como de los planes y proyectos de singular interés que se autoricen.
Este informe de seguimiento tendrá, como mínimo, la relación de actuaciones, finalidad y objetivos de las mismas, presupuesto de la ejecución y grado de ejecución de las mismas, con especial incidencia en las cuestiones ambientales y económicas.
De este informe se dará conocimiento a la Comisión Regional de Urbanismo y antes del 1 de diciembre se elevará al Consejo de Gobierno.
La portavoz también habló del «fomento de la seguridad jurídica y de la agilización de trámites administrativos» al regularse en el Decreto la composición y funcionamiento de los órganos de la Junta. Recordó que en esta legislatura sólo las comisiones provinciales han conocido cerca de 2.500 expedientes, tanto de planeamiento como de gestión urbanística como de actuaciones en suelo rústico. Hasta la fecha se han celebrado 128 sesiones.
Precisamente ayer, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, firmaba en Toledo convenios con 21 ayuntamientos de Castilla-La Mancha, que cumplen con el compromiso del Gobierno regional de aportar financiación para la elaboración de sus planes urbanísticos.
En concreto, el consejero firmaba estos convenios —que suponen una inversión cercana a los dos millones de euros— con los alcaldes tres municipios de Ciudad Real (Luciana, Villarrubia de los Ojos y Alcubillas); dos de Guadalajara (Trijueque y Medranda); uno de Albacete (Golosalvo), nueve de Cuenca (Zafra de Záncara, Cardenete, Puebla del Salvador, Casasimarro, Fuertescusa, Villares del Saz, Los Hinojosos, Tragacete y Castillo de Garcimuñoz) y seis de Toledo (Herreruela de Oropesa, Castillo de Bayuela, Nombela, Cedillo del Condado, Pepino y la Puebla de Almoradiel).
Sánchez Pingarrón dijo que «a partir de hoy el 98,5 por ciento de la población castellano-manchega vive en municipios que están ordenando su crecimiento y adaptándolo a criterios de sostenibilidad». En la lista de municipios que firman estos convenios figuran grandes localidades, así como pequeños municipios que no llegan a los 100 habitantes. Y es que, para el consejero, con esta planificación se debe contribuir al desarrollo sostenible y sostenido de la región.
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