El PSOE trabaja con la estrategia de dividir al PP con la quita para lograr que la vote

Primero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien atacó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por un rechazo que, según aventuró el secretario general del PSOE, terminará volviéndose en contra de Génova como sucedió con la revalorización de las pensiones y el famoso decreto ómnibus. El popular le había espetado que él no «condona» sino «condena», y los populares, encabezados por su número dos, Cuca Gamarra, acorralaron después a la vicepresidenta María Jesús Montero por una promesa que, consideran, pretende 'mutualizar' «la deslealtad» de Cataluña -el Ejecutivo le prometió a ERC una quita de más de 17.000 millones de euros- consumada en forma de malversación durante el 'procés'. La ministra de Hacienda acusó a los populares de «primar los intereses de Génova antes que los de la mayoría social de este país» y alegó, como Sánchez antes que ella, que no son 17.000 millones para Cataluña, sino 83.000 millones para el conjunto de las comunidades autónomas.

Al margen del rifirrafe público, la estrategia de fondo del PSOE viene larvándose tiempo atrás, y no es otra que la de abrir una brecha entre los presidentes autonómicos del PP, más numerosos que nunca en la historia y al frente de regiones tan disímiles en PIB, territorio o población como Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Aragón, Castilla y León, Galicia y Extremadura, entre otras. La ofensiva para horadar al adversario político atacando a la línea medular de su poder autonómico comenzó hace más de dos meses. En concreto el pasado 13 de diciembre, en la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en Santander, Sánchez ya se descolgó con la propuesta de la quita de deuda, y en ese mismo instante encontró la oposición unánime de los presidentes regionales del PP, reunidos todos (Gobierno central y comunidades autónomas) en la misma sala del palacio de la Magdalena.

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No estaba allí, como es natural, Feijóo, al que ahora La Moncloa sitúa como el urdidor de la negativa conjunta a esa quita de deuda, y todos los barones populares, de Isabel Díaz Ayuso a Juan Manuel Moreno, del gallego Alfonso Rueda a la extremeña María Guardiola, pasando por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pusieron pie en pared ante ese intento del Ejecutivo de sumarles a su causa, para allanar así un acuerdo con los independentistas con el alivio de la deuda de Cataluña, la más elevada, como banderín de enganche. No fueron los únicos, pues también el socialista presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se opuso, argumentando que la quita en realidad no es tal, sino más bien que la deuda cambie de manos, pasando de las administraciones autonómicas a la Administración General del Estado.

Una excepción hicieron en la capital cántabra los presidentes del PP, encabezados por Ayuso, que fue la de que sí se condonase la deuda valenciana en atención a la tragedia de la dana, con más de doscientos muertos y múltiples destrozos en la provincia de Valencia. Pero ninguna otra. El primer asalto de La Moncloa a la unidad de los populares resultó entonces fallido. Y este miércoles, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, volvió a escenificarse, algo que la propia vicepresidenta Montero tildó en tono muy grave de «deslealtad».

Fuentes del Gobierno apuntan desde hace días que el PP tendrá un problema si, como parecía deslizar este miércoles el líder de Junts, el prófugo Carles Puigdemont, finalmente este partido termina respaldando la condonación prometida. Según estas fuentes, los populares mantenían su oposición radical con la idea de que la derecha independentista iba a rechazar la propuesta por considerarla insuficiente. «Si Junts la vota, el PP se va a poner nervioso», expresaban. «Esto es a lo mismo a lo que jugó Feijóo con el decreto de las pensiones [el decreto ómnibus que incluía muchas otras cuestiones y que tras ser rechazado inicialmente el Gobierno aceptó rebajar para sacarlo adelante]. Si no depende de él su aprobación, votará en contra para desgastar al Gobierno, pero en caso contrario, veremos», señala un importante miembro del Consejo de Ministros.

Antes incluso de la Conferencia de Presidentes de diciembre, al inicio del curso político en septiembre, Sánchez trató de seducir a las comunidades populares, mayoritarias desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023, con una oferta de mejorar los fondos autonómicos. Lo hizo justo después de un verano marcado por la polémica del acuerdo de su partido con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, en la que el PSOE y el PSC aceptaron explorar la posibilidad de conceder a Cataluña un concierto económico, con el cien por ciento de los impuestos, incluido el IRPF, una reivindicación de máximos.

Avanzado ya parte de este curso político, el presidente no logra dar pasos adelante en el acuerdo sobre financiación autonómica, caducado ya desde hace más de una década, para el que necesitaría el concurso del PP, ni tampoco sobre los presupuestos generales del Estado, inviables sin los votos de sus aliados, fundamentalmente Junts per Catalunya.