Los aranceles que prepara Trump: castigo a la UE por pesca, coches, bicicletas y plásticos

España, por su parte, figura en el informe por las restricciones a la inversión extranjera en medios audiovisuales, por las cuotas obligatorias de contenido local en plataformas de streaming y por su participación en los subsidios históricos al fabricante aeronáutico Airbus.

El informe, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), fue publicado el 1 de abril y sirve como una de las bases técnicas y políticas para justificar los aranceles que el presidente Donald Trump ha anunciado este 2 de abril. Se trata del «Informe sobre las barreras al comercio exterior del Presidente de Estados Unidos», un documento anual que identifica las trabas más significativas al comercio de bienes, servicios, inversión y comercio digital que enfrentan las empresas estadounidenses en el extranjero. La USTR lo presenta cada año ante el Congreso para respaldar acciones comerciales y guiar la política exterior en materia económica.

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En el informe también se detallan los aranceles que a los que se enfrenta Estados Unidos en su comercio con la Unión Europea, un aspecto clave en el contexto de la decisión sobre posibles medidas de represalia comercial. La Casa Blanca destaca que el arancel medio aplicado por la UE fue del 5% en 2023, con niveles significativamente más altos en sectores como el pesquero (hasta un 26%), el automotriz (10% para turismos y 22% para camiones), y productos como bicicletas (14%) o plásticos (6,5%).

Además, se señala el uso del complejo sistema de tarifas de la llamada Tabla Meursing, que grava productos alimentarios procesados en función de su contenido de proteínas, grasas y azúcar, lo que introduce incertidumbre y costes adicionales para los exportadores. Estos datos forman parte del fundamento técnico sobre el que se apoya la Administración Trump para justificar nuevos aranceles.

España figura en el informe como uno de los países europeos que mantienen restricciones a la inversión extranjera en medios de comunicación. «La legislación española limita la participación de empresas no pertenecientes a la Unión Europea en licencias de radiodifusión de televisión digital terrestre», se lee en el documento, que advierte de que una empresa extranjera «no puede poseer más del 25% de una empresa con dicha licencia» y que «la participación extranjera total no puede superar el 50%».

Además, se señalan barreras específicas en el ámbito audiovisual. En las salas de cine, «por cada tres días de proyección de una película de fuera de la UE, debe proyectarse una película de la UE», una proporción que se reduce a uno de cada cuatro días si la cinta está en una lengua cooficial del Estado. Las plataformas bajo demanda, por su parte, deben mantener al menos un 30% de contenido europeo en su catálogo, y «al menos la mitad de este debe estar disponible en una lengua oficial de España».

El informe también critica las obligaciones de inversión impuestas por el Gobierno español a grandes plataformas audiovisuales. Las empresas con ingresos superiores a 50 millones de euros están obligadas a destinar el 5% de su facturación anual a la financiación de producciones audiovisuales nacionales y europeas. De ese porcentaje, «al menos el 40% debe dedicarse a obras realizadas por productores independientes y en lenguas oficiales de España», según precisa el texto.

En otro apartado, el informe menciona la participación de España en el régimen de subvenciones al consorcio aeronáutico Airbus, junto a Francia, Alemania y el Reino Unido. Washington denuncia que estos países europeos concedieron durante años ayudas al lanzamiento, apoyo financiero al marketing, subvenciones para investigación y desarrollo, y otras ventajas económicas que han sido consideradas ilegales por la Organización Mundial del Comercio. Aunque desde 2021 se acordó una suspensión provisional de represalias entre Estados Unidos y la Unión Europea, Washington continúa vigilando el cumplimiento de ese acuerdo y considera que los subsidios pasados siguen generando distorsiones.

Finalmente, el documento señala que España mantiene un impuesto unilateral a los servicios digitales, que afecta a empresas tecnológicas extranjeras, en particular estadounidenses. Aunque su aplicación ha sido temporalmente suspendida como parte del proceso de negociación multilateral en el marco de la OCDE, Estados Unidos mantiene el tema bajo «estrecha vigilancia».

Como Estado miembro de la Unión Europea, España aplica el arancel exterior común establecido por la política comercial de la UE. Los aranceles son competencia exclusiva de Bruselas, por lo que no hay medidas arancelarias específicas atribuibles a España en el documento. Cualquier barrera arancelaria que afecta a las exportaciones estadounidenses hacia España se enmarca dentro del régimen aduanero común de la UE.

Además de España y la Unión Europea, el informe identifica a China como el principal país que impone barreras al comercio con Estados Unidos. El documento denuncia restricciones en servicios, protección de la propiedad intelectual, transferencia de datos, subsidios industriales y acceso a mercados estratégicos, así como la falta de transparencia regulatoria. También figuran India, por sus tarifas elevadas y requisitos de contenido local; Indonesia, por trabas regulatorias en el sector agrícola y tecnológico; Corea del Sur, por sus restricciones en comercio digital y servicios legales; y Rusia, por políticas de sustitución de importaciones y obstáculos a la inversión extranjera. Según Washington, estos países concentran los obstáculos más significativos para las exportaciones estadounidenses en la actualidad.