Los tribunales amparan un informe del Gobierno alemán que alerta del «potencial extremista» de 10.000 seguidores de AfD

El partido había interpuesto una apelación, intentando evitar que el Ministerio de Interior alemán presente en el proceso un informe muy comprometedor, pero el Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo acaba de dictaminar que «el Ministerio Federal del Interior no tiene que corregir el informe de 2022 sobre el potencial extremista de unas 10.000 personas» relacionadas con AfD. La sentencia menciona que esas personas suponen «entre el 30 y el 40% de todos los miembros de AfD» y permite que siga la investigación, cuyas conclusiones no tienen todavía una fecha fija de presentación.

En su sentencia, el tribunal considera que «las alegaciones son legal y fácticamente insostenibles» y confirma el resultado de un procedimiento sumario, a principios de 2024, en el que el tribunal administrativo de primera instancia ya había concluido que no era necesario corregir el informe. En ese momento, los jueces determinaron que el ministerio estaba facultado, en virtud de la Ley de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, a informar al público sobre los esfuerzos de AfD para alterar el orden básico democrático de libertades, y recordaron que es lo que se aplica siempre que existen indicios fácticos suficientemente importantes para ello.

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En este caso, esos indicios parten fundamentalmente de la red en torno al presidente regional de AfD en Turingia, Björn Höcke, líder del «ala» del partido, un grupo interno radical que debió desintegrarse para evitar que todo el partido fuera declarado inconstitucional pero que sigue actuando informalmente. El informe del Ministerio de Interior que pretendía hacer retirar la dirección de AfD respalda esos indicios. Por el momento, AfD está clasificado como «caso sospechoso de extremismo» por la Oficina para la Protección de la Constitución, lo que permite su vigilancia e incluso la infiltración de agentes.

En caso de que AfD, la primera fuerza de la oposición, que acaba de recabar el 20,8% de los votos en las elecciones del pasado domingo, supondría declarar ilegal el voto de uno de cada cinco votantes alemanes y sumiría la política germana en un estado de crisis sin precedentes en la historia de la República Federal. Ese es el motivo por el que otro intento de ilegalizar AfD por medio de un procedimiento parlamentario que terminaría en el Tribunal Constitucional de Karlsruhe, una iniciativa permanece congelada y no se presentará durante esta legislatura. Las encuestas muestran que el 41% de los alemanes está a favor de la prohibición de AfD, pero el 52% está en contra.

AfD no es solamente el primer partido de la oposición, sino también el partido político más fuerte en los cinco estados federados de la Alemania oriental, ese es el principal argumento, pero los promotores de la iniciativa no quieren rendirse. «Sigue siendo nuestro objetivo volver a poner en marcha un procedimiento grupal en el próximo periodo legislativo», confirma el diputado verde Till Steffen, que tiene el apoyo de la diputada socialdemócrata Carmen Wegge y en total de 1230 diputados. Ambos saben, sin embargo, que la iniciativa no contará con mayoría en el Bundestag. El 69% de los encuestados, por cierto, se muestra a favor del cordón sanitario y sólo el 28% considera que es un error.