El Congreso aprueba la ley para disolver asociaciones que hagan apología del franquismo

A su vez, el Partido Popular (PP) se ha abstenido después de que su portavoz en el debate, Pedro Puy, expusiera que se trata de un asunto que «no interpela» a su formación, sino al PSOE, al igual que hizo en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja hace apenas dos semanas y pese a haberle dado luz verde a su tramitación en octubre del pasado año. Al tratarse de una ley orgánica, necesitaba el respaldo de la mayoría absoluta del hemiciclo (esto es, de al menos 176 diputados). Ahora se remite al Senado.

La reforma, impulsada por los socialistas, busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, de octubre de 2022, que establecía modificar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación en España en el plazo de un año desde su entrada en vigor para incorporar como causa de disolución de las mismas «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», ya sea «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior» o enalteciendo a sus dirigentes cuando «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» o incitación directa al odio por su condición de tales.

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Se trata de una norma que avanza en paralelo con la extinción de la Fundación Francisco Franco, actualmente en fase de incoación, conforme también a la Ley de Memoria Democrática, ha celebrado el diputado socialista Artemi Rallo desde la tribuna del Congreso de los Diputados. «Pondremos fin a esa indignidad», ha reivindicado Rallo, quien ha señalado que «no basta» porque «hay otras asociaciones franquistas que campan a sus anchas» y cuya disolución es una «exigencia democrática ineludible». Con esta reforma del derecho de asociación aprobada este jueves se da «carpetazo», además, a la posibilidad de que se convierta en asociación y evitar así su disolución, ha recordado el diputado de Izquierda Unida, integrado en Sumar, Nahuel González. «El franquismo fue la mayor tragedia de nuestra historia y no vamos a permitir su glorificación. No es revanchismo, es justicia y reparación. Españoles, las asociaciones franquistas han muerto por mucho que el PP se ponga de perfil o pataleen en Vox», ha dicho.

Tanto PP como UPN, en el Grupo Mixto, han coincidido a la hora de exigir aplicar el mismo nivel de condena al terrorismo de ETA que al régimen franquista. «El apoyo a la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil es mayoritario en esta cámara, ¿no lo es el terrorismo de ETA? ¿Por qué condenar el franquismo y no el terrorismo?, se ha preguntado el popular Pedro Puy Fraga. «Acabamos de oír al señor Fraga; no podían haber escogido uno más idóneo», le ha interpelado momentos después el socialista Rallo, haciendo referencia al famoso exministro de Información y Turismo español de los años sesenta, para a continuación afear al PP su abstención después de que Puy asegurara durante su intervención que la ley «no interpelaba» a su partido, sino al PSOE. «Decir que esta norma no les interpela... Se esconden de nuevo detrás de la abstención. ¿Es indiferencia o es connivencia nostálgica con sus propias raíces?», le ha llegado a decir el socialista.

Rallo no sólo se ha desquitado con la bancada popular, sino también con la de Vox, formación a la que se ha referido como «extrema derecha nostálgica, acomplejada, ofensiva, hiriente, insensible, inhumana, negacionista y revanchista». «Una extrema derecha —ha proseguido el parlamentario del PSOE— que elogia la dictadura como régimen de progresismo y reconciliación, que exalta el 1 de abril, que honra al inefable dictador y que desprecia y humilla a las víctimas. ¿Cabe mayor ruindad y bajeza?». Todo ello, después de que el derechista Juanjo Aizcorbe acusara al Ejecutivo de Sánchez de usar la ley de asociaciones como «coartada» para justificar semejante «atropello intolerable» a las libertades fundamentales. «No es sólo revisionismo histórico, sino control del pensamiento, criminalización de la disidencia e imposición de un único relato oficial desde el poder», ha denunciado.

«Otro paso más en la buena dirección, pero que llega demasiado tarde», se han quejado los diputados de Junts Josep Pagès y de Bildu Jon Iñarritu. En este sentido, el partido de Arnaldo Otegi lamenta que hayan tenido que pasar 50 años para poder acabar con las fundaciones y asociaciones profranquistas —«paso previo a ilegalizarlas», ha recordado—, cuya existencia es una «anormalidad» en cualquier Estado europeo y/o democrático y que «no hacen más que provocar daño innecesario en las víctimas». Otras formaciones como el PNV han advertido acerca del «riesgo de instrumentalizar la memoria» con la presente ley y por ello, piden al Ejecutivo no caer en «ideologías partidistas».