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Podemos, ERC y Bildu presionan al PSOE y enmiendan los PGE para limitar los alquileres

Los socialistas dejaron fuera del proyecto de ley cuestiones relativas a la ley de vivienda, pero sus socios buscan blindarlas en las cuentas públicas

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, conversa con su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique Jaime García
Juan Casillas Bayo

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Unidas Podemos refuerza su alianza estratégica con ERC y EH Bildu para presionar al PSOE. Los socialistas quieren dejar fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aspectos concernientes a la futura ley de vivienda, pero estos partidos aprietan para dotar de sustento sus objetivos. Este viernes se ha cerrado el plazo para registrar enmiendas parciales a las cuentas públicas y en algunas transaccionadas, estas formaciones plantean regular los alquileres y prohibir los desahucios de forma estructural.

Este jueves, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad planteadas por la derecha y el independentismo más radical —Junts y la CUP—, y ahora empieza la fase de negociación de enmiendas parciales, donde los socios del Gobierno de coalición intentarán arrancar cesiones a cambio de su voto afirmativo para la aprobación definitiva de las cuentas, que deben ver luz verde de la Cámara Baja y, después, del Senado.

Uno de los temas más criticado por ERC y Bildu, aliados fundamentales para el Ejecutivo, es el 'olvido' de la ley de vivienda en los PGE. En las cuestiones sociales, los independentistas de izquierdas abogan por intervenir el mercado y fijar un tope al precio de los alquileres. Unidas Podemos también está en esa línea y, de hecho, esta cuestión generó tensiones en la confluencia y desde Podemos se lamentó que Yolanda Díaz no pujase más fuerte en el Consejo de Ministros para blindar estos asuntos en el proyecto de ley que ha aterrizado en el Congreso.

Desde el estallido de la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo ha aprobado por real decreto ley —y sucesivas prórrogas— la prohibición de ejecutar desahucios a personas en situación de vulnerabilidad. Unidas Podemos, ERC y Bildu quieren que esto se consolide por ley. También quieren limitar los alquileres en las llamadas «zonas tensionadas», pero el PSOE se opone al considerarlas medidas intervencionistas.

Los grupos que plantean estas enmiendas a los PGE ven en la intervención del mercado de la vivienda el «único mecanismo eficaz para condenar las subidas abusivas». Respecto a los desahucios, quieren prohibir todos aquellos contra personas «sin alternativa habitacional» para, dicen, «cumplir así con los compromisos internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos».

En tercer lugar, Unidas Podemos y separatistas pretenden que se impongan obligaciones sociales para «corresponsabilizar» a los denominados grandes tenedores de vivienda en garantizar el derecho a la vivienda. Así, reclaman «el ofrecimiento de alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas».

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