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Un nuevo paradigma en defensa

El gasto militar se enfrenta a un ciclo expansivo sin precedentes que debería abordarse como política de Estado para que España pueda desarrollar todas sus capacidades

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El sector de la defensa se enfrenta a un ciclo expansivo sin precedentes en las últimas décadas. El aumento del gasto militar en España, que deberá alcanzar el 2 por ciento del PIB en 2029 (quizás antes), se enmarca en un contexto de transformación de las alianzas militares, un clima bélico global y el auge de iniciativas europeas para consolidar una defensa coordinada y una industria sólida que la respalde. Hasta hace poco, este escenario no figuraba entre las prioridades estratégicas, pero el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha reconfigurado la agenda internacional. El aumento de la inversión pública en defensa es ya un consenso innegociable; lo que sigue en debate es su magnitud. Líderes como el alemán Friedrich Merz defienden que los miembros de la OTAN deberían destinar hasta el 3,5 por ciento del PIB, una cifra que, en el caso de España, representa un desafío fiscal considerable. También es la constatación de que la reciente bonanza en los ingresos públicos ha sido una oportunidad desaprovechada para mejorar nuestra capacidad de respuesta estratégica.

La nueva política de inversión debe responder a un enfoque de Estado: pragmática, desideologizada y orientada a garantizar las capacidades necesarias para salvaguardar nuestra soberanía y libertades, ya que la primera solo es posible con la vigencia de las segundas. En este marco, las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental y su fortalecimiento debe ser una responsabilidad compartida. No sólo es imprescindible ampliar su plantilla, sino también diversificar los perfiles profesionales. La guerra en Ucrania ha evidenciado el papel crucial de especialistas como pilotos de drones, técnicos en informática o expertos en logística, pero también la necesidad de profesionales en inteligencia artificial aplicada a la defensa. Los sistemas de combate autónomos, la guerra electrónica y el análisis de datos serán elementos clave en los conflictos del futuro, y España debe estar preparada para integrar estos avances en su estructura militar.

La industria de defensa española representa el 6 por ciento del total europeo y participa en 74 de los 101 proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa. Además, mantiene una fuerte capacidad de producción y exportación en sectores como el terrestre, naval, aéreo, espacial y de telecomunicaciones. Actualmente, España ha formalizado más de 50 programas de armamento con compromisos de pago que superan los 50.000 millones de euros. Como octavo exportador mundial, destina al extranjero casi el 80 por ciento de su producción, una apertura esencial que refuerza su competitividad y prestigio.

El mayor desafío en este momento radica en la redefinición de las políticas y alianzas que afecta a la interoperabilidad de los ejércitos, es decir, su capacidad para actuar conjuntamente con fuerzas de otros países. España ha gozado históricamente de una alta interoperabilidad en la OTAN gracias a una sólida coincidencia doctrinal y técnica. Nuestros militares son reconocidos como efectivos y fiables. Pero cualquier alteración en las prioridades estratégicas podría debilitar esta coordinación. Algo tan aparentemente simple como el cambio del calibre de la munición estándar puede afectar la interoperabilidad. En este contexto, la incertidumbre que rodea a la OTAN, impulsada por las recientes declaraciones del presidente Trump y su acercamiento a Vladímir Putin, el principal agresor en Europa, abren interrogantes sobre el futuro de la cooperación militar. La cuestión no es menor: una fragmentación en el intercambio de información podría comprometer los intereses estratégicos europeos y debilitar su capacidad de respuesta ante amenazas emergentes.

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