La violencia lastra la economía de América Latina

Así lo han vuelto a señalar en sendos informes el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque en los últimos cinco años en Latinoamérica se ha producido un ligero descenso del número de homicidios por 100.000 habitantes (de los 23 que había en 2017 a los 19 de 2022), las cifras siguen siendo especialmente altas (la media mundial está en 5,6). Ambas instituciones internacionales reclaman la aplicación de medidas que permitan reducir significativamente ese nivel de violencia.

El BID calcula en un 3,4% del PIB el coste anual de la violencia en la región, con una variación que va, según los países, del 2,8% al 4% del PIB, con mayor afectación en las naciones caribeñas, seguidas de las centroamericanas, las andinas y finalmente las del Cono Sur. De ese coste, casi un tercio corresponde a gasto público de los gobiernos y la mitad a gasto privado. Hay que tener en cuenta que el crecimiento económico de Latinoamérica está siendo nulo (entre 2015 y 2024 ha atravesado una nueva «década perdida», con aumento medio anual del PIB de solo el 0,9%), lo que pone aún más en evidencia el lastre que constituye la violencia.

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El FMI precisa que también se produce una influencia inversa, convirtiendo la cuestión en un círculo vicioso: cuando la región entra en recesión, los homicidios suben de media hasta un 6% (algo que no se constata en otras partes del mundo), y cuando la inflación se dispara por encima del 10%, los homicidios aumentan también hasta un 10% en el siguiente año. A su vez, un incremento del 12% de los homicidios supone un agravamiento de la desigualdad social (empeora una unidad en el coeficiente Gini).

Por otra parte, el efecto negativo no es solo de la comisión material de delitos, sino de la misma difusión de noticias sobre ellos, pues generan un ambiente de miedo para el desarrollo normal de la actividad social y económica. Con un incremento del 10% de las noticias sobre crímenes se produce una contracción de la economía del 2,5% en los tres trimestres siguientes al pico noticioso, según determina el FMI.

Otros aspectos reseñables son que el aumento de la tasa de homicidios anticipa el aumento de la emigración (así ha ocurrido en Honduras y Guatemala, por ejemplo, y ahora sucede notoriamente en Ecuador), así como la caída en el número de turistas internacionales de los años siguientes (y al revés: el desplome de los índices de violencia en El Salvador está conllevando el despegue del turismo).

Si en el tiempo de bonanza económica que vivió Latinoamérica en la década hasta 2014, por factores externos del aumento del precio de las materias primas, la principal preocupación política ciudadana no fue la seguridad, aunque igualmente alta, sino la corrupción (los ingresos que entonces tenían los estados facilitaron el beneficio ilícito de muchos gobernantes), hoy la inseguridad vuelve a estar entre las prioridades en el debate público. Así está ocurriendo en las elecciones que en el último par de años se han celebrado en la región, incluso en Uruguay, donde a pesar de ser uno de los países más seguros también se ha registrado el efecto de la mayor violencia en naciones vecinas.