editorial

El Gobierno burla al Legislativo

Sánchez debe llevar al Parlamento tanto su programa de gasto en Defensa como un anteproyecto de Presupuestos si no quiere ser el promotor del mayor deterioro institucional de la era democrática

22/04/2025 a las 21:11h.

El presidente del Gobierno ha anunciado un programa de aumento del gasto militar valorado en 10.471 millones de euros que será aprobado directamente por el Consejo de Ministros sin el acuerdo del Congreso para que España cumpla el objetivo de destinar el 2 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) a defensa. Pedro Sánchez, a sabiendas de que no cuenta con los apoyos de sus aliados para sacar adelante la iniciativa, sostiene que la ley no le exige el concurso del Legislativo para tramitar esta partida y que cuenta con las competencias para proceder así. Nada ha dicho del incumplimiento constitucional permanente en el que incurre cada día su Ejecutivo desde el pasado 1 de octubre al no presentar un proyecto de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, privando así a este poder del Estado del ejercicio de una de las facultades más trascendentes de cualquier democracia.

España se rige en 2025 por los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aprobados en 2022 por la legislatura anterior. Es decir, los diputados del actual Congreso no han tramitado nunca un anteproyecto de Presupuestos. El Gobierno ha puesto como excusa para incumplir el mandato constitucional que no existe una mayoría para aprobarlos, argumento que no tiene asidero legal. Paradójicamente, es este incumplimiento el que le permite proceder de manera antojadiza con su programa de gasto militar que, por lo visto, tampoco será aprobado por sus señorías. La razón es que la prórroga presupuestaria, que se produce automáticamente el 1 de enero de cada año si no se han aprobado unas nuevas cuentas públicas, genera, por mor de la inflación y del crecimiento natural de la economía, un importante aumento de los ingresos del Estado cada año. La situación forma parte de los deseos inconfesados de los ministros de Hacienda que se encuentran así con cantidades milmillonarias de recursos no asignados en las cuentas prorrogadas. Esto le garantiza al Gobierno un margen de discrecionalidad para gastar ingentes recursos, distrayéndolos de todo control parlamentario.

El Gobierno asegura que la financiación de su nuevo programa de gasto militar vendrá por tres vías: la reasignación de fondos europeos, los ahorros fiscales generados durante los últimos años y la redistribución de partidas presupuestarias. Bajo estas dos últimas categorías es donde Hacienda tiene margen para dar salida a los recursos adicionales de los que dispone gracias a la coyuntura. Sánchez puede cumplir así con su promesa nominal de no incurrir en recortes sociales ni en aumentos de impuestos. En cuanto a los fondos europeos, la propia Ursula von der Leyen anunció que el plan ReArmar Europa permitiría reasignar recursos de NextEU y de fondos de cohesión pendientes de ejecutar.

El plan del Gobierno tendrá que superar el examen de la OTAN, que decidirá sobre la condición militar del gasto. Pero, aunque la Alianza conceda su visto bueno al mismo, nada le liberará del déficit democrático esencial que supone el mecanismo elegido por Sánchez para aprobarlo. El problema no es sólo ningunear al Legislativo para no evidenciar la falta de legitimidad de su Gobierno, sino que estamos hablando de una inversión en defensa que no se puede proyectar únicamente para una legislatura, sino que es una decisión de Estado que debe ser compartida por la mayoría del país. Sánchez debe llevar al Parlamento tanto su programa de gasto como un anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de forma urgente si no quiere pasar a la historia como promotor del mayor deterioro institucional de la etapa democrática.