El Supremo rompe su racha de avales y niega su permiso al parque eólico de Moeche

Aunque los últimos fallos del Tribunal Supremo (TS) sobre el sector eólico han elevado las expectativas en torno a su posible desbloqueo –revocando prohibiciones impuestas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a proyectos autorizados por la Xunta y, además, sentando jurisprudencia que podría ser clave para futuras reactivaciones–, ayer recordó que no todo vale en la carrera por la energía limpia. A través de un auto suspendió, de forma cautelar, la autorización administrativa previa de la construcción y modificaciones del parque eólico Moeche –al que el Estado había dado luz verde–, de 50,4 MW de potencia instalada, con sus infraestructuras de evacuación situadas en los términos municipales de Moeche, San Sadurniño y As Somozas (La Coruña), alegando posibles deficiencias en su evaluación ambiental.

Así, el TS acordó la adopción de la medida cautelar solicitada por la asociación Petón del Lobo y suspendió el acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2024 por lo que se otorgaron las autorizaciones a Enel Green Power España. Concretamente, el tribunal entiende que «no puede deducirse con suficiente claridad que fuera debidamente realizada el análisis de sinergias con los parques o proyectos próximos y la incidencia ambiental que deriva del alta concentración de parques eólicos en un ámbito de 20 km», según explicó en un comunicado remitido a los medios el TSXG.

En este caso, la pronunciación corresponde al TS y no al TSXG porque las autorizaciones fueron concedidas por el Estado y no por la Xunta, como sucede con todos los casos de instalaciones eléctricas de generación de potencia superior a 50 MW. Así, siendo las decisiones del Ministerio recurribles ante el TS, Petón do Lobo acusó al parque ante el tribunal de ser fruto de la fragmentación de un «macroplan industrial» que debería haberse planteado como un único proyecto –caso de los parques eólicos de Basqueiro, Tesouro, Santuario y Badulaque, con tramitación y autorización coetáneas y compartiendo área geográfica y e infraestructuras de evacuación y conexión. Además, alegó que su implantación afecta a una zona de sensibilidad ambiental y alertó sobre el riesgo de incendio y las dificultades para las tareas de extinción, además de posibles afecciones de ruido y lumínicas, entre otros argumentos.

A mayores, indican desde el TSXG, el tribunal gallego lleva emitidos a día de hoy un total 168 autos relativos a peticiones de suspensiones cautelares de autorizaciones de 70 parques, de las que estimó 66 y desestimó 4.