Ángel Víctor Torres celebra que Ayuso vaya a «acatar» el decreto para el reparto de menores inmigrantes

El decreto para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, anunciado por el Gobierno tras asegurarse el apoyo de Junts, aspira a hacer del reparto de menores desde territorios que sufran una situación de contingencia migratoria al resto de España algo estructural en lugar de puntual. Para ello, las comunidades deben dar cuenta de la cantidad de menores que acogen actualmente para determinar los cupos del reparto, que se establecerá también según unos criterios que han sido ponderados para atraer el apoyo de los de Carles Puigdemont en el Congreso cuando las Cortes deban convalidar el decreto.

Según unas proyecciones anunciadas por Junts -y negadas categóricamente por fuentes de la Comisión Interministerial Inmigración que asegura que hasta pasado el 31 de marzo no se tendrán datos oficiales- las regiones que más menores deberán acoger serán la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, todas ellas gobernadas por el Partido Popular que ya se ha mostrado totalmente en contra de este reparto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a asegurar una vez anunciado el decreto que recurriría al Tribunal Constitucional.

Este jueves la presidenta madrileña parecía haber rebajado el tono asegurando que acataría la norma, un anuncio que ha hecho durante el pleno en la Asamblea de Madrid. «Cumpliré con la ley, me guste o no», ha lamentado Ayuso. El titular de Política Territorial celebraba el anuncio de la presidenta como una desescalada en su ofensiva ante los tribunales. «Me alegra escuchar que se va a acatar la ley, que otra cosa no se puede hacer. Espero que esto lleve consigo también que se acepte que este texto que es constitucional, porque también he escuchado ciertas afirmaciones que pueden llevar a que algunas comunidades lo lleven al TC».

Con el decreto en vigor desde este miércoles, el futuro reparto ya está en marcha. La titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este jueves que su ministerio ha enviado ya la comunicación para que las comunidades autónomas remitan al Gobierno los datos actualizados de los menores inmigrantes no acompañados que acogen. Un primer paso para comenzar a determinar cómo quedará el reparto final de los 4.000 niños.

Aunque en apariencia es un primer paso sencillo, desde el Ejecutivo han expresado a lo largo de la semana las dificultades que ponen algunos territorios para compartir los datos actualizados. Esto mismo aseguró el ministro de Política Territorial cuando retó a las comunidades autónomas a facilitar los datos con fe pública de los funcionarios pertinentes, para que notifiquen cuántos menores no acompañados extranjeros hay en cada una de las diecisiete comunidades autónomas. «No hacerlo es dejar en evidencia sus afirmaciones», aseveró el titular de Política Territorial deslizando que algunas comunidades podrían estar magnificando la situación de saturación en sus sistemas de acogida.

Una afirmación que ha repetido este mismo jueves antes de entrar la Comisión de Migraciones de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. «A las comunidades autónomas se le da la posibilidad de acreditar la saturación de sus centros de menores, con lo cual, las afirmaciones que hacen muchos presidentes y presidentas de que están por encima de la capacidad, pues se comprobará si eso es real o no es real».