Tragsa busca a los responsables del absentismo de Jessica Rodríguez y valora medidas

Su contratación temporal, de medio año como administrativa, no supuso ninguna irregularidad por parte de la compañía. De eso existe convencimiento en Tragsa y así se defenderá ante los investigadores de la causa contra Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García en el Tribunal Supremo en caso de que se requieran explicaciones, según las fuentes consultadas por este diario.

La compañía cuenta, como otras de su dimensión, con protocolos de actuación contra la corrupción y en el caso de la contratación de Jessica Rodríguez no hubo ninguna alerta al respecto.

El grupo propiedad de la SEPI (Ministerio de Hacienda) ha visto doblar su plantilla en apenas un lustro por los ingentes encargos que las Administraciones Públicas le han hecho al calor de la llegada de los fondos europeos de recuperación tras el Covid. El año pasado facturó 2.020 millones de euros y tenía en nómina a 26.067 trabajadores, cuando en 2019 eran 13.701 empleados los que estaban a su servicio y 873 millones de euros su cifra de negocio. Un espectacular crecimiento que ha levantado el recelo de las empresas privadas, que buscan ahora apoyos en la Comisión Europea para que ayuntamientos, comunidades y el propio Estado tengan que motivar con más profundidad sus encomiendas a Tragsa.

En el caso de Ineco, ni la propia entidad ni el Ministerio de Transportes como responsable último, han querido hacer declaraciones a este periódico sobre la etapa en la que Jessica Rodríguez formó parte de la plantilla de Ineco. Tampoco sobre si se llevará a cabo una auditoría para investigar el absentismo de la expareja de Ábalos.

Ineco, depende del Ministerio de Transportes, departamento que lideraba José Luis Ábalos en los años en los que Jessica Rodríguez figuraba en la plantilla de la empresa pública de ingeniería, entre febrero de 2019 y el 23 de febrero de 2021. Aquella etapa coincidió con Carmen Librero como presidenta, quien accedió al cargo en octubre de 2018 procedente del mismo organigrama de Fomento donde era desde 2012 secretaria general de Transportes. Se trataba de un perfil más técnico que político que fue escogido tras la renuncia de Ábalos a fichar al catedrático de la Universidad de Valencia Jordi Garcés-Ferrer, tras hacerse público que tenía una condena por apropiarse del trabajo de un alumno dos décadas atrás. En su informe anual de 2019, Ineco decía tener un proyecto empresarial atractivo para atraer y retener talento, destacando el mérito, la capacidad y la igualdad de condiciones entre sus prioridades.

Ineco es la empresa de servicios de ingeniería del Estado que en aquellos momentos era reconocida por haber participado en el diseño de la línea del AVE La Meca-Medina y formar parte del consorcio Al Shoula, junto a otras empresas públicas y privadas españolas entre las que figuraban Adif y Renfe, ambas accionistas de Ineco junto a Enaire.

Desde entonces, la también consultora de movilidad, ha sido contratada para otros grandes proyectos internacionales de alta velocidad ferroviaria -por ejemplo, actualmente asesora a Australia en la implementación de la alta velocidad ferroviaria entre Sidney y Newcastle- pero sus ingresos dependen principalmente de otras empresas públicas a las que brinda apoyo como son las ya mencionadas ferroviarias del Estado.

De hecho, en los últimos años, la firma ha disparado su crecimiento al calor de los fondos europeos Next Generation, que han tenido al propio Adif y al departamento de Óscar Puente como principales perceptores con cerca de 3.000 millones de euros en total. Lo que explica que, al igual que Tragsa, la firma de ingeniería haya pasado de tener una cifra de negocio de 304 millones de euros y 3.256 personas empleadas en 2019 a alcanzar los 476 millones de facturación y doblar su plantilla hasta los 6.300 profesionales a cierre de 2024.