LA ALBERCA
Crisis con sobresueldos
Lo de Montero en Salud no es sólo una cuestión de dinero público, es también un problema de moralidad
La semana de la omnipotente y ubicua María Jesús Montero ha sido para olvidar. Sus arranques mitineros en Andalucía le han procurado el primer silencio atronador de su líder desde que ella es la número dos. Cuando veas a Sánchez callar, pon tus palabras a ... remojar. En el PSOE hay una sonora preocupación con el desembarco andaluz de la vicepresidenta. Los sondeos internos no terminan de arrancar y el efecto espuma ya ha pasado. Hay una cierta unanimidad en que la operación no está dando los frutos que el partido esperaba y se ha empezado a instalar la idea de que la única opción socialista de recuperar el poder no pasa por un acierto propio, sino por un error garrafal de Juanma Moreno. La realidad es que Montero no logra enganchar y, además, tiene que luchar contra su propio pasado. Estos días han sido para ella muy complicados no sólo por sus errores mitineros con las universidades privadas —con soflamas de brocha gorda— y, especialmente, con la presunción de inocencia. A eso hay que sumar la historia que ha desvelado este periódico sobre los contratos que hizo cuando estaba al frente de la Fundación Progreso y Salud en su etapa como consejera del ramo en la Junta. Los hechos son políticamente muy reprobables y, como hemos podido comprobar por sus respuestas evasivas, muy difíciles de justificar. Porque, más allá de las posibles irregularidades contables que denunciaba la Intervención General, se produjo una incoherencia política descomunal. Es un problema de moralidad. Mientras en plena crisis el gobierno de Griñán dictaba medidas de reducción salarial para todos los funcionarios y empleados de la administración pública andaluza, personas que ella había contratado, muchas sin concurso, en esta fundación hicieron la vista gorda. Siguieron cobrando el sobresueldo prohibido hasta que el interventor se percató. El límite lo había situado Griñán en su propio salario. Nadie podía cobrar más que él. Pero la Fundación que presidía Montero desoyó la norma y se pasó los ajustes de la crisis por el forro. El exministro Bernat Soria percibió el sueldo más alto jamás abonado en la Junta de Andalucía. Y su mujer fue una de las beneficiadas por el cobro de una nómina inflada. Está en los papeles. Pero, para colmo, cuando el interventor envió el informe de actuación a la Consejería de Hacienda dio la casualidad de que le llegó a Montero, que había cambiado de cartera, y en lugar de inhibirse porque los hechos le afectaban directamente, hizo una instrucción que acabó dando carpetazo al asunto.
Cómo no, la presunción de inocencia le asiste. Pero la responsabilidad política le obliga a dar explicaciones sobre unos hechos que, por si no fueran suficientes, están adobados con decenas de cesiones de trabajadores desde aquella fundación a otros departamentos del Servicio Andaluz de Salud, 25 de las cuales han sido declaradas ilegales en sentencia firme. Es difícil que con este currículum Montero pueda dar lecciones de nada. Pero seguro que en el próximo mitin se inventa una tropelía que soslaya esta semana. Y así sucesivamente.
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