El expresidente Yoon Suk-yeol se enfrenta a una condena de hasta pena de muerte en su juicio criminal en Corea del Sur
El mandatario, destituido a principios de mes, se representa a sí mismo y defiende que «no fue un golpe de Estado» ante los cargos de insurrección
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución del presidente Yoon por su fallida ley marcial
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Hace exactamente cuatro meses que Yoon Suk-yeol fue apartado del poder en Corea del Sur, pero las consecuencias de sus acciones apenas han empezado a perseguirle. Este lunes ha comenzado el enjuiciamiento criminal del ya expresidente, acusado de insurrección por declarar la ley ... marcial a principios de diciembre. La más profunda crisis política del país asiático en décadas avanza así hacia una resolución, habiendo dejado ya atrás los trances más peligrosos, aunque todavía lejos del final.
El proceso será largo y una vez más sin precedentes, pues ningún otro presidente surcoreano había afrontado antes cargos semejantes. También augura nuevas sacudidas: si la sentencia, que tardará meses en llegar, declarase culpable a Yoon, podría imponer por castigo cadena perpetua o incluso pena de muerte –aunque Corea del Sur no ha ejecutado reo alguno desde 1997–, lo que agitaría una sociedad fracturada poco menos que por la mitad.
El origen de tamaño desaguisado se remonta a la noche del 3 de diciembre, cuando Yoon declaró de improviso la ley marcial, lo que implicaba la suspensión de todo tipo de derechos democráticos, así como la concentración de los poderes gubernamentales en el Ejército; extremo escenificado en el cerco policial a la Asamblea Nacional, el cual 190 parlamentarios –de un total de 300– lograron sortear con ayuda de la movilización civil para acceder al interior y derogar la orden apenas seis horas después.
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Antes de ser presidente, Yoon fue fiscal general de Corea del Sur. Su gran logro, hoy ironía, consistió en liderar la investigación y el proceso judicial contra la entonces presidenta Park Geun-hye, acusada de corrupción, quien acabaría destituida y sentenciada a 24 años de cárcel. Esta triunfante experiencia, que disparó la reputación de Yoon y allanó su camino a la presidencia, le sirve ahora para representarse a sí mismo, esta vez en la bancada contraria.
«La ley marcial no fue un golpe de Estado», ha asegurado hoy el expresidente. «Fue una ley marcial pacífica a modo de mensaje a la nación [...], sabía que esta ley marcial terminaría en medio día». Su propósito, ha insistido durante una prolongada intervención, no era tomar el Gobierno con un autogolpe, sino alertar al país de que la oposición estaba bloqueando la labor del Ejecutivo.
Los fiscales, por contra, han argumentado que Yoon carecía de fundamentos legales para declarar la ley marcial, y que sus acciones pretendían paralizar instituciones estatales como la Asamblea Nacional, esenciales para el funcionamiento democrático. «El acusado [...] imposibilitó que las instituciones constitucionales ejercieran su autoridad mediante una declaración ilegal», han señalado.
La primera sesión ha contado con la participación de Cho Sung-hyun, jefe del Comando de Defensa Capital y como tal responsable sobre el terreno de las tropas movilizadas aquella noche ante la Asamblea Popular. El militar ha testificado haber recibido la orden de «sacar a rastras» a los parlamentarios. El expresidente, sin embargo, ha negado haber emitido dicha instrucción.
Elecciones inmediatas
Las instituciones, en cualquier caso, ganaron el pulso: la Asamblea Nacional inició el proceso de destitución de Yoon el 14 de diciembre, apartándolo del poder, el cual fue confirmado el pasado 4 de abril por el Tribunal Constitucional. El fallo se produjo tras una deliberación más larga de lo previsto, lo que había alimentado los rumores de una posible división de opiniones, pero acabó por resultar unánime. Los ocho jueces convinieron, sin excepción, que la ley marcial de Yoon no cumplió con los requisitos legales y que este envió tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los parlamentarios votaran su anulación, tal y como acabó sucediendo.
Esta sentencia también inició la cuenta atrás para celebrar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días, con el próximo 3 de junio como fecha definitiva. Según una encuesta difundida este lunes por la firma 'Realmeter', el opositor Partido Demócrata de Corea (PDC) cuenta con el apoyo del 46,7% de la población, frente al 33,1% del Partido del Poder Popular (PPP). Esta ventaja, más ajustada de lo esperado a la luz de las circunstancias, está relacionada con el polémico carácter de su líder, Lee Jae-myung.
Lee encabeza los sondeos con un favor popular del 48,8%, en gran medida por la ausencia de alternativa definitiva al otro lado, pues la formación conservadora todavía no tiene candidato. El antiguo ministro de Trabajo del PPP, Kim Moon-soo, ocupa el segundo lugar con un 10,9%; mientras que el presidente en funciones, Han Duck-soo, aparece en tercer lugar con un 8,6% pese a haber dado a entender que no buscará la nominación.
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