El Gobierno riega con 30 millones al Reino de Marruecos para que controle sus propias fronteras

El acuerdo, que se aprobará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros, va con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De tener luz verde, los 30 millones irán directamente a una «cuenta bancaria de titularidad pública del Reino de Marruecos que indique el Ministerio del Interior», según señala la memoria del acuerdo a la que ha accedido este periódico.

¿A qué se destinarán los 30 millones? El texto no señala con precisión qué tipo de gastos tienen que llevarse a cabo. En cambio, señala que «se podrá destinar» a sufragar lo siguiente: gastos derivados del patrullaje y vigilancia terrestre, marítima, costera y de litoral, incluyendo carburantes, aceites y otros aditivos; gastos relacionados con el mantenimiento y reparación de infraestructuras, bienes y material destinado a la vigilancia y control fronterizos; y gastos asociados a los procedimientos de retorno, voluntario y forzoso, de inmigrantes que se encuentren en territorio marroquí, incluyendo los gastos de combustible, manutención de inmigrantes irregulares y transporte para los dispositivos de retorno. También se contemplan los gastos destinados a la detección del Covid y la protección sanitaria frente al virus del personal desplegado y comisionado en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular y de los inmigrantes que se encuentren en territorio marroquí como país de tránsito.

En la lista de partidas que pueden ser objeto de financiación también se incluye el pago de dietas e incentivos al personal desplegado y personal comisionado para la vigilancia de fronteras, lucha contra la inmigración irregular y dispositivos de retorno de los inmigrantes.

No es la primera vez que Sánchez destina esta suma de dinero al Reino de Marruecos. La propia memoria señala que en 2019 el Consejo de Ministros aprobó otorgar más de 32 millones de euros para los mismos fines del presente acuerdo, mientras que el año anterior, 2018, se entregaron «75 vehículos todoterreno a las autoridades marroquíes», también con cargo a los PGE. Así, «hasta el año 2017, la cooperación hispano-marroquí en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular se había centrado fundamentalmente en una colaboración operativa».

El Gobierno justifica las ayudas en que si bien «están permitiendo incrementar las capacidades operativas de los servicios policiales marroquíes», al mismo tiempo, «se ha constatado que se han incrementado exponencialmente los costes que implican los despliegues operativos para la vigilancia de fronteras, la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico y trata de seres humanos, y el mantenimiento de los medios materiales empleados, debido al aumento de la presión migratoria en territorio marroquí».

El control y la justificación de esta ayuda «corresponderán a la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos». Sin embargo, también dice que será el Gobierno marroquí quien podrá llevar a cabo el control de la ayuda según lo previsto en sus propias normas.

El texto justifica la necesidad de la ayuda en que en la actualidad «los flujos migratorios que atraviesan el Reino de Marruecos procedentes del África subsahariana han variado sus rutas como consecuencia de las medidas de vigilancia adoptadas en el norte de Marruecos a lo largo del periodo 2019-2021 y las derivadas de la crisis sanitaria provocada por la Covid- 19». Por este motivo, «los inmigrantes, ante la imposibilidad de desplazarse hasta la zona norte del país, se han trasladado a las ciudades de la zona sur. Esto pone de manifiesto un desvío a la ruta con destino a las Islas Canarias donde la presión migratoria no ha dejado de crecer»

Aparte de estos motivos, el Gobierno señala que otras razones del aumento de la presión migratoria son los «incrementos generalizados de precios, fundamentalmente de la energía, provocados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la carestía de alimentos derivada de esa guerra y del cambio climático» a lo que suman «la inseguridad en el Sahel» como responsables.

El informe concreta que desde comienzos del año 2022 hasta la fecha (septiembre) hay una disminución de la tendencia en las entradas irregulares en el conjunto del territorio español en comparación con el año anterior. «Así, a fecha de 29 de septiembre, se han registrado un total de 23.059 entradas irregulares por vía marítima y terrestre en España, lo que supone un 18,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Este porcentaje se eleva hasta el 21,4% si se comparan exclusivamente las llegadas por vía marítima, que descienden hasta 21.104, cuando en el mismo periodo de 2021 se registraron 26.847. Y todo ello, a pesar de que la presión en nuestra vecindad sur aumenta, lo que da prueba de la cooperación de nuestros vecinos», defiende el acuerdo que se aprobará este martes.