Los presidentes regionales alemanes dejan plantado al canciller Scholz y el pacto migratorio pende de un hilo

El motivo es que los Bundesländer no logran ponerse de acuerdo en las contrapartidas que desean exigir al Gobierno central, ni tampoco en las medidas que desean implementar para reducir el número de solicitantes de asilo. En una reunión previa que comenzó a las diez y media de la mañana en la representación del Estado de Hesse en Berlín, la bronca se ha centrado en la externalización de los procedimientos de asilo en terceros países y en la interrupción de los programas de admisión voluntaria, por ejemplo desde Afganistán.

Los estados gobernados por la CDU y Baden-Württemberg, gobernado por Los Verdes, están a favor. El presidente del SPD, Lars Klingbeil, ha declarado que «si al final los procedimientos pueden llevarse a cabo en otros países, es un cambio viable para mi, no me negaré a tal regulación».

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Pero los barones regionales del SPD están en contra, a pesar de que el propio Scholz desea el acuerdo. Además, los estados gobernados por la CDU/CSU quieren añadir al pacto, entre otras cosas, más controles en la frontera alemana, menos abuso de las prestaciones de asilo, una reducción de las prestaciones para los solicitantes de asilo y sanciones más duras por el odio en las manifestaciones.

El presidente de la CDU, Friedrich Merz, ha sugerido además la necesidad de tumbar la nueva ley de inmigración, que prevé la posibilidad de obtener la nacionalidad alemana sólo tras tres años de residencia. Después de dejar a Scholz esperando durante horas, los presidentes regionales han informado que esperan estar listos para la reunión esta noche.

Tras el desacuerdo sobre las medidas se esconde un problema grave de financiación. Se calcula que 300.000 personas extracomunitarias soliciten asilo este año en Alemania. El gasto previsto de su acogida es de 48.200 millones de euros, en comparación con los 42.200 millones que se pulió esta partida presupuestaria en 2016, el año más duro de la denominada Crisis de los Refugiados. Esto quiere decir que Alemania gastará este año en acoger refugiados prácticamente lo mismo que en Defensa.

Según el acuerdo en vigor, el Gobierno federal aportará 28.600 millones, que incluyen los 10.700 millones gastados en el extranjero para combatir las causas migratorias, como las catástrofes naturales y las epidemias, mientras que los Bundesländer y los municipios aportan juntos otros 19.600 millones, una carga que sobrepasa la capacidad de los ayuntamientos.

Las partidas más duras son las de admisión, alojamiento, facturas del hogar, registro de refugiados, costes de escolarización y atención extraescolar para menores, así como gastos sociales y dinero de bolsillo. Anteriormente, Scholz pactó una aportación extraordinaria de 3.750 millones, pero el próximo presupuesto prevé una reducción de 1.250 millones y los Bundesländer esperan negociar con Scholz el apoyo a su pacto nacional migratorio a cambio de nuevas partidas presupuestarias, pero el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, se opone.

La Cancillería se ha abierto a la discusión sobre hasta qué punto los refugiados pueden recibir beneficios en especie en lugar de dinero en efectivo. Esto sería posible gracias a un nuevo tipo de tarjeta de pago que sólo podrá utilizarse para determinados productos y no para retirar dinero en efectivo.