El Constitucional fallará ya sobre el aborto tras tumbar todas las recusaciones

No basta con que los cinco parlamentarios, encabezados por el exministro Federico Trillo, figuren entre los firmantes del recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular presentó ya hace 13 años, explican fuentes del TC. Deben ser esos «50 o más» diputados, y no una representación de ellos, los que insten a esas recusaciones. Lo contrario conduce a inadmitirlas por falta de legitimación y en base a los artículos 162.1 de la Constitución y 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Aunque, según fuentes del Pleno, Conde-Pumpido pretendía rechazar ese escrito por providencia -lo que no habría permitido la formulación de votos particulares-, finalmente aceptó hacerlo por auto, con lo que la magistrada Concepción Espejel podrá exponer las razones por las que pidió su abstención, que básicamente adelantó en el escrito en el que solicitó al Tribunal apartarse de este debate: ve mermada su imparcialidad por su participación en el trámite de informes del anteproyecto de ley como exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

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Nati Villanueva

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Como informó ABC, el día anterior la mayoría progresista obligó a la magistrada a participar en el debate del aborto tras rechazar su petición de inhibición. Lo contrario habría arrastrado a los otros tres magistrados cuestionados por haber tenido una participación similar a la suya durante la tramitación de esa ley de plazos. Espejel no pudo estar presente en el debate sobre su propia abstención, y a diferencia de sus compañeros del ala conservadora del TC, no pudo formular un voto particular contra esta decisión. Ahora, en el marco de las recusaciones que se han rechazado, sí podrá hacerlo.

El escrito de Trillo y los otros cuatro diputados que hoy ya no están en el Grupo Popular, cuestionaban, además de la imparcialidad de Espejel, la de los progresistas Conde-Pumpido, Campo y Montalbán. El primero era fiscal general del Estado y, en tal condición, presidió el Consejo Fiscal que informó sobre el texto de la ministra socialista Bibiana Aído. Campo, por su parte, era número dos de Justicia durante la tramitación de la ley y participó en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado que elevó el anteproyecto al Consejo de Ministros; y Montalbán era, al igual que Espejel, vocal del CGPJ cuando este órgano emitió su opinión no vinculante.

Por lo pronto, Abogados Cristianos ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del TC por presunta prevaricación. Considera que se tenía que haber apartado del debate y haber permitido la abstención de Espejel. Según informa Ep, la asociación de juristas ya había registrado el día anterior una denuncia ante la sede de la Comisión Europea en Madrid contra Campo, Montalbán y el propio Pumpido al entender que debían haberse apartado en la deliberación sobre el aborto.

Una vez despejados los obstáculos para entrar de lleno en el recurso, que abordarán, ahora sí, los once magistrados que conforman el tribunal, el plan de Conde-Pumpido de abordar el asunto más longevo en el Tribunal en el Pleno de esta semana siguió adelante. De hecho no se descarta que hoy mismo la ponencia del conservador Enrique Arnaldo se someta a votación.

Fuentes del TC señalaron que el debate de ayer transcurrió «con normalidad» y en él dio tiempo a abordar todos los aspectos cuestionados por el Grupo Popular en su recurso y trasladados al borrador del ponente, favorable a declarar la constitucionalidad de la ley en todos sus extremos salvo en el referido a la información que ha de recibir la gestante decidida a interrumpir su embarazo.

En su intervención, Arnaldo propuso declarar inconstitucional el último inciso del artículo 17.5 de la ley que dispone que en la documentación entregada a la mujer se comunique que la información previa «podrá ser ofrecida, además verbalmente, si la mujer lo solicita». Según el magistrado, ese último inciso abre la puerta a que no se ofrezca esa información a la mujer si no lo solicita de forma expresa, de forma que en tal supuesto no se garantizaría que la gestante preste su consentimiento a la práctica del aborto previamente informada de los distintos métodos de interrupción del embarazo. En la línea de su ponencia, considera que el hecho de que a la mujer se le entregue la documentación en un «sobre cerrado» sin que conste ni siquiera que ha sido leída por la interesada antes de adoptar su decisión no garantiza el cumplimiento del derecho de la mujer de acceder a la información «relevante y suficiente» para elegir de forma libre y meditada entre someterse a la intervención médica de interrupción voluntaria del embarazo o proseguir con el mismo.

Pese a que es este el único artículo que Arnaldo tumba, lo cierto es que la mayoría progresista quiere desestimar el recurso de los populares en su integridad, una postura que ya habrían adelantado alguno de los magistrados de este bloque en su turno de palabra.

Al terminar el Pleno solo faltaban por intervenir la progresista María Luisa Balaguer, el conservador Ricardo Enríquez y la vicepresidenta y presidente del Tribunal, Inmaculada Montalbán y Conde-Pumpido, respectivamente. Tras la intervención del presidente, volverá a tomar la palabra el ponente. Todo apunta a que el asunto podría someterse a votación hoy mismo. Como informó ABC, si la ponencia de Arnaldo no sale adelante -la mayoría progresista la conforman siete magistrados frente a los cuatro conservadores- hay dos opciones. La primera, que en el entorno de Arnaldo se descarta, es que el ponente rehaga su propuesta expresando el sentir de la mayoría. La segunda es que renuncie y el borrador pase a manos de otro magistrado partidario de avalar la ley de plazos en su integridad.