El juez del caso Miguel Ángel Blanco reabre la causa para el exjefe de ETA Iñaki de Rentería

En un auto notificado este jueves, el juez parte de que la causa en sí, reimpulsada por una querella de la asociación Dignidad y Justicia contra la cúpula de ETA por su acción u omisión en aquel siniestro chantaje al Estado que acabó con la vida de Blanco, no está prescrita. Sin embargo, rechaza que en este momento del procedimiento pueda darse por declarado ya que no lo está porque los delitos de la banda terrorista sean de lesa humanidad y así, no caduquen.

Lo que concede el instructor es que existe «controversia» jurídica al respecto y que, tal y como dice la Fiscalía, declarar que la responsabilidad de Rentería habría caducado ya, dificultaría la investigación del resto de dirigentes de la banda terrorista que hubieran podido tener responsabilidad directa en la orden de secuestrar al concejal, sino que teniendo puesto de mando en ETA, no hicieran nada para impedir que acabase siendo asesinado.

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«La citada prescripción con relación a Gracia Arregui podría conllevar efectos perniciosos en cuanto al desarrollo de la instrucción, toda vez que supondría una suerte de absolución, que produciría efectos propagadores en los demás sujetos querellados, además de que implicaría cercenar los derechos de defensa que asisten a dicho sujeto», dice el auto, en relación a que los informes de la Guardia Civil le atribuyen «un destacado papel como miembro de la comisión ejecutiva de la organización terrorista».

Para el instructor, así, «la prescripción del delito, su cómputo y su interrupción son cuestiones controvertidas que han de ser resueltas, llegado el caso, en el juicio oral, dado que las posiciones jurídicas de las distintas partes resultan inconciliables al respecto». «No nos hallamos ante una cuestión diáfana, sino que presenta matices jurídicos de elevada complejidad técnica», expone la resolución, que emplaza así a que este asunto sea debate, en su caso, cuando se abra juicio oral.

De este modo, Iñaki de Rentería, que está imputado también por la orden para asesinar a Gregorio Ordóñez y tiene retirado el pasaporte, vuelve a la ecuación. Los autores materiales del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco ya fueron condenados en sentencia firme. Ahora, de lo que se trata es de esclarecer la autoría mediata, tanto por acción como por omisión, de la cúpula de la banda terrorista, denominada Zuba, en 1997, cuando se cometió el atentado.

La Guardia Civil señaló como presuntos responsables de la ejecutiva etarra Iñaki de Renteria, Anboto, Kantauri y Mikel Antza, quien, por cierto, había impugnado los recursos de la Fiscalía, el Partido Popular y Dignidad y Justicia y se oponía a tener por imputado a Gracia Arregi. Tiene el pasaporte retirado por este mismo asunto.

Esta asociación se querelló, no obstante, contra más dirigentes de la banda terrorista por estos hechos: Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi; Asier Oyarzabal, Vicente Goicoechea, Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren.

La tesis que sostienen los investigadores es que nada se movía en ETA sin el beneplácito de la cúpula, y menos aún un acto terrorista como aquel que suponía un chantaje público al Estado. Apuntaba también el informe de la Guardia Civil sobre este asunto que desde 1993, la banda había modificado su estrategia para buscar fundamentalmente, «la desestabilización». En este contexto, los concejales y en concreto, los del PP, se convirtieron en un objetivo prioritario fruto de «un meditado debate» para «atacar directamente a los representantes políticos»: