El Gobierno de Pedro Sánchez paga un túnel en Barcelona como el que niega a Sevilla en la SE-40

En diciembre de 2022 el Consejo de Ministros autorizó la licitación del contrato de obras para el soterramiento de la línea de ancho convencional Barcelona-Granollers-Girona, a su paso por el núcleo urbano de Montcada y Reixac, en Barcelona. De esta manera se daba luz verde definitiva a esta actuación por 621 millones de euros, una cantidad que suponía un 33 por ciento más que el valor estimado inicialmente.

Este proyecto, cuyas obras durarán seis años, supondrá la construcción de cuatro kilómetros de vías soterradas a una cota de 35 metros, por debajo del cauce del río Ripoll. Además, se contempla una nueva estación ferroviaria en el centro de Montcada. Supondrá el reclamado soterramiento de la línea R2 y una mejor conexión con la R4 hasta el aeropuerto.

A finales del pasado mes de septiembre, en concreto el día 26, el Ministerio de Raquel Sánchez, militante del PSC y exacaldesa de Gavá, adjudicó las obras del soterramiento de las vías por 540 millones más los 30 millones de la nueva estación. El trazado del tramo soterrado se iniciará a la altura del barrio de Can Sant Joan y la zona de descenso se ejecutará construyendo una estructura formada por pantallas de hormigón. Con posterioridad, una vez situado el túnel debajo del acuífero, su desarrollo se realizará mediante sistemas convencionales de excavación de túneles, que presentan menor incidencia sobre la hidrogeología existente, alcanzándose una profundidad de 35 metros. Superado este sector, y coincidiendo con el ámbito urbano del municipio, el tramo soterrado se realizará mediante la construcción de pantallas, losa de cubierta y contrabóveda.

Y mientras en Cataluña ya ven la luz al final del túnel, Sevilla tendrá que seguir esperando, a pesar de que la pasada semana la ministra Raquel Sánchez aseguró durante una visita a Sevilla que el debate sobre túnel o puente para la SE-40 está cerrado desde hace tiempo, pues la segunda opción está justificada desde el punto de vista económico, ambiental y social. Estas palabras de la responsable en materia de fomento del Gobierno de Pedro Sánchez levantaron ampollas entre las entidades y organismos que hace casi un año estudiaron el anteproyecto de puente presentado por la Administración central y presentaron sus alegaciones al mismo, y que a día de hoy siguen sin respuestas.

La patronal de los constructores, Gaesco, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales de Andalucía, el Puerto de Sevilla, los ayuntamientos de Coria del Río y Palomares del Río, o la Junta de Andalucía siguen esperando la resolución de sus aportaciones al anteproyecto de un viaducto de 3,6 kilómetros de longitud con un gálibo de 70,8 metros y un vano principal de entre 200 y 400 metros, según se opte por salvar el río con o sin pilotaje sobre la lámina de agua. Tendría igualmente cuatro carriles por sentido además de viarios para carril bici. El coste del viaducto se estima en 458 millones de euros.

Cuando el Gobierno presentó hace un año este anteproyecto explicó que desechaba la opción de un túnel corto para la SE-40, que consistiría en reformular el proyecto original, cuyas obras se suspendieron en 2012 y se paralizaron definitivamente en 2021. Como el propio Ministerio admitió, e proyecto es viable, aunque presenta los riesgos propios de una obra bajo una columna de cuarenta metros de agua bajo el lecho del río. Con una longitud de 7,6 kilómetros y cuatro carriles por sentido, podría estar finalizado en 2033 y su coste de ejecución sería de 1.077 millones de euros, si bien, parte de la obra ya ejecutada podría recuperarse, por lo que su coste sería menor.

No obstante, la sociedad civil sevillana tendrá que tener paciencia, pues el Ministerio de Raquel Sánchez aseguró a este periódico que no contestarán las alegaciones hasta que el Ministerio de Transición Ecológico, otrora de Medio Ambiente, no emita la Declaración de Impacto Ambiental. Hace 22 años este Ministerio ya elaboró una primera Declaración de Impacto Ambiental que reflejaba el grave impacto de un puente en el entorno del río, incluido Doñana.

Sin olvidar la afección del puente proyectado para salvar el río sobre la estratégica base militar del Copero, aunque el Ministerio de Defensa no presentó alegaciones durante el periodo de consulta pública del anteproyecto, lo que ha generado preocupación entre los militares.

Este periódico ha tratado de conocer de primera mano por parte del Ministerio por qué motivos no se alegó al anteproyecto del puente. Ayer la propia ministra Margarita Robles, en una visita a la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra, fue cuestionada por esta decisión y no dio respuesta alguna.