Vox planea adentrarse en los centros de menas a través del sindicato Solidaridad

Ahora, el debate se centra en la ubicación de otros 4.400 menas llegados a Canarias y a Ceuta y la postura de Vox es la misma: defiende que las comunidades autónomas deben plantarse y no aceptar a uno solo de estos menores en sus centros de acogida. Esta es una de las condiciones que los de Abascal han impuesto al PP para pactar los presupuestos autonómicos. Y no les vale solo con el compromiso, sino que exigen que se haga a través de una declaración pública formal como la que realizó el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el primero y de momento el único de los barones populares en dar este paso para desencallar la relación con Vox.

La formación tiene la convicción de que la mayoría de personas que se declaran menores a su llegada a España no lo son. Y por eso una de sus exigencias es que se les realicen pruebas que certifiquen su edad. «Esto demostraría que más del 80% son mayores de edad», sostiene un dirigente de la dirección nacional de Vox, que apunta que este sería el primer paso para aliviar la saturación de los centros de acogida. «Los menas son los menos», repite Abascal en sus discursos públicos para sostener esta idea.

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El siguiente paso sería la repatriación de aquellos que sí son menores de edad para que vuelvan a reunirse con sus familiares, sostiene el partido. «Donde mejor están es en Marruecos con sus familias», dijo también el líder de Vox la pasada semana en el pleno del Congreso en su réplica a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras tiene lugar todo este debate, los centros de acogida siguen abiertos y los menores siguen llegando a las costas españolas. Y obedeciendo al refranero popular -«Si no puedes con el enemigo, únete a él»-, Vox busca adentrarse en estas instalaciones. El encargado de hacerlo será Solidaridad, el sindicato impulsado por Vox que lidera desde hace menos de un mes Jordi de la Fuente, concejal del partido en la localidad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs.

Solidaridad está ya acercándose a los trabajadores de los centros para conocer de primera mano su situación laboral y su objetivo es lograr adentrarse en ellos mediante las elecciones sindicales que se vayan celebrando. Así lo están haciendo, por ejemplo, en el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada (Madrid), donde doce menores internos en él fueron detenidos esta semana tras protagonizar un episodio violento contra los vigilantes en el comedor. Hasta allí se desplazaron el portavoz de Vox en Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, y su portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, que insistieron en que los menores deben ser devueltos a sus países de origen. «Nos dijeron que venían niñas y niños y hoy sabemos que solo hay varones y, además, en edad militar», denunciaron.

Más allá de la oposición política, Solidaridad intenta acercarse a los trabajadores de los centros de acogida para poder influir en ellos directamente mediante representantes sindicales. Cree que en todos ellos tienen problemas comunes de seguridad y disciplina ante los que están «desarmados» y, además, nadie se ha interesado por ellos. Desde su creación hace casi cinco años, el sindicato ha participado en más de 200 procesos electorales en centros de trabajo de toda España en los que asegura haber logrado cerca de 400 delegados electos. Sin embargo, De la Fuente denuncia que muchas veces los empleados que intentan presentarse con sus siglas sufren «coacciones» por parte de compañeros afines a los sindicatos tradicionales. Pese a todo, Solidaridad afronta una nueva etapa en la que busca convertirse en todo un «movimiento social».

Esto es lo que buscan en los centros de menores, con la paradoja de que De la Fuente está a la espera de ser juzgado por un asalto al centro del Masnou, en Barcelona, en el año 2019. La Fiscalía pide para él dos años y dos meses de cárcel por este episodio, en el que la Fiscalía le sitúa junto a otras seis personas al frente de una concentración en la que se corearon consignas xenófobas y que terminó, según el relato del fiscal, con altercados contra los menores , el personal del albergue y contra los policías uniformados que allí se encontraban.