Al menos 4.500 alumnos, aval bancario y alojamiento: los requisitos que deberán cumplir las nuevas universidades
Las condiciones afectan a todas las instituciones educativas y se aprueban después de que el presidente del Gobierno calificara a las privadas de «chiringuitos»
El decreto obligará a obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes al 2% del presupuesto anual de la universidad
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El Gobierno prevé aprobar el próximo mes de mayo el real decreto que modificará la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El Consejo de Ministros ha sacado adelante este martes su tramitación urgente con el objetivo de que entre en vigor «lo antes posible». Con esta medida, el Gobierno quiere «reforzar las exigencias para garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, sean proyectos de calidad y sostenibles».
Con el nuevo decreto, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente. Las universidades virtuales (con más del 80% de su docencia bajo modelo virtual) serán consideradas universidades de especiales características, al tener su ámbito territorial de actuación todo el Estado. Por ello, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.
El decreto no tendrá carácter retroactivo en lo que se refiere a los informes de 'luz verde' que tendrá que emitir el Ministerio de Universidades. Sin embargo, los requisitos que fija la norma, como los referidos al número de alumnos o las plazas de alojamiento, sí aplicarán cuando se apruebe. En este sentido, fuentes del ministerio que dirige Diana Morant aclaran a ABC que, en cualquier caso, serán las comunidades autónomas las encargadas de iniciar un expediente si las condiciones no se cumplieran.
Tres programas de doctorado y un mínimo de alumnos
Se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio. Como ha aclarado el Ministerio de Universidades a este periódico, si después de los cinco años no cumplen con un mínimo de alumnos, las comunidades autónomas podrán iniciar un expediente. Pero no se cerrarán automáticamente. También será obligatorio que en la oferta de Grados, Máster y Doctorado estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento. Según el borrador del decreto, al que ha tenido acceso ABC, las universidades deberán disponer como mínimo de una oferta de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.
Potenciar los grados frente a los posgrados
Después de cinco años del inicio de las actividades académicas oficiales de una universidad, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer como mínimo el 50% del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de dicha institución de educación superior. Con objeto de potenciar la internacionalización de las universidades, en el caso de aquellas en las que el porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el conjunto de títulos oficiales de Máster Universitario que oferta sea superior al 50 por ciento del total del estudiantado matriculado en estas enseñanzas oficiales, se establece en un 35% el límite mínimo de estudiantes matriculados en títulos oficiales de Grado (y dobles Grados) con relación al total del estudiantado matriculado en el conjunto de las enseñanzas oficiales en dicha universidad.
Investigación, aval bancario y plazas de alojamiento
Además de la exigencia ya establecida en la anterior normativa de destinar el 5% del presupuesto anual de la universidad a investigación, se añade el requisito de obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes del 2% del presupuesto anual de la universidad.
También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
Con el nuevo real decreto, las universidades se comprometen a disponer de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de estudiantes ofrecidas; y se exigirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores.
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